Imputan cargos al fiscal Rodrigo Aldana

El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Rodrigo Aldana, se declaró inocente por los delitos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir para afectar la administración de justicia. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, le imputó cargos porque, al parecer, habría recibido un apartamento en la ciudad de Bogotá a cambio de ayudar a cerrar un proceso de extinción de dominio contra bienes que estaban en poder de la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. El inmueble quedó escriturado a nombre de Margarita María Useche Molina, a quien señalaron de ser una compañera sentimental. (Ver:"Legalizan captura del fiscal Rodrigo Aldana")

Los hechos se remontan al año 2012 cuando el fiscal Aldana fue nombