“Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la Unión Patriótica

Este martes se reanudó la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso del exterminio de la Unión Patriótica. El testimonio central fue el del perito internacional que llevó la Comisión Interamericana (CIDH): Michael Reed Hurtado, abogado colombo estadounidense y director del Guernica Centre para la justicia transicional. En su exposición, Reed se refirió al contexto de violencia política que azotaba a Colombia en las décadas de los ochenta y noventa, así como al rol del Estado en el exterminio de los miembros del naciente movimiento político.

(En contexto: La audiencia en la Corte IDH que la Unión Patriótica lleva esperando 28 años)

La Corte IDH estudia la responsabilidad del Estado colombiano en las masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica (UP). Y, en ese trámite, la CIDH, que actúa como el ente acusador ante los jueces interamericanos, pidió incluir el peritaje de Reed, quien ha sido director para Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y goza con amplia experiencia en temas de conflicto. Además, Reed elaboró un peritaje similar para la CIDH en el caso por la muerte de Manuel Cepeda Vargas, también líder de la UP.

Según explicó Reed este martes, en los pocos casos en los que ha habido sentencias por los asesinatos y hostigamientos en contra de líderes de la UP, abundan las pruebas “que involucran de manera organizacional a agentes del Estado. No se entiende por qué esas investigaciones no han avanzado”. Y, añadió, en Colombia no ocurre lo que en otros países que no se investiga por falta de capacidad institucional, pues, a su juicio, el mayor obstáculo para que estas pesquisas avancen en nuestro país, “sigue siendo la falta de voluntad política para investigarse a sí mismo”.

(Lea más sobre la audiencia: El Estado le pide a la Corte IDH que el caso UP se limite a 219 víctimas)

Reed subrayó que, aunque se usaron técnicas diferentes dependiendo de la región, las hostilidades que sufrieron líderes de la UP sí guardan un patrón en el que, además, se puede ver responsabilidad del Estado. “Lo que hubo fue esa posibilidad de matar y perseguir impunemente a un grupo que había logrado la movilización de masas que hace años no se veía por el bipartidismo que regía en el país”, dijo el experto internacional, refiriéndose al contexto en el que nació el partido Unión Patriótica. Y hubo advertencias de lo que estaba pasando, que incluyeron informes comisionados por el propio Gobierno, pero la violencia no paró.

Sobre la diversidad de técnicas usadas, Reed sostuvo: “si usted se concentra en Urabá, se va a dar cuenta que, además de muertes, hubo judicializaciones fraudulentas (de militantes de la UP. Si se va al nordeste antioqueño o Arauca ahí va a ver la concentración en lo electoral, procediendo contra las personas de la Unión Patriótica”. No obstante, esta tesis llevó a que uno de los jueces, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique le pidiera más claridad: ¿si hubo sistematicidad en el exterminio, por qué fue diferente en cada región?

Allí Reed ahondó en un elemento que, a su juicio, muestra también el rol del Estado en el exterminio: la guerra sucia de las Fuerzas Militares contra la izquierda y cualquier asomo de comunismo en el país. “De pronto el Cono Sur —Argentina, Chile— vivió el anticomunismo más radical hacia los setenta, Colombia lo vivió en este momento —los noventa—”, agregó el perito. “En los manuales de disciplina militar de ese momento, en medio de ese lenguaje etéreo, hay un objetivo claro de atacar a toda representación de comunismo”.

En ese contexto, sostuvo el experto, fue que se desarrolló el exterminio de la UP: una Colombia que salía del bipartidismo, un desprecio de la izquierda, y con varias particularidades en las regiones. Por ejemplo, en Urabá, la época coincidió con una crisis en la industria del banano, mientras que líderes sindicales vinculados a la UP exigían mayores garantías para los trabajadores. A esa tensión se le sumó una fuerte militarización de la zona, que según el análisis de Reed, ya había perfilado a varios miembros del partido por sus filiaciones a la izquierda. Un caldo de cultivo perverso.

El defensor de Colombia, durante el contrainterrogatorio a Reed, intentó recalcar que este exterminio ha sido revisado en Justicia y Paz y continúan siendo investigados, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz —que recientemente llamó a declarar al general (r) Maza Márquez—. No obstante, Reed le salió al paso y respondió: “Ojalá la JEP haga algo, pero esos ‘ojalá’ son aspiracionales y no tienen qué ver con las consideraciones de este caso. El tema más importante para Colombia es que las entidades tengan la voluntad de seguir las hipótesis investigativas y que, si estas conducen al mando militar, que lo hagan, que sigan esas hipótesis”.

Aquí puede ver la audiencia de la Corte IDH:

Este martes se reanudó la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso del exterminio de la Unión Patriótica. El testimonio central fue el del perito internacional que llevó la Comisión Interamericana (CIDH): Michael Reed Hurtado, abogado colombo estadounidense y director del Guernica Centre para la justicia transicional. En su exposición, Reed se refirió al contexto de violencia política que azotaba a Colombia en las décadas de los ochenta y noventa, así como al rol del Estado en el exterminio de los miembros del naciente movimiento político.

(En contexto: La audiencia en la Corte IDH que la Unión Patriótica lleva esperando 28 años)

La Corte IDH estudia la responsabilidad del Estado colombiano en las masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica (UP). Y, en ese trámite, la CIDH, que actúa como el ente acusador ante los jueces interamericanos, pidió incluir el peritaje de Reed, quien ha sido director para Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y goza con amplia experiencia en temas de conflicto. Además, Reed elaboró un peritaje similar para la CIDH en el caso por la muerte de Manuel Cepeda Vargas, también líder de la UP.

Según explicó Reed este martes, en los pocos casos en los que ha habido sentencias por los asesinatos y hostigamientos en contra de líderes de la UP, abundan las pruebas “que involucran de manera organizacional a agentes del Estado. No se entiende por qué esas investigaciones no han avanzado”. Y, añadió, en Colombia no ocurre lo que en otros países que no se investiga por falta de capacidad institucional, pues, a su juicio, el mayor obstáculo para que estas pesquisas avancen en nuestro país, “sigue siendo la falta de voluntad política para investigarse a sí mismo”.

(Lea más sobre la audiencia: El Estado le pide a la Corte IDH que el caso UP se limite a 219 víctimas)

Reed subrayó que, aunque se usaron técnicas diferentes dependiendo de la región, las hostilidades que sufrieron líderes de la UP sí guardan un patrón en el que, además, se puede ver responsabilidad del Estado. “Lo que hubo fue esa posibilidad de matar y perseguir impunemente a un grupo que había logrado la movilización de masas que hace años no se veía por el bipartidismo que regía en el país”, dijo el experto internacional, refiriéndose al contexto en el que nació el partido Unión Patriótica. Y hubo advertencias de lo que estaba pasando, que incluyeron informes comisionados por el propio Gobierno, pero la violencia no paró.

Sobre la diversidad de técnicas usadas, Reed sostuvo: “si usted se concentra en Urabá, se va a dar cuenta que, además de muertes, hubo judicializaciones fraudulentas (de militantes de la UP. Si se va al nordeste antioqueño o Arauca ahí va a ver la concentración en lo electoral, procediendo contra las personas de la Unión Patriótica”. No obstante, esta tesis llevó a que uno de los jueces, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique le pidiera más claridad: ¿si hubo sistematicidad en el exterminio, por qué fue diferente en cada región?

Allí Reed ahondó en un elemento que, a su juicio, muestra también el rol del Estado en el exterminio: la guerra sucia de las Fuerzas Militares contra la izquierda y cualquier asomo de comunismo en el país. “De pronto el Cono Sur —Argentina, Chile— vivió el anticomunismo más radical hacia los setenta, Colombia lo vivió en este momento —los noventa—”, agregó el perito. “En los manuales de disciplina militar de ese momento, en medio de ese lenguaje etéreo, hay un objetivo claro de atacar a toda representación de comunismo”.

En ese contexto, sostuvo el experto, fue que se desarrolló el exterminio de la UP: una Colombia que salía del bipartidismo, un desprecio de la izquierda, y con varias particularidades en las regiones. Por ejemplo, en Urabá, la época coincidió con una crisis en la industria del banano, mientras que líderes sindicales vinculados a la UP exigían mayores garantías para los trabajadores. A esa tensión se le sumó una fuerte militarización de la zona, que según el análisis de Reed, ya había perfilado a varios miembros del partido por sus filiaciones a la izquierda. Un caldo de cultivo perverso.

El defensor de Colombia, durante el contrainterrogatorio a Reed, intentó recalcar que este exterminio ha sido revisado en Justicia y Paz y continúan siendo investigados, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz —que recientemente llamó a declarar al general (r) Maza Márquez—. No obstante, Reed le salió al paso y respondió: “Ojalá la JEP haga algo, pero esos ‘ojalá’ son aspiracionales y no tienen qué ver con las consideraciones de este caso. El tema más importante para Colombia es que las entidades tengan la voluntad de seguir las hipótesis investigativas y que, si estas conducen al mando militar, que lo hagan, que sigan esas hipótesis”.

Aquí puede ver la audiencia de la Corte IDH: