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El primer fin de semana de 2022 dejó en cuatro municipios de Arauca un saldo de 23 muertos, tras enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc. Las zonas rurales de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en la frontera con Venezuela, están en medio de un conflicto por el territorio, de acuerdo con la hipótesis que maneja el Gobierno. Este diario habló con Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, quien entregó detalles de la pesadilla que sigue perpetrándose en el territorio.
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¿Cuál es la última información que se tiene sobre la situación en Arauca?
Tenemos una cifra de 23 homicidios. La cifra oficial es de 52 familias desplazadas. De acuerdo con nuestras labores, hemos conocido que estas personas han terminado en el casco urbano de los municipios cercanos y estamos por establecer la caracterización de ellos. Todavía no hay albergues dispuestos, por lo cual las personas están en casas de familiares y amigos. Persiste el riesgo inminente de que este número de desplazamientos aumente.
¿Los combates continúan?
Los combates continúan. Tenemos conocimiento que son confrontaciones entre disidencias de las Farc, varios frentes, enfrentados con el Eln. Dos grupos armados disputándose el territorio. Las comunidades están en un estado de zozobra, intimidación. Nosotros a través de la Defensoría delegada para la Movilidad Humana llegamos al territorio, estamos escuchando todas las situaciones de riesgo. También hay confinamiento, reclutamiento de menores, desapariciones y amenazas permanentes a la población.
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¿Qué información hay sobre desaparecidos?
Una ciudadana de 16 años. El 2 de enero fue reportada como desaparecida y su cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Tame. Según información del personero de Tame es una persona que pudo haber estado dentro del subregistro de estas 23 personas muertas, pero están determinando si era una menor reclutada por estos grupos o si estaba en medio de las confrontaciones. Hasta el momento solo tenemos conocimiento de este menor de edad. Pero hay denuncias de reclutamiento de menores en las comunidades.
Anoche el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que entre los muertos habría dos disidentes de las Farc ¿Corrobora esa hipótesis?
Tiene validez lo dicho por los órganos de seguridad del Estado. Hay dos presuntos disidentes de las Farc. Los cadáveres de las personas se encuentran en las morgues de Tame y Saravena. Son al parecer integrantes de los grupos armados ilegales. Aprovecho este espacio para decirles que mantengan al margen a la población civil. Las comunidades no tienen por qué soportar estos enfrentamientos.
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En una alerta temprana de marzo de 2021, la Defensoría advirtió que esto podría ocurrir ¿Qué han hecho las autoridades a partir de ello?
Nosotros hemos emitido alertas tempranas donde no solo hemos dado a conocer detalles de la confrontación de grupos armados ilegales, si no también otras situaciones de riesgo como el reclutamiento de menores, el desplazamiento, las amenazas y los continuos homicidios. La población civil es el epicentro en términos de afectaciones. Los esfuerzos que vienen haciendo las autoridades son importantes, pero no son suficientes. Reiteramos a las autoridades del orden local y nacional que sigan presentando los esfuerzos que permitan mitigar la emergencia humanitaria en los territorios.
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El Gobierno anunció que llevará dos batallones a la zona ¿cree que es una buena alternativa?
Yo la comparto, pero también creo que son necesarias las acciones complementarias. Esto también hay que combatirlo con inversión social en estas comunidades. Llevar brigadas de salud, acompañamiento a las comunidades, fortalecer el tejido social. También fortalecer el empleo. Es un tema que nos corresponde como Estado abordarlo. No podemos actuar de manera aislada. Debemos arroparnos y adelantar acciones militares, policiales y sociales contundentes.
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