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La Fiscalía dio a conocer un primer resultado por lo que consideró un caso de corrupción al interior de la Universidad Tecnológica del Chocó. Se trata de la captura e imputación de un contratista y tres exfuncionarios, entre ellos el exrector David Emilio Mosquera, por presuntamente participar en la adjudicación de un contrato a dedo.
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El contrato en cuestión se firmó en junio de 2021 y su objetivo era la modernización de las aulas de clase, lo cual nunca sucedió. La razón está en distintas irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, como lo puso de presente la Fiscalía en la audiencia de imputación contra el exrector Mosquera.
Así como Mosquera, fueron imputados por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, el exjefe de sistemas y soporte técnico, Yunner Eduard Moreno; el exjefe de contratación, Leiser Córdoba Mena; y el representante legal de la empresa que obtuvo el contrato, Francis Yoximar Palacios.
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“El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación”, señaló la Fiscalía.
El exjefe de contratación Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes. Sin embargo, al final la licitación no se realizó y fue declarada desierta, de tal manera que, al final, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de Francis Yoximar Palacios. El exrector Mosquera, como representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldó la contratación.
Para agosto de 2021, el exjefe de sistemas Moreno certificó que el contratista había avanzado en un 15,8% con la obra, sin que existiera un soporte verídico, según la investigación de la Fiscalía. Eso le acarreó un desembolso de más de $600 millones a una empresa que no estaba cumpliendo con su trabajo. Un mes después, se aprobó por parte de la universidad una adición presupuestal al proyecto por $300 millones, que había sido justificada, ni planeada con anticipación.
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