Hoy podría definirse la suerte de Alex Saab ante la justicia de Estados Unidos

El colombiano Álex Saab, señalado de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, empezó 2022 en una prisión federal de Estados Unidos. Uno de sus primeros compromisos es la audiencia que está citada para hoy, 7 de enero a las 10 de la mañana, en la que se definirá su destino en los estrados judiciales. La decisión que pueda tomar el juez que lleva el caso, Robert N. Scola, es crucial para las cuentas pendientes que tiene el empresario con la justicia. Por una razón: su defensa ha insistido, una y otra vez, que Saab no puede ser judicializado, pues es un diplomático del gobierno de Venezuela y, por lo tanto, debe recibir inmunidad. Una jugada que ya le salió bien en Suiza y quiere repetir en Estados Unidos.

(Lea también: Diez claves para entender quién es Alex Saab y por qué fue extraditado a EE. UU.)

Saab ya se declaró “no culpable” por la acusación que una corte federal de Miami tiene en su contra. Lo señalan a él y a su socio Álvaro Pulido como testaferros del oficialismo en Venezuela. En 2019, el Departamento de Justicia dio a conocer el indictment (escrito de acusación) en el cual ambos fueron relacionados con ocho delitos conexos con el lavado de activos de millones de dólares. Ese dinero, según la investigación, sería producto de corrupción en contratos de construcción y alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan del gobierno venezolano para subsidiar la alimentación de las familias censadas en su país.

Todo un entramado ilegal de irregularidades y una compleja trama societaria para ocultar a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas que no solo ha investigado la justicia, sino también el portal periodístico venezolano Armando Info y otros periodistas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador. En 2019, cuando la lupa del periodismo y las autoridades ya tenía todas las evidencias para llevarlo ante la justicia, Saab desapareció del mapa. Con una orden de captura vigente en Colombia, se empezó a rumorar que el empresario estaba en Turquía o en algún país de Europa sin tratado de extradición con Colombia. Su dicha se acabó en junio de 2020 en la isla africana de Cabo Verde.

(Le puede interesar: Así fue la primera audiencia de Alex Saab en EE. UU.)

Allí paró a tanquear uno de los aviones que utilizaba para moverse por varios países y las autoridades de ese país lo detuvieron, pues en su contra había una orden de captura internacional. Así empezó una batalla jurídica que duró un año en tribunales nacionales de Cabo Verde e internacionales de África para evitar su extradición a Estados Unidos. Saab y el gobierno de Venezuela siempre alegaron que él era un “enviado especial de la República Bolivariana”, que realizaba una misión especial humanitaria para adquirir alimentos básicos, medicinas y equipos médicos muy necesarios para el pueblo venezolano. Es decir, que no podía ser capturado porque gozaba de los beneficios de inmunidad e inviolabilidad que rigen la circulación de los diplomáticos y agentes políticos.

En medio de recursos, declaraciones de todos los gobiernos involucrados y pedidos de auxilio de Saab y su familia, el empresario colombiano fue extraditado el pasado 16 de octubre. El gobierno Maduro calificó el hecho como un secuestro por parte de Estados Unidos, pero la justicia de ese país norteamericano insistió en que tenía todas las pruebas para demostrar que Saab habría sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de materiales de construcción”, y habrían falseado órdenes de importación aprovechando contratos firmados con el gobierno venezolano para construir casas de bajo costo.

(Lea también: EE. UU. acusa a un socio de Alex Saab y a un exgobernador de Venezuela de lavado)

Así ganaban millonarias sumas con tan solo una importación, dice la acusación. Ya en poder de las autoridades estadounidenses, la Fiscalía desestimó siete de las ocho acusaciones penales contra Saab para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde tras el proceso de extradición. Según conoció El Espectador, parte del acuerdo entre Cabo Verde y Estados Unidos era desestimar casos para no superar, en Norteamérica, lo correspondiente a la pena máxima en el país africano. Un poco más de dos meses después, todavía no es claro qué le deparará a Saab, esto por demoras causadas, según su defensa, por problemas de comunicación con su cliente por restricciones impuestas en el marco de la pandemia por el covid-19.

En su momento, el presidente Iván Duque expresó que la extradición de Saab era necesaria y fundamental para que se puedan desnudar todos “los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande”. Sin embargo, la defensa del empresario insiste en que nada de esas acusaciones son ciertas y que es completamente ilegal que la justicia de cualquier país enjuicie a un diplomático como Saab. El problema de todo este asunto es que, según las investigaciones del caso, el gobierno de Maduro lo designó como embajador cuando las autoridades ya le respiraban en la nuca y su judicialización era un hecho.

(Lea también: Inició el juicio en Colombia contra Alex Saab, por presunto comercio textil ficticio)

Una maniobra para muchos sucia, pues sería la estrategia perfecta para esquivar las pesquisas. La defensa de Saab, en cambio, considera que se trata de una decisión autónoma de cualquier país y que llevar a su cliente a juicio sería una grave violación a los sistemas de derecho internacional. Por eso esperan la liberación del empresario en los próximos días. Sin embargo, ya hay un antecedente clave: los fiscales de Estados Unidos no tuvieron en cuenta esa condición diplomática, pues ya lograron su extradición. Por eso es clave lo que pueda definir hoy la justicia: si Saab va a juicio o vuelve a escaparse de los señalamientos que lo acusan de ser un empresario corrupto y testaferro de Nicolás Maduro.

El colombiano Álex Saab, señalado de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, empezó 2022 en una prisión federal de Estados Unidos. Uno de sus primeros compromisos es la audiencia que está citada para hoy, 7 de enero a las 10 de la mañana, en la que se definirá su destino en los estrados judiciales. La decisión que pueda tomar el juez que lleva el caso, Robert N. Scola, es crucial para las cuentas pendientes que tiene el empresario con la justicia. Por una razón: su defensa ha insistido, una y otra vez, que Saab no puede ser judicializado, pues es un diplomático del gobierno de Venezuela y, por lo tanto, debe recibir inmunidad. Una jugada que ya le salió bien en Suiza y quiere repetir en Estados Unidos.

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Saab ya se declaró “no culpable” por la acusación que una corte federal de Miami tiene en su contra. Lo señalan a él y a su socio Álvaro Pulido como testaferros del oficialismo en Venezuela. En 2019, el Departamento de Justicia dio a conocer el indictment (escrito de acusación) en el cual ambos fueron relacionados con ocho delitos conexos con el lavado de activos de millones de dólares. Ese dinero, según la investigación, sería producto de corrupción en contratos de construcción y alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan del gobierno venezolano para subsidiar la alimentación de las familias censadas en su país.

Todo un entramado ilegal de irregularidades y una compleja trama societaria para ocultar a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas que no solo ha investigado la justicia, sino también el portal periodístico venezolano Armando Info y otros periodistas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador. En 2019, cuando la lupa del periodismo y las autoridades ya tenía todas las evidencias para llevarlo ante la justicia, Saab desapareció del mapa. Con una orden de captura vigente en Colombia, se empezó a rumorar que el empresario estaba en Turquía o en algún país de Europa sin tratado de extradición con Colombia. Su dicha se acabó en junio de 2020 en la isla africana de Cabo Verde.

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Allí paró a tanquear uno de los aviones que utilizaba para moverse por varios países y las autoridades de ese país lo detuvieron, pues en su contra había una orden de captura internacional. Así empezó una batalla jurídica que duró un año en tribunales nacionales de Cabo Verde e internacionales de África para evitar su extradición a Estados Unidos. Saab y el gobierno de Venezuela siempre alegaron que él era un “enviado especial de la República Bolivariana”, que realizaba una misión especial humanitaria para adquirir alimentos básicos, medicinas y equipos médicos muy necesarios para el pueblo venezolano. Es decir, que no podía ser capturado porque gozaba de los beneficios de inmunidad e inviolabilidad que rigen la circulación de los diplomáticos y agentes políticos.

En medio de recursos, declaraciones de todos los gobiernos involucrados y pedidos de auxilio de Saab y su familia, el empresario colombiano fue extraditado el pasado 16 de octubre. El gobierno Maduro calificó el hecho como un secuestro por parte de Estados Unidos, pero la justicia de ese país norteamericano insistió en que tenía todas las pruebas para demostrar que Saab habría sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de materiales de construcción”, y habrían falseado órdenes de importación aprovechando contratos firmados con el gobierno venezolano para construir casas de bajo costo.

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Así ganaban millonarias sumas con tan solo una importación, dice la acusación. Ya en poder de las autoridades estadounidenses, la Fiscalía desestimó siete de las ocho acusaciones penales contra Saab para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde tras el proceso de extradición. Según conoció El Espectador, parte del acuerdo entre Cabo Verde y Estados Unidos era desestimar casos para no superar, en Norteamérica, lo correspondiente a la pena máxima en el país africano. Un poco más de dos meses después, todavía no es claro qué le deparará a Saab, esto por demoras causadas, según su defensa, por problemas de comunicación con su cliente por restricciones impuestas en el marco de la pandemia por el covid-19.

En su momento, el presidente Iván Duque expresó que la extradición de Saab era necesaria y fundamental para que se puedan desnudar todos “los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande”. Sin embargo, la defensa del empresario insiste en que nada de esas acusaciones son ciertas y que es completamente ilegal que la justicia de cualquier país enjuicie a un diplomático como Saab. El problema de todo este asunto es que, según las investigaciones del caso, el gobierno de Maduro lo designó como embajador cuando las autoridades ya le respiraban en la nuca y su judicialización era un hecho.

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Una maniobra para muchos sucia, pues sería la estrategia perfecta para esquivar las pesquisas. La defensa de Saab, en cambio, considera que se trata de una decisión autónoma de cualquier país y que llevar a su cliente a juicio sería una grave violación a los sistemas de derecho internacional. Por eso esperan la liberación del empresario en los próximos días. Sin embargo, ya hay un antecedente clave: los fiscales de Estados Unidos no tuvieron en cuenta esa condición diplomática, pues ya lograron su extradición. Por eso es clave lo que pueda definir hoy la justicia: si Saab va a juicio o vuelve a escaparse de los señalamientos que lo acusan de ser un empresario corrupto y testaferro de Nicolás Maduro.