“Homicidios colectivos”: un estado de negación (análisis)
Cambiándole de nombre a las verdades, las verdades no cambian. En Colombia prosiguen las masacres, mientras el nombre que el Gobierno Nacional prefiere demuestra más indolencia que técnica.
Camilo Umaña Hernández*
La posición del Gobierno
El equipo de país de Naciones Unidas y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia afirmaron el pasado 17 de agosto que durante este año la ONU DDHH “ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios”.
(En contexto: Presidencia justifica el uso de término homicidios colectivos en vez de masacres)
El presidente Duque alegó que “muchas personas han dicho: ‘volvieron las masacres, volvieron las masacres’, primero hablemos del nombre preciso: ‘homicidios colectivos’, y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos”.
Además, declaró que en los dos años de su mandato “producto de estos hechos, contando los de las últimas horas, han fallecido 188 personas, lo que equivale al 22% de las víctimas de los ‘homicidios colectivos’ de los últimos 22 años” -esto quiere decir que en los dos últimos se produjeron el 22 % de las muertes: una situación muy grave-.
En este orden de ideas, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que: “Masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial”, mientras el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, declaró en El Espectador que “como autoridad del Estado no podemos utilizar un término distinto al que (sic) se utiliza en los procesos penales”.
Vea: Nunca se fueron las masacres: la defensa del Gobierno
“Masacre”: un término técnico, no coloquial
El concepto de masacre no figura en el Código Penal colombiano. Sin embargo, el término no es coloquial, como asegura el gobierno Duque, sino una noción empleada por el derecho y las ciencias sociales, para referirse a una situación de muertes producidas contra una pluralidad de personas, con una connotación de violencia extrema que se produce contra víctimas indefensas. Cinco argumentos soportan esta afirmación:
Primero, desde un aspecto normativo, unas 26 regulaciones en Colombia emplean el término ‘masacre’. Una de ellas es el Decreto ley 154 de 2017, por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, que encabeza el presidente de la República y que establece como su competencia: “el diseño y el seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.”
¿Cómo va a hacer la Comisión de Garantías para cumplir con su objetivo de respuesta a las masacres si su cabeza no reconoce el término como aplicable?
Segundo, empleando los buscadores de jurisprudencia, la palabra ‘masacre’ aparece en al menos 4.339 sentencias de diferentes órganos judiciales colombianos. Aunque no todas las sentencias profundizan en la expresión, la cantidad de referencias permite afirmar que este término sí se emplea en las instancias judiciales del país.
(Le recomendamos: Entienda por qué la ONU habla de masacres y no de homicidios colectivos)
Esto incluye la justicia penal que, en sentencias de la Sala de Casación respectiva de la Corte Suprema, bajo el marco de Justicia y Paz, emplea el término en casos como el de Salvatore Mancuso, quien está ad portas de disfrutar de un retiro dorado, y quien según la Corte Suprema comandó una serie de “masacres selectivas” contra civiles.
Asimismo fue empleado por la Fiscalía en casos como el del paramilitar desmovilizado alias Juancho Prada, contra quien se presentaron cargos por la masacre de Cerro Redondo (contra cinco personas), la masacre de Santa Rosa del Caracol (contra cinco personas), la masacre del Cerro de las Flores y la Masacre de la Gasolina.
De los muchos casos que pueden explorarse, las cortes y la justicia penal emplean la denominación ‘masacre’ para agrupar una serie de asesinatos ejecutados en un mismo contexto, con un propósito común y contra personas indefensas.
(Lea más: Volvió el horror: 43 masacres en Colombia en lo que va de 2020)
Tercero, el Estado colombiano fue condenado en cinco oportunidades por la Corte Interamericana por ‘masacres’, esto es el 22 % de los 23 casos en que se falló contra el Estado por graves violaciones de derechos humanos a nivel regional. Este término fue empleado por el tribunal interamericano para condenar a Colombia por:
- Los asesinatos de 17 personas causados por el bombardeo de la Fuerza Aérea en Santo Domingo en 1998,
- Los asesinatos producidos por los grupos paramilitares en connivencia con miembros de las fuerzas militares en Pueblo Bello en 1990, en las masacres en La Granja y El Aro entre 1996 y 1997, en Mapiripán donde aproximadamente 49 personas fueron ejecutadas y desaparecidas en 1997; y,
- Por el asesinato de doce funcionarios judiciales en La Rochela en 1989 cuando investigaban casos de desapariciones y asesinatos como el de diecinueve comerciantes en el Magdalena Medio.
Estas violaciones, que la Corte Interamericana denominó ‘masacres’, tienen en común haberse dirigido contra una multiplicidad de civiles indefensos.
