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La Fiscalía imputó formalmente a los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por las salidas no autorizadas que realizó el condenado empresario Carlos Mattos, durante su estadía en la cárcel La Picota de Bogotá. Mattos tenía autorización para asistir a citas médicas durante su periodo bajo medida de aseguramiento, sin embargo, quedó retratado visitando su oficina en el norte de Bogotá, como un ciudadano común y corriente, a principios de 2022.
Antecedentes: Empresario Carlos Mattos será trasladado a la cárcel de Cómbita
El caso fue ampliamente conocido luego de que Noticias Caracol revelara los videos de Mattos, en compañía de guardias de la entidad penitenciaria. El hecho fue de tal notoriedad que el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ordenó su traslado de la cárcel La Picota, a la de Cómbita en Boyacá. Además, el entonces director de ese penal, Wilmer José Valencia, fue llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría. Los imputados, por los delitos de prevaricato y peculado, según cada teoría del caso, son los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero.
En contexto: Caso Hyundai: Empresario Carlos Mattos fue condenado a 5 años por corrupción
En ese momento, Mattos era investigado por el denominado caso Hyundai: un proceso judicial en el que, al final, se demostró que el empresario pago sobornos para torcer a jueces que le ayudaran a conservar el monopolio de la venta de autos de esa marca en Colombia. Según imputó la Fiscalía, aunque se suponía que era un preso bajo la custodia del Estado, se le permitieron 13 resoluciones de salida, de las cuales en cuatro desvió el recorrido con presunta ayuda de los tres dragoneantes imputados.
“Ese cambio de curso fue con el fin de satisfacer sus propios caprichos, para llevar a cabo reuniones, como si fuera una persona del común y no como una persona que está sujeta a un proceso penal y que tenía una medida de aseguramiento”, explicó la fiscal del caso. Los tres imputados, según el ente investigador, incluso cambiaron el vehículo oficial del Inpec asignado a las salidas de Mattos, para abordar un carro particular en el que Mattos se desplazaba a su edificio en el norte de Bogotá, de nombre Ferrara. Allí, se encontraba con sus abogados y cercanos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
El caso Hyundai
En junio de 2022, Carlos Mattos recibió su primera sentencia condenatoria tras decisión del juez 11 de Circuito de Bogotá, quien definió una medida de cinco años de prisión por el delito de cohecho (soborno). Quedó demostrado, como él mismo lo confesó y por lo que recibió una rebaja de pena, que entregó alrededor de $100 millones en cajas de zapatos a la jueza Ligia del Carmen Hernández. Ella lo ayudó a que, por un tiempo, siguiera comercializando los autos de esa marca en Colombia, en 2016.
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El expediente por esa condena se concentra en el papel de la jueza Ligia del Carmen Acosta, quien en septiembre de 2019 fue condenada tras aceptar responsabilidad. Aseguró que recibió “nada más” $100 millones, por acomodarse a unas solicitudes procesales de la defensa judicial de Mattos. Para entender el caso Hyundai hay que remontarse a 2015, cuando la casa matriz de esa empresa en Corea del Sur le quitó el monopolio de la distribución de esta marca a Mattos y se lo entregó al grupo ecuatoriano Eljuri, a través de su filial Neocorp.
El empresario no se quedó quieto y demandó en Colombia, buscando que los carros Hyundai solo pudieran ser vendidos en el país a través de su compañía. En abril de 2016, el entonces juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, también condenado, ordenó como medida cautelar que solo Mattos podía hacer negocios con la matriz en Corea mientras se definía la demanda contra la multinacional.
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Las cosas se habían quedado de ese tamaño hasta que, en enero de 2018, la Fiscalía hizo público que existió una manipulación en el sistema de reparto en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá, para asegurarse de que la demanda le llegara al juez Huertas. El nombre de la exjueza Hernández apareció en el expediente cuando uno de los abogados de confianza de Mattos, Luis David Durán, fue capturado. Dagoberto Rodríguez, exfuncionario de los juzgados civiles, aseguró que Durán lo llamaba constantemente para concretar reuniones en las que Mattos, al parecer, le entregó el dinero para que este se lo entregara a la exjueza Hernández.
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