Ideas desde la evidencia para reducir el abuso policial (Análisis)

Ante los problemas graves de excesos de la policía con la protesta y los manifestantes, es relevante preguntarse qué alternativas de política sirven para disminuir el abuso y la violencia policial. Los incidentes recurrentes de violencia por parte de la Policía afectan su confianza y la legitimidad lo cual, a su vez, hace más difícil cumplir con su misión. Muchos países en el mundo hoy enfrentan un problema similar.

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Analizamos la evidencia empírica sobre diferentes opciones para reducir la violencia en intercambios de civiles con policías, así como la letalidad de situaciones que inevitablemente pueden ser violentas. Revisamos alternativas que pueden ser implementadas al nivel operativo y sin grandes cambios legislativos, que son aquellas para las que existe buena evidencia empírica. Lo cual no excluye las reformas más estructurales, las cuales son cruciales. Una reforma ideal necesita de cambios tanto estructurales como operativos. Aquí nos concentramos en los segundos. Presentamos algunos de los resultados más relevantes, pero el documento detallado y las referencias a la evidencia pueden consultarse en www.labjpc.org.

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Para empezar, encontramos que más y mejor información reduce los encuentros violentos entre policía y ciudadanos. La evidencia muestra que la recolección de información sobre la actuación de la policía es, en sí misma, un incentivo para transformar comportamientos que resultan en un uso abusivo de la fuerza. Por ejemplo, solicitar a policías reportar los casos en los que apuntan con su arma a una persona, aunque no disparen, redujo en Estados Unidos sustancialmente las muertes de civiles con arma de fuego por parte de la policía. En Colombia la existencia de información sistemática y completa sobre la actuación de la policía permitiría conocer mejor lo que funciona y no funciona.

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Un segundo tema es la desmilitarización de la policía. La evidencia muestra que la militarización –el uso de tácticas y equipos militares, creación de grupos de tarea de corte militar, entrenamiento militar, entre otros– está asociado a un mayor nivel de violencia policial. En 2018 en Estados Unidos un estudio con datos para los 51 estados, encontró una relación causal entre la mayor militarización de agencias de policía y un número más elevado de muertes atribuibles al uso de la fuerza de sus agentes.

Si bien puede ser necesario que, en contextos específicos de criminalidad organizada, la policía utilice excepcionalmente armas y técnicas de corte militar, estas estrategias deben ser excepcionales, y estar reguladas, focalizadas y supervisadas, para que resulten en un menor índice de violencia. Además, para el caso colombiano, es necesario reflexionar sobre cómo puede garantizarse la presencia policial en territorios donde persisten grupos armados ilegales.

En tercer lugar está la creación de habilidades y entornos para evitar el uso de la fuerza. Los programas de capacitación en derechos humanos son insuficientes para evitar el uso excesivo de la fuerza. La evidencia muestra que es crucial desarrollar habilidades de desescalamiento y control de emociones. Uno de los programas más ampliamente aplicado en Estados Unidos es ABLE (Active Bystandership for Law Enforcement), que consiste en

prevenir el escalamiento de la violencia en situaciones de confrontación. La aplicación de estrategias de justicia procedimental en la interacción con ciudadanos, en que se capacita a agentes en técnicas para interactuar con la ciudadanía y en explicar a los civiles las características y los motivos de sus contactos, reduce de manera importante las posibilidades de que las interacciones resulten en agresiones. Esto puede cubrir distintas medidas que afectan la interacción física de la policía con la comunidad. Así, por ejemplo, en Estados Unidos evitar que los policías que realizan una persecución de un sospechoso manejen la situación una vez lo capturan, redujo el uso de la fuerza en 23% y las heridas sufridas por los oficiales en 11%.

En cuarto lugar está una mejor conformación de las unidades de policía. La edad, el género y el historial de quejas de los policías son factores individuales de alta relevancia para conformar y administrar los equipos de policías y sus funciones. Diversos estudios muestran que las mujeres policías reciben menos quejas, representan un menor riesgo para los arrestados que sus pares hombres y suelen usar menos la violencia física y armas de fuego. Que los policías jóvenes y los que entran de menor edad a la institución son más propensos a la violencia.

Y que el historial de quejas contra los policías es un buen predictor del uso de armas de fuego. Las relaciones con sus compañeros policías también son factores relevantes para minimizar la probabilidad de violencia: los agentes que están acompañados de oficiales que han estado en el pasado involucrados en excesos de violencia tienen mayor probabilidad de abusar ellos mismos de la fuerza y de usar armas de fuego en situaciones de confrontación. Esta evidencia indica que los arreglos institucionales, las soluciones fallidas a los abusos policiales previos y la forma en la que la institución administra el riesgo de estos factores individuales y contextuales incide en la prevalencia del abuso policial.

Quinto, el uso excepcional y restringido de las armas “no letales”. Las armas “no letales” (o “menos letales”) son aquellas que buscan controlar o inahbilitar personas minimizando la probabilidad de causar daños permanentes e incluyen una enorme variedad de medios. Sin embargo, cualquiera de ellas, incluso accionadas correctamente, puede producir violaciones de derechos humanos, lesiones graves o incluso la muerte.

Un informe público para el Home Office del Reino Unido sobre muertes de personas en custodia policial recomienda, con base en la evidencia disponible, minimizar el uso de mecanismos de restricción de la movilidad –incluida la utilización de armas “menos letales”– a situaciones estrictamente necesarias y como último recurso. Otros estudios muestran que para que esto sea posible es necesario ampliar las posibilidades de respuesta del Estado en escenarios de protesta preponderantemente sin el uso de armas y regular detalladamente el uso de armas “no letales”.

Finalmente, a pesar de la existencia de evidencia mixta sobre sus efectos, el uso de cámaras corporales ha ido ganando popularidad en los últimos años como mecanismo de control en diversas policías del mundo. La lógica es que las cámaras aumentan la trasparencia en las interacciones entre policía y civiles: todos se saben observados y actúan con moderación por ello. Sin embargo, aunque algunos estudios han mostrado que el uso de cámaras corporales reduce la violencia, otros no han identificado efectos, sobre todo por no aplicarse correctamente. Nuestra conclusión es que vale la pena implementar el uso de cámaras bajo lineamientos para aumentar su efectividad, al menos en la reducción de algunos excesos violentos y, a la vez, para minimizar los riesgos para el debido proceso y el derecho a la

intimidad de los ciudadanos. Por ejemplo, es necesario regular bien los momentos en que las cámaras deben estar activadas y establecer sanciones para cuando ello se incumpla. Además, la implementación de esta tecnología en Colombia debería acompañarse de mediciones de impacto que permitan adoptar decisiones adecuadas al contexto interno.

Ante los problemas graves de excesos de la policía con la protesta y los manifestantes, es relevante preguntarse qué alternativas de política sirven para disminuir el abuso y la violencia policial. Los incidentes recurrentes de violencia por parte de la Policía afectan su confianza y la legitimidad lo cual, a su vez, hace más difícil cumplir con su misión. Muchos países en el mundo hoy enfrentan un problema similar.

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Analizamos la evidencia empírica sobre diferentes opciones para reducir la violencia en intercambios de civiles con policías, así como la letalidad de situaciones que inevitablemente pueden ser violentas. Revisamos alternativas que pueden ser implementadas al nivel operativo y sin grandes cambios legislativos, que son aquellas para las que existe buena evidencia empírica. Lo cual no excluye las reformas más estructurales, las cuales son cruciales. Una reforma ideal necesita de cambios tanto estructurales como operativos. Aquí nos concentramos en los segundos. Presentamos algunos de los resultados más relevantes, pero el documento detallado y las referencias a la evidencia pueden consultarse en www.labjpc.org.

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Para empezar, encontramos que más y mejor información reduce los encuentros violentos entre policía y ciudadanos. La evidencia muestra que la recolección de información sobre la actuación de la policía es, en sí misma, un incentivo para transformar comportamientos que resultan en un uso abusivo de la fuerza. Por ejemplo, solicitar a policías reportar los casos en los que apuntan con su arma a una persona, aunque no disparen, redujo en Estados Unidos sustancialmente las muertes de civiles con arma de fuego por parte de la policía. En Colombia la existencia de información sistemática y completa sobre la actuación de la policía permitiría conocer mejor lo que funciona y no funciona.

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Un segundo tema es la desmilitarización de la policía. La evidencia muestra que la militarización –el uso de tácticas y equipos militares, creación de grupos de tarea de corte militar, entrenamiento militar, entre otros– está asociado a un mayor nivel de violencia policial. En 2018 en Estados Unidos un estudio con datos para los 51 estados, encontró una relación causal entre la mayor militarización de agencias de policía y un número más elevado de muertes atribuibles al uso de la fuerza de sus agentes.

Si bien puede ser necesario que, en contextos específicos de criminalidad organizada, la policía utilice excepcionalmente armas y técnicas de corte militar, estas estrategias deben ser excepcionales, y estar reguladas, focalizadas y supervisadas, para que resulten en un menor índice de violencia. Además, para el caso colombiano, es necesario reflexionar sobre cómo puede garantizarse la presencia policial en territorios donde persisten grupos armados ilegales.

En tercer lugar está la creación de habilidades y entornos para evitar el uso de la fuerza. Los programas de capacitación en derechos humanos son insuficientes para evitar el uso excesivo de la fuerza. La evidencia muestra que es crucial desarrollar habilidades de desescalamiento y control de emociones. Uno de los programas más ampliamente aplicado en Estados Unidos es ABLE (Active Bystandership for Law Enforcement), que consiste en

prevenir el escalamiento de la violencia en situaciones de confrontación. La aplicación de estrategias de justicia procedimental en la interacción con ciudadanos, en que se capacita a agentes en técnicas para interactuar con la ciudadanía y en explicar a los civiles las características y los motivos de sus contactos, reduce de manera importante las posibilidades de que las interacciones resulten en agresiones. Esto puede cubrir distintas medidas que afectan la interacción física de la policía con la comunidad. Así, por ejemplo, en Estados Unidos evitar que los policías que realizan una persecución de un sospechoso manejen la situación una vez lo capturan, redujo el uso de la fuerza en 23% y las heridas sufridas por los oficiales en 11%.

En cuarto lugar está una mejor conformación de las unidades de policía. La edad, el género y el historial de quejas de los policías son factores individuales de alta relevancia para conformar y administrar los equipos de policías y sus funciones. Diversos estudios muestran que las mujeres policías reciben menos quejas, representan un menor riesgo para los arrestados que sus pares hombres y suelen usar menos la violencia física y armas de fuego. Que los policías jóvenes y los que entran de menor edad a la institución son más propensos a la violencia.

Y que el historial de quejas contra los policías es un buen predictor del uso de armas de fuego. Las relaciones con sus compañeros policías también son factores relevantes para minimizar la probabilidad de violencia: los agentes que están acompañados de oficiales que han estado en el pasado involucrados en excesos de violencia tienen mayor probabilidad de abusar ellos mismos de la fuerza y de usar armas de fuego en situaciones de confrontación. Esta evidencia indica que los arreglos institucionales, las soluciones fallidas a los abusos policiales previos y la forma en la que la institución administra el riesgo de estos factores individuales y contextuales incide en la prevalencia del abuso policial.

Quinto, el uso excepcional y restringido de las armas “no letales”. Las armas “no letales” (o “menos letales”) son aquellas que buscan controlar o inahbilitar personas minimizando la probabilidad de causar daños permanentes e incluyen una enorme variedad de medios. Sin embargo, cualquiera de ellas, incluso accionadas correctamente, puede producir violaciones de derechos humanos, lesiones graves o incluso la muerte.

Un informe público para el Home Office del Reino Unido sobre muertes de personas en custodia policial recomienda, con base en la evidencia disponible, minimizar el uso de mecanismos de restricción de la movilidad –incluida la utilización de armas “menos letales”– a situaciones estrictamente necesarias y como último recurso. Otros estudios muestran que para que esto sea posible es necesario ampliar las posibilidades de respuesta del Estado en escenarios de protesta preponderantemente sin el uso de armas y regular detalladamente el uso de armas “no letales”.

Finalmente, a pesar de la existencia de evidencia mixta sobre sus efectos, el uso de cámaras corporales ha ido ganando popularidad en los últimos años como mecanismo de control en diversas policías del mundo. La lógica es que las cámaras aumentan la trasparencia en las interacciones entre policía y civiles: todos se saben observados y actúan con moderación por ello. Sin embargo, aunque algunos estudios han mostrado que el uso de cámaras corporales reduce la violencia, otros no han identificado efectos, sobre todo por no aplicarse correctamente. Nuestra conclusión es que vale la pena implementar el uso de cámaras bajo lineamientos para aumentar su efectividad, al menos en la reducción de algunos excesos violentos y, a la vez, para minimizar los riesgos para el debido proceso y el derecho a la

intimidad de los ciudadanos. Por ejemplo, es necesario regular bien los momentos en que las cámaras deben estar activadas y establecer sanciones para cuando ello se incumpla. Además, la implementación de esta tecnología en Colombia debería acompañarse de mediciones de impacto que permitan adoptar decisiones adecuadas al contexto interno.