Cuarto, el término ‘masacre’ tiene una amplia trayectoria histórica en el derecho, de modo que no es un término reciente ni coloquial. En 1915, las potencias aliadas declararon la “masacre de la población armenia” como un crimen contra la humanidad perpetrado por el imperio otomano.
Al cabo de la Primera Guerra Mundial, la Comisión de 1919 sobre las responsabilidades de los autores de la Guerra, creada por la Conferencia de Paz de París para investigar las infracciones de las leyes y costumbres de la guerra cometidas por Alemania y sus aliados, especificó que entre las violaciones contra la población civil que constituían delitos graves contra las leyes de la humanidad estaban las ‘masacres’.
Estos textos son antecedentes muy importantes para el derecho internacional. Desde entonces múltiples instrumentos jurídicos han empleado el término ‘masacre’, especialmente en el derecho penal internacional.
(Puede interesarle: ¿Se puede hacer justicia sin pagar cárcel?)
El Tribunal Internacional para Ruanda empleó frecuentemente el análisis de masacres para caracterizar los delitos cometidos en el conflicto étnico. Asimismo, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia recurrió a esa denominación en casos como el de la masacre de Kravica. Lo anterior sucedió a pesar de no encontrarse el término en ninguno de los dos estatutos.
Por último, múltiples informes del Centro Nacional de Memoria emplean el término ‘masacre’: como el de la masacre de Trujillo, o la masacre de El Tigre, o la masacre de El Salado, o la masacre de Bahía Portete, o sobre las masacres de Remedios y Segovia, o el informe sobre masacres y reconfiguración territorial en Tibú (en donde se mencionan sesenta y seis masacres).
Estos están entre los más de veinte informes que muestran cómo a través de las ‘masacres’ se ejercieron prácticas de tierra arrasada bajo la orden de expulsar a la población de los territorios, siendo miles los seres humanos ejecutados por guerrillas y paramilitares, en ocasiones actuando en connivencia de integrantes de la fuerza pública y autoridades civiles.
Vale la pena revisar en el informe sobre la masacre de Trujillo la introducción de Gonzalo Sánchez que titula “Colombia: una guerra de masacres”, en donde afirma que “Colombia ha vivido las últimas décadas en luto permanente. […] Entre 1982 y 2007, el grupo de Memoria Histórica ha establecido un registro provisional de 2.505 masacres con 14.660 víctimas”.
Sería deseable, y debería ser incluso obligatorio, que las instituciones y los funcionarios públicos lean y asimilen los hallazgos de informes, normas y jurisprudencia, y las palabras y conceptos que emplean.
(Lea también: ¿Puede la JEP juzgar al expresidente Uribe?)
¿Cómo más vamos a evitar repetir la historia una y otra vez si los gobiernos no asumen la cruda realidad?
“Homicidios colectivos”: ¿un cambio de palabras?
La terminología que se emplee no cambia el hecho de que están asesinando civiles por doquier. No obstante, como llamemos lo que ocurre incide sobre cómo lo comprendemos, moldea la reacción pública, influye en sus implicaciones éticas y afecta la respuesta jurídica, la comprensión histórica y las medidas a adoptar frente a los hechos.
En su obra Estados de Negación, Stanley Cohen encontró que los gobiernos utilizan diversos recursos para negar las atrocidades. Una estrategia habitual es la de cambiarle el nombre a lo que pasa para evitar sus repercusiones, minimizar lo ocurrido o sencillamente abrir un espacio para sospechar de las víctimas, dudar de los daños o difuminar los hechos mismos.
La obsesión de los gobiernos de controlar el uso del lenguaje se hace evidente en el ataque a otras autoridades que esclarezcan la verdad (como el sistema judicial), el arrinconamiento a los medios de comunicación (como la estigmatización de los periodistas que tienen una posición crítica), el desprecio hacia los avances de las ciencias sociales o la cooptación de las instancias de memoria y elaboración de la historia.
Esta discusión puede ser una buena oportunidad para recordar de qué estamos hablando cuando nos referimos a una masacre y qué pasa en ellas, por qué rechazarlas, y cómo prevenirlas. Las masacres no suelen ser historias de simples asesinatos colectivos, sino de múltiples formas de violencias que suelen materializarse contra poblaciones que sufren un acumulado histórico de exclusión social.
Que las palabras no se confundan y que sobre todo no desvíen la atención de la gravedad de la situación actual. Ya Nietzsche decía: “La mentira del padre se convierte en la convicción del hijo”.
*Profesor de la Universidad Externado. Doctor en sociología jurídica de la Universidad del País Vasco y en crimonología de la Universidad de Ottawa.
Este artículo fue publicado originalmente en el portal de Razón Pública y se reproduce con su autorización.
La posición del Gobierno
El equipo de país de Naciones Unidas y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia afirmaron el pasado 17 de agosto que durante este año la ONU DDHH “ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios”.
(En contexto: Presidencia justifica el uso de término homicidios colectivos en vez de masacres)
El presidente Duque alegó que “muchas personas han dicho: ‘volvieron las masacres, volvieron las masacres’, primero hablemos del nombre preciso: ‘homicidios colectivos’, y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos”.
Además, declaró que en los dos años de su mandato “producto de estos hechos, contando los de las últimas horas, han fallecido 188 personas, lo que equivale al 22% de las víctimas de los ‘homicidios colectivos’ de los últimos 22 años” -esto quiere decir que en los dos últimos se produjeron el 22 % de las muertes: una situación muy grave-.
En este orden de ideas, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que: “Masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial”, mientras el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, declaró en El Espectador que “como autoridad del Estado no podemos utilizar un término distinto al que (sic) se utiliza en los procesos penales”.
Vea: Nunca se fueron las masacres: la defensa del Gobierno
“Masacre”: un término técnico, no coloquial
El concepto de masacre no figura en el Código Penal colombiano. Sin embargo, el término no es coloquial, como asegura el gobierno Duque, sino una noción empleada por el derecho y las ciencias sociales, para referirse a una situación de muertes producidas contra una pluralidad de personas, con una connotación de violencia extrema que se produce contra víctimas indefensas. Cinco argumentos soportan esta afirmación:
Primero, desde un aspecto normativo, unas 26 regulaciones en Colombia emplean el término ‘masacre’. Una de ellas es el Decreto ley 154 de 2017, por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, que encabeza el presidente de la República y que establece como su competencia: “el diseño y el seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.”
¿Cómo va a hacer la Comisión de Garantías para cumplir con su objetivo de respuesta a las masacres si su cabeza no reconoce el término como aplicable?
Segundo, empleando los buscadores de jurisprudencia, la palabra ‘masacre’ aparece en al menos 4.339 sentencias de diferentes órganos judiciales colombianos. Aunque no todas las sentencias profundizan en la expresión, la cantidad de referencias permite afirmar que este término sí se emplea en las instancias judiciales del país.
(Le recomendamos: Entienda por qué la ONU habla de masacres y no de homicidios colectivos)
Esto incluye la justicia penal que, en sentencias de la Sala de Casación respectiva de la Corte Suprema, bajo el marco de Justicia y Paz, emplea el término en casos como el de Salvatore Mancuso, quien está ad portas de disfrutar de un retiro dorado, y quien según la Corte Suprema comandó una serie de “masacres selectivas” contra civiles.
Asimismo fue empleado por la Fiscalía en casos como el del paramilitar desmovilizado alias Juancho Prada, contra quien se presentaron cargos por la masacre de Cerro Redondo (contra cinco personas), la masacre de Santa Rosa del Caracol (contra cinco personas), la masacre del Cerro de las Flores y la Masacre de la Gasolina.
De los muchos casos que pueden explorarse, las cortes y la justicia penal emplean la denominación ‘masacre’ para agrupar una serie de asesinatos ejecutados en un mismo contexto, con un propósito común y contra personas indefensas.
(Lea más: Volvió el horror: 43 masacres en Colombia en lo que va de 2020)
Tercero, el Estado colombiano fue condenado en cinco oportunidades por la Corte Interamericana por ‘masacres’, esto es el 22 % de los 23 casos en que se falló contra el Estado por graves violaciones de derechos humanos a nivel regional. Este término fue empleado por el tribunal interamericano para condenar a Colombia por:
- Los asesinatos de 17 personas causados por el bombardeo de la Fuerza Aérea en Santo Domingo en 1998,
- Los asesinatos producidos por los grupos paramilitares en connivencia con miembros de las fuerzas militares en Pueblo Bello en 1990, en las masacres en La Granja y El Aro entre 1996 y 1997, en Mapiripán donde aproximadamente 49 personas fueron ejecutadas y desaparecidas en 1997; y,
- Por el asesinato de doce funcionarios judiciales en La Rochela en 1989 cuando investigaban casos de desapariciones y asesinatos como el de diecinueve comerciantes en el Magdalena Medio.
Estas violaciones, que la Corte Interamericana denominó ‘masacres’, tienen en común haberse dirigido contra una multiplicidad de civiles indefensos.
