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La contratación pública en Arauca estaría dirigida desde hace una década para la guerrilla del Eln. Esa es la hipótesis de la Fiscalía, la cual capturó e imputó al actual gobernador del departamento fronterizo José Facundo Castillo Cisneros, quien cursa su segundo periodo tras haber representado a Arauca entre 2012 y 2015. En la extensa imputación de la Fiscalía, Castillo quedó señalado por supuestamente reunirse con altos mandos del Eln en Arauca y Venezuela, favorecerlos a través de la contratación pública del departamento y hasta ser conocido como “terrateniente” del frente Domingo Laín Sáenz.
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La Fiscalía imputó a Castillo Cisneros, actual gobernador de Arauca, los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos. El ente investigador considera que sería miembro de un “proyecto criminal” liderado por los más importantes funcionarios públicos del departamento y la sección Domingo Laín Sáenz del frente de guerra oriental del Eln.
Antes de enunciar los hechos relevantes de la investigación, el fiscal del caso explicó que los nexos de los mandatarios de Arauca con el Eln vienen desde los noventa. Por ejemplo, el exgobernador José Vicente Lozano, cuyo periodo fue de 1995 a 1997, fue condenado en 2010 por nexos con la guerrilla. Lo mismo sucedió, en palabras del fiscal, con el exmandatario Gustavo Carmelo Castellanos, jefe de Arauca entre 1998 y 2000. El ente investigador fue más allá, pues aseguró que el gobernador entre 2001 y 2003, Héctor Federico Gallardo, fue condenado en 2009 por ser miembro del Eln.
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“Buscan consolidar intereses comunes en la región”, afirmó el fiscal. En calidad de gobernador, al parecer, Castillo Cisneros se había concertado con una larga lista de mandos del Eln, llamados cuchos dentro de la estructura criminal. Se trataría de Ramiro Torres, alias Lenin; Adelmo Gutiérrez, alias Bateman; Gustavo Giraldo, alias Pablito; Pedro Riveros; Luis Albeiro Cortés, alias Culebro; Moisés Bautista, alias Jorge; Jose Rubiel, alias Sierra; Luis Felipe Ortega, alias Garganta; Juan de Dios Lizarazo, alias David; Alirio Sepúlveda, alias Piñata; y Jhony Alexander Bello, alias el Gordo Giovanny,
La Fiscalía tendría como probar que Castillo Cisneros recibió logística y protección militar del Eln durante su primer periodo como gobernador, entre 2012 y 2014. Incluso, el fiscal del caso mencionó que los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por el imputado en las elecciones regionales. Tal sería la conexión con el grupo armado organizado que el gobernador entregaría millonarios contratos públicos y despejaría las zonas para que el Eln se movilizara donde no hubiese fuerza pública.
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“Las reuniones acontecieron antes y después de llegar a la gobernación de Arauca. En ambos periodos. Una de esas reuniones tuvo ocurrencia en el año 2011. Recogió en su camioneta y trasladó a alias Guardulio, comandante de finanzas y de milicias del frente Domingo Laín Sáenz, hacia el hospital de Arauca, para que se le practicara una cirugía de hernia umbilical. Previamente a esa fecha, lo llevo a una mesa de votación para que sufragara por él. Castillo Cisneros entonces era aspirante a la gobernación”, explicó el fiscal.
Y siguió, con confianza en la palabra, sobre las presuntas reuniones del gobernador con el Eln: “En 2012, el doctor Castillo Cisneros recogió al citado alias Guardulio en el sitio denominado La Pesquera, en Arauca, y se trasladó al corregimiento Los Colosos, en Venezuela. Allí se reunió con alias Curitero y le regaló una botella de Old Par. Allí alias Curitero lo llevó al corregimiento de Las Monas, donde se reunió con otros comandantes del Eln. Allí estuvo alias Bateman, alias Lenin, alias Garganta y alias David. Estuvo por hora y media, consolidando los acuerdos sobre los contratos y dineros que la gobernación iba a entregar al Eln”.
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Incluso, el gobernador habría entregado una escuela en compañía de comandantes del Eln. Luego de ello, la Fiscalía mencionó el presunto contratista favorito miembro del Eln durante la presencia del imputado en la Gobernación: Jhony Alexander Bello Ortega, alias El Gordo Giovanny, quien funge como representante legal de la empresa Coinsac. Habrían pactado un contrato en marzo de 2013 por $551 millones, otro ese mismo mes por $405 millones y otros en 2014 y 2015. En diciembre de 2014, por ejemplo, alias El Gordo Giovanny se habría quedado con un contrato por 1.716 millones.
“Todos estos contratos tienen por objeto desde estudios técnicos y diseños de detalle de vías. Son obras públicas que fueron contratadas por la Gobernación y el integrante del Eln Jhony Bello. También hacen referencia a construcción de puentes y obras de movilidad”, agregó el fiscal del caso, señalando que la mayoría se desarrollaron en los municipios de Fortul y Tame. Castillo Cisneros, además, habría entregado sumas de dinero a las comisiones urbanas y rurales del grupo subversivo. Supuestamente financió las estructuras entregando el 10% del valor de los contratos de obra pública para la comunidad. Habría permitido que el Eln manejara más de $5.362 millones.
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En julio del año pasado la Procuraduría suspendió por seis meses a Castillo. La entidad lo investigaba, además, por presuntas irregularidades en contratos que adjudicó durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Este fallo disciplinario apunta a un contrato que firmó para realizar un evento de música llanera y otras actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte por $570 millones de pesos, al parecer, sin acatar lo establecido en las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
En la noche del 21 de octubre, además inició el proceso penal contra el exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado, quien ocupó el cargo en el periodo 2016-2020, es decir, en medio de las dos temporadas de José Facundo Castillo. La Fiscalía ordenó su captura por los mismos hechos que se le imputan al actual gobernador, pues, en palabras del fiscal del caso, la contratación pública del departamento habría estado durante los últimos 10 años encaminada a favorecer al Eln.
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