Hidroituango: Comunidades exigen garantías para evacuar ante encendido de turbinas

Frente a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín y el edificio de Empresas Públicas de Medellín (EPM), centenares de campesinos protestan ante la inminente entrada en operación de Hidroituango. Mientras ambas instituciones aseguran que todo está listo para que funcione el proyecto de energía más ambicioso del país, el movimiento Ríos Vivos, que reúne comunidades de la región, exige garantías para evacuar la zona ante posibles riesgos y, como lo ha hecho desde el principio, se opone al megaproyecto que estuvo al borde del colapso en 2018.

En contexto: ¿Qué pasa si Hidroituango no entra en operación el 30 de noviembre?

El gobierno de Gustavo Petro tiene frenado el encendido de las turbinas hasta que las comunidades aguas abajo del río Cauca, en Antioquia, sean debidamente evacuadas. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que no se entrará en operaciones por lo menos hasta el próximo 30 de noviembre, como lo decidió la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual aparte advirtió que Hidroituango “nunca va a estar estable”. Esto debido a que “hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso”, como mencionó el director Javier Pava.

En diálogo con El Espectador, Óscar Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos, señaló en principio que el movimiento representa a comunidades en Toledo, Ituango, Briceño, Sabanalarga, Caucasia, Valdivia y San Andrés de Cuberquía. Se trata de algunos de los municipios que resultaron más afectados cuando, hace cuatro años, los desprendimientos continuos de tierra casi tumban por completo el proyecto que, se supone, ya debería estar generando el 17% de la energía del país.

Lea también: Hidroituango nunca va a estar en condición de estabilidad: UNGRD

“El miedo es bastante. Hay una enfermedad psicológica bastante fuerte por el temor de lo que pueda pasar con la represa. El otro temor es abandonar las viviendas. Desde 2018 tenemos muy malas experiencias donde las comunidades salieron del territorio, abandonaron sus casas, luego EPM los devolvió, pero los hogares estaban saqueados. Algunos sin cables de luz, otros sin ventanas. Sus animalitos de corral se perdieron y se murieron”, señaló Madrigal.

Explicó que, en 2018, cuando evacuaron a los campesinos, los agruparon sin tener en cuenta las comunidades a las que pertenecían y, en algunos casos, juntaron a víctimas del conflicto armado con personas reconocidas como presuntos victimarios. Por eso, piden que si los van a evacuar, que les garanticen que nadie va a saquear sus pertenencias y que estarán en condiciones dignas mientras se define si el proyecto es estable. Asimismo, Madrigal asegura que pasaron cuatro años y los daños a la infraestructura de las zonas rurales permanecen sin arreglarse.

Lea: Lo que frustró el simulacro de Hidroituango en Puerto Valdivia

“Nos preocupa que la presa en este momento esté avanzando en pasos adelantados, mostrándole al país el desarrollo, pero nosotros seguimos sin escuelas, sin puentes, sin casas. Y no tenemos nada de eso después de cuatro años. No sabemos cuándo nos entregan los centros de salud. Muchos de nuestros pobladores están yendo a sembrar coca, porque no tienen de otra. Cuando EPM cerró las compuertas, secó en un 85% el río Cauca. Con el cierre lo que se hizo fue acabar la vida de presa hacia abajo”, agregó.

Según demandó la Procuraduría en una acción popular admitida a principio de este año, murieron más de 65.000 peces, reptiles y anfibios, así como organismos fundamentales para el ecosistema regional como el plancton y el fitoplancton. “Y lo más grave aún, se puso en riesgo el mínimo de vital de muchas poblaciones que subsistían de la pesca, de la minería artesanal y de muchos servicios ecosistémicos que presta el río”, señaló el Ministerio Público.

Lea también: Los directivos de EPM que la Fiscalía vinculó a investigación por Hidroituango

Tal es la frustración de las comunidades con Hidroituango que el pasado 15 de noviembre, cuando se realizó un simulacro de evacuación en Puerto Valdivia, solo 500 de 3.000 personas participaron en el evento. Lo que más incomoda a la población son las promesas que se incumplieron y que se requieren en el marco social, es decir, la construcción de un centro de salud, que desapareció tras la emergencia de hace cuatro años; la reconstrucción de las escuelas afectadas, así como del puente Simón Bolívar.

“Si haciendo ese daño no lo reparan, como será que vuelva y haya otra avalancha ¿Cómo quedamos las comunidades? Si el daño no lo quieren reparar, entonces cuántas mentiras nos quieren seguir diciendo sobre que eso no va a pasar nada y que todo va a ser como antes. La gente tiene miedo por todos los lados, porque se crezca el río o porque los vuelvan a sacar a albergues sin la garantía de volver. Se puede perder todo y si ahora no han hecho nada como será después para la gente”, le dijo a este diario, hace unos días, el líder comunal Ever Osorio, del municipio de Briceño.

Lea: Fiscalía imputará a Luis Alfredo Ramos por emergencia en Hidroituango

El día de la evacuación deberá conversarse en los próximos días entre representantes de Ríos Vivos, los alcaldes locales, la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Gestión de Riesgos. El gerente de EPM, Jorge Carrillo, presentará mañana 23 de noviembre el caso Hidroituango ante el Congreso para determinar posibles fechas de evacuación. Mientras él y el alcalde Quintero se mantienen firmes en que el megaproyecto está blindado, la misma Unidad de Gestión de Riesgos pide que se resuelva pronto las incertidumbres a las familias, porque no quieren que sea recurrente en sus vidas el someterse reiteradas evacuaciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Frente a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín y el edificio de Empresas Públicas de Medellín (EPM), centenares de campesinos protestan ante la inminente entrada en operación de Hidroituango. Mientras ambas instituciones aseguran que todo está listo para que funcione el proyecto de energía más ambicioso del país, el movimiento Ríos Vivos, que reúne comunidades de la región, exige garantías para evacuar la zona ante posibles riesgos y, como lo ha hecho desde el principio, se opone al megaproyecto que estuvo al borde del colapso en 2018.

En contexto: ¿Qué pasa si Hidroituango no entra en operación el 30 de noviembre?

El gobierno de Gustavo Petro tiene frenado el encendido de las turbinas hasta que las comunidades aguas abajo del río Cauca, en Antioquia, sean debidamente evacuadas. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que no se entrará en operaciones por lo menos hasta el próximo 30 de noviembre, como lo decidió la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual aparte advirtió que Hidroituango “nunca va a estar estable”. Esto debido a que “hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso”, como mencionó el director Javier Pava.

En diálogo con El Espectador, Óscar Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos, señaló en principio que el movimiento representa a comunidades en Toledo, Ituango, Briceño, Sabanalarga, Caucasia, Valdivia y San Andrés de Cuberquía. Se trata de algunos de los municipios que resultaron más afectados cuando, hace cuatro años, los desprendimientos continuos de tierra casi tumban por completo el proyecto que, se supone, ya debería estar generando el 17% de la energía del país.

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“El miedo es bastante. Hay una enfermedad psicológica bastante fuerte por el temor de lo que pueda pasar con la represa. El otro temor es abandonar las viviendas. Desde 2018 tenemos muy malas experiencias donde las comunidades salieron del territorio, abandonaron sus casas, luego EPM los devolvió, pero los hogares estaban saqueados. Algunos sin cables de luz, otros sin ventanas. Sus animalitos de corral se perdieron y se murieron”, señaló Madrigal.

Explicó que, en 2018, cuando evacuaron a los campesinos, los agruparon sin tener en cuenta las comunidades a las que pertenecían y, en algunos casos, juntaron a víctimas del conflicto armado con personas reconocidas como presuntos victimarios. Por eso, piden que si los van a evacuar, que les garanticen que nadie va a saquear sus pertenencias y que estarán en condiciones dignas mientras se define si el proyecto es estable. Asimismo, Madrigal asegura que pasaron cuatro años y los daños a la infraestructura de las zonas rurales permanecen sin arreglarse.

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“Nos preocupa que la presa en este momento esté avanzando en pasos adelantados, mostrándole al país el desarrollo, pero nosotros seguimos sin escuelas, sin puentes, sin casas. Y no tenemos nada de eso después de cuatro años. No sabemos cuándo nos entregan los centros de salud. Muchos de nuestros pobladores están yendo a sembrar coca, porque no tienen de otra. Cuando EPM cerró las compuertas, secó en un 85% el río Cauca. Con el cierre lo que se hizo fue acabar la vida de presa hacia abajo”, agregó.

Según demandó la Procuraduría en una acción popular admitida a principio de este año, murieron más de 65.000 peces, reptiles y anfibios, así como organismos fundamentales para el ecosistema regional como el plancton y el fitoplancton. “Y lo más grave aún, se puso en riesgo el mínimo de vital de muchas poblaciones que subsistían de la pesca, de la minería artesanal y de muchos servicios ecosistémicos que presta el río”, señaló el Ministerio Público.

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Tal es la frustración de las comunidades con Hidroituango que el pasado 15 de noviembre, cuando se realizó un simulacro de evacuación en Puerto Valdivia, solo 500 de 3.000 personas participaron en el evento. Lo que más incomoda a la población son las promesas que se incumplieron y que se requieren en el marco social, es decir, la construcción de un centro de salud, que desapareció tras la emergencia de hace cuatro años; la reconstrucción de las escuelas afectadas, así como del puente Simón Bolívar.

“Si haciendo ese daño no lo reparan, como será que vuelva y haya otra avalancha ¿Cómo quedamos las comunidades? Si el daño no lo quieren reparar, entonces cuántas mentiras nos quieren seguir diciendo sobre que eso no va a pasar nada y que todo va a ser como antes. La gente tiene miedo por todos los lados, porque se crezca el río o porque los vuelvan a sacar a albergues sin la garantía de volver. Se puede perder todo y si ahora no han hecho nada como será después para la gente”, le dijo a este diario, hace unos días, el líder comunal Ever Osorio, del municipio de Briceño.

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El día de la evacuación deberá conversarse en los próximos días entre representantes de Ríos Vivos, los alcaldes locales, la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Gestión de Riesgos. El gerente de EPM, Jorge Carrillo, presentará mañana 23 de noviembre el caso Hidroituango ante el Congreso para determinar posibles fechas de evacuación. Mientras él y el alcalde Quintero se mantienen firmes en que el megaproyecto está blindado, la misma Unidad de Gestión de Riesgos pide que se resuelva pronto las incertidumbres a las familias, porque no quieren que sea recurrente en sus vidas el someterse reiteradas evacuaciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.