Cuarto, el término ‘masacre’ tiene una amplia trayectoria histórica en el derecho, de modo que no es un término reciente ni coloquial. En 1915, las potencias aliadas declararon la “masacre de la población armenia” como un crimen contra la humanidad perpetrado por el imperio otomano.
Al cabo de la Primera Guerra Mundial, la Comisión de 1919 sobre las responsabilidades de los autores de la Guerra, creada por la Conferencia de Paz de París para investigar las infracciones de las leyes y costumbres de la guerra cometidas por Alemania y sus aliados, especificó que entre las violaciones contra la población civil que constituían delitos graves contra las leyes de la humanidad estaban las ‘masacres’.
Estos textos son antecedentes muy importantes para el derecho internacional. Desde entonces múltiples instrumentos jurídicos han empleado el término ‘masacre’, especialmente en el derecho penal internacional.
(Puede interesarle: ¿Se puede hacer justicia sin pagar cárcel?)
El Tribunal Internacional para Ruanda empleó frecuentemente el análisis de masacres para caracterizar los delitos cometidos en el conflicto étnico. Asimismo, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia recurrió a esa denominación en casos como el de la masacre de Kravica. Lo anterior sucedió a pesar de no encontrarse el término en ninguno de los dos estatutos.
Por último, múltiples informes del Centro Nacional de Memoria emplean el término ‘masacre’: como el de la masacre de Trujillo, o la masacre de El Tigre, o la masacre de El Salado, o la masacre de Bahía Portete, o sobre las masacres de Remedios y Segovia, o el informe sobre masacres y reconfiguración territorial en Tibú (en donde se mencionan sesenta y seis masacres).
Estos están entre los más de veinte informes que muestran cómo a través de las ‘masacres’ se ejercieron prácticas de tierra arrasada bajo la orden de expulsar a la población de los territorios, siendo miles los seres humanos ejecutados por guerrillas y paramilitares, en ocasiones actuando en connivencia de integrantes de la fuerza pública y autoridades civiles.
Vale la pena revisar en el informe sobre la masacre de Trujillo la introducción de Gonzalo Sánchez que titula “Colombia: una guerra de masacres”, en donde afirma que “Colombia ha vivido las últimas décadas en luto permanente. […] Entre 1982 y 2007, el grupo de Memoria Histórica ha establecido un registro provisional de 2.505 masacres con 14.660 víctimas”.
Sería deseable, y debería ser incluso obligatorio, que las instituciones y los funcionarios públicos lean y asimilen los hallazgos de informes, normas y jurisprudencia, y las palabras y conceptos que emplean.
(Lea también: ¿Puede la JEP juzgar al expresidente Uribe?)
¿Cómo más vamos a evitar repetir la historia una y otra vez si los gobiernos no asumen la cruda realidad?
“Homicidios colectivos”: ¿un cambio de palabras?
La terminología que se emplee no cambia el hecho de que están asesinando civiles por doquier. No obstante, como llamemos lo que ocurre incide sobre cómo lo comprendemos, moldea la reacción pública, influye en sus implicaciones éticas y afecta la respuesta jurídica, la comprensión histórica y las medidas a adoptar frente a los hechos.
En su obra Estados de Negación, Stanley Cohen encontró que los gobiernos utilizan diversos recursos para negar las atrocidades. Una estrategia habitual es la de cambiarle el nombre a lo que pasa para evitar sus repercusiones, minimizar lo ocurrido o sencillamente abrir un espacio para sospechar de las víctimas, dudar de los daños o difuminar los hechos mismos.
La obsesión de los gobiernos de controlar el uso del lenguaje se hace evidente en el ataque a otras autoridades que esclarezcan la verdad (como el sistema judicial), el arrinconamiento a los medios de comunicación (como la estigmatización de los periodistas que tienen una posición crítica), el desprecio hacia los avances de las ciencias sociales o la cooptación de las instancias de memoria y elaboración de la historia.
Esta discusión puede ser una buena oportunidad para recordar de qué estamos hablando cuando nos referimos a una masacre y qué pasa en ellas, por qué rechazarlas, y cómo prevenirlas. Las masacres no suelen ser historias de simples asesinatos colectivos, sino de múltiples formas de violencias que suelen materializarse contra poblaciones que sufren un acumulado histórico de exclusión social.
Que las palabras no se confundan y que sobre todo no desvíen la atención de la gravedad de la situación actual. Ya Nietzsche decía: “La mentira del padre se convierte en la convicción del hijo”.
*Profesor de la Universidad Externado. Doctor en sociología jurídica de la Universidad del País Vasco y en crimonología de la Universidad de Ottawa.
Este artículo fue publicado originalmente en el portal de Razón Pública y se reproduce con su autorización.