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Los problemas de Oneida Pinto con la justicia van en aumento. En noviembre pasado, la Fiscalía anunció una imputación de cargos en su contra por ser la presunta responsable de las amenazas de muerte que recibió el Gobernador encargado que la sucedió en La Guajira, Jorge Enrique Vélez. Y ahora tendrá que enfrentar un nuevo proceso: irregularidades en un contrato que tenía el propósito de ayudar a reducir la mortalidad de niños en Albania, donde ella ejercía como alcaldesa.
La Fiscalía indaga por un contrato de $16.800 millones que Pinto firmó apenas unos días antes de renunciar a la Alcaldía de Albania con el objetivo de lanzarse a la Gobernación del departamento. El propósito del contrato era ayudar a reducir la mortalidad infantil en ese municipio, sin embargo, la Fiscalía detectó anomalías en la manera como fue entregado y ejecutado.
Por eso, Pinto, quien pertencía al partido Cambio Radical y luego fue expulsada, será imputada el 10 de febrero ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado.De igual forma continúa el proceso en su contra por ser la supuesta autora de las amenazas contra Jorge Enrique Vélez, hecho que ella ha negado.
Al final, la estrategia de renunciar a la Alcaldía de Albania tampoco le funcionó y en junio de 2016 el Consejo de Estado determinó que había violado el régimen de inhabilidades, que exige a quienes aspiran a cargos populares estar por fuera del Estado 12 meses antes de las elecciones. Pinto es reconocida por venir del mismo grupo político de Juan Francisco Gómez, quien también tenía aval de Cambio Radical y fue condenado en noviembre pasado por el asesinato de Yolanda Britto.