Hubo al menos 7.281 personas desaparecidas durante el conflicto en la subegión de Urabá y en el Bajo Atrato chocoano. Así lo anunciaron la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyas investigaciones han avanzado gracias a los testimonios de el exjefe del Clan del Golfo, Otoniel, un informe de 186 personas desaparecidas entregado por las extintas Farc.
Asimismo, la JEP ha recabado información sobre la presencia de desaparecidos en cementerios de los territorios que se investigan en el macrocaso 04, centrado en el Urabá. Con toda esta información, la Unidad de Búsqueda enriquecerá sus bases de datos del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) y el Universo de Personas dadas por Desaparecidas. Este registro a la fecha ha identificado un histórico nacional de 99.235 personas desaparecidas durante la guerra.
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La cifra de 7.281 casos de desaparición forzada recoge lo ocurrido en 15 municipios del Urabá, Bajo Atrato y Darién chocoano. Esta coordinación ha permitido, en el caso número 4, el avance de las acciones para la búsqueda de desaparecidos desde estos territorios.
A su vez, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, quien lidera este macrocaso en la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, entregó a la UBPD “una matriz con más de 365 hechos relacionados con desaparición forzada; grabaciones de audiencias de versiones y otras diligencias”, según informaron ambas entidades. Entre la información están los aportes que han hecho excombatientes de la exguerrilla de las Farc y el extraditado Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, hasta hace poco jefe máximo del Clan del Golfo.
La JEP y la Unidad de Búsqueda construyeron un plan para coordinar los esfuerzos y proteger los lugares donde se encuentren cuerpos no identificados. Este plan también busca ejecutar acciones que garanticen la participación de las víctimas en la formulación de los Trabajos, Obras y Acciones con contenido Reparador (TOAR) y propuestas de sanción propia por parte de los comparecientes ante la JEP. Es decir, las estrategias de reparación de los militares, ex-Farc y demás personas que comparecen en la justicia especial.
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A la fecha, en el caso 04 la JEP no ha imputado a ningún compareciente. Mientras la Sala de Reconocimiento avanza en la investigación, se han acreditado 787.000 víctimas y se han identificado, al menos, 3.582 hechos del conflicto que generaron afectaciones. El despacho de Henriquez ha escuchado a 90 personas en 155 versiones y ha vinculado a 292 presuntos responsables de la guerra en Urabá.
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