Jueces, fiscales, abogados y hasta periodistas han sido víctimas de distintas violencias en su contra, pues han sido amenazados en audiencias, con panfletos y sus lugares de trabajo han sido atacados con explosivos. Por estos hechos, Claudia Lorena Moscoso presunta líder de la banda delincuencial Los Cancerberos, fue enviada a la cárcel. La Fiscalía la imputó por los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y amenazas.
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La investigación reveló que Moscoso presuntamente promovió la elaboración y divulgación de, por lo menos, cuatro panfletos entre julio y septiembre de 2023, en los que se anticipaban acciones violentas en contra de funcionarios y otras personalidades del municipio que, en ejercicio de sus labores, actuaban o denunciaban el actuar criminal de ‘Los Cancerberos’. Estas amenazas también llegaron a personas que esta organización señaló favorecer a otros grupos delictivos.
Durante el proceso investigativo, la Fiscalía acreditó 58 víctimas de estas amenazas por parte de esta organización, entre ellas cuatro fiscales, cuatro jueces; el entonces candidato y actual alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, y su asesor; tres concejales; cinco aspirantes al cabildo municipal; tres periodistas y sus familias; y cuatro abogados. Además de integrantes de la Policía Nacional e investigadores del CTI de la Fiscalía. “En uno de los mensajes entregados a los medios de comunicación regionales y difundido en redes sociales, la organización ilegal se atribuyó la activación de un artefacto explosivo en la sede de los juzgados penales especializados de Tuluá, hecho que ocurrió el 12 de septiembre de 2023″, explicó el ente investigador.
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Claudia Lorena Moscoso fue capturada en su casa el 29 de septiembre de 2023. Durante la diligencia le fueron encontrados 4.091 panfletos y otros elementos de prueba que dan cuenta de su posible autoría en las múltiples intimidaciones. En su momento, fue judicializada por el delito de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ahora, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con el apoyo de una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, le imputó los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; y amenazas. Delitos que no aceptó y seguirá privada de la libertad.
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