La Fiscalía General le imputó cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, por presunta financiación ilegal durante su campaña presidencial de 2022. El ente investigador también le imputó cargos a su esposa, Socorro Oliveros, quien fue la gerente de la campaña que le disputó la Presidencia a Gustavo Petro ese año. El proceso inició con la demanda de dos abogados vallecaucanos que señalaron una presunta ilegalidad en la que habría incurrido el excanditato y exsenador al financiar su propia campaña, puesto que se encontraba en ese momento acusado por el caso Vitalogic. Proceso que investiga un millonario contrato de basuras en Bucaramanga en el que se presentaron una serie de irregularidades.
La demanda, que fue interpuesta desde junio de 2022, cuando todavía no se había llevado a cabo la segunda vuelta presidencial, señala una presunta violación a la ley 1475 de 2011, la cual se encarga de regular la financiación de las campañas políticas. Los abogados Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, señalan de irregular el aporte de aproximadamente $220 millones que Hernández realizó en su beneficio.
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Los hechos jurídicamente relevantes que entregó la fiscalía durante la imputación habrían sucedido durante la primera vuelta presidencial en 2022. Según el ente investigador, la señora Oliveros permitió, como gerente de campaña, el ingreso de seis aportes provenientes de recursos propios del excandidato Hernández. Los aportes, que se realizaron entre el 24 de marzo y el 23 de abril de 2022, van desde los $2500 hasta los $100 millones y suman aproximadamente $220 millones. También se mencionó que Hernández ya había sido acusado el 12 de mayo de 2021 por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El abogado Fuentes, le explicó al medio de comunicación Blu Radio que “cuando una persona está haciendo procesada, en este caso en juicio como él y esa persona va a invertir en una campaña, no lo puede hacer si el delito por el cual se le investiga es un delito contra la administración pública. En este caso, el candidato está imputado, en juicio, por un delito contra la administración pública, por lo tanto, enmarca perfectamente en la prohibición. Él no puede utilizar sus propios recursos para financiar la campaña”.
Para la Fiscalía, los esposos tenían pleno conocimiento de la imposibilidad del excandidato para financiar su propia campaña, debido a la acusación que tiene en su contra. Por ello, afirmaron que “de manera consciente, voluntaria y dolosa decidieron violar la prohibición de la norma”, delito ante el que responderán como coautores. De ser hallados culpables, la pena va desde cuatro a ocho años de cárcel, con una multa de 400 a 1200 salarios mínimos legales vigentes.
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Por el caso Vitalogic, Hernández ya había sido sancionado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, por 14 años, por la Procuraduría General de la Nación. Fue declarado disciplinariamente responsable por mover sus fichas en la alcaldía en un proceso contractual de 2016. El proyecto buscaba la adquisición de tecnología de aseo para la capital santandereana y Hernández aprovechó su cargo para que su hijo, Luis Carlos Hernández, resultara beneficiado.
Según el ente regulador, en el caso Vitalogic, Hernández es responsable por los cargos de coacción de funcionarios públicos e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, aún puede acceder a una segunda instancia en la Procuraduría. Según el expediente de la Unión Temporal Vitalogic, la cual Rodolfo Hernández intentó ayudar de varias formas para que se quedara con un millonario contrato de basuras en Bucaramanga, si la negociación con el tema de las basuras era un éxito, su hijo recibiría hasta un millón de dólares. Por su parte, la Fiscalía lo llamo a juicio en agosto de 2020 por los hechos previamente mencionados.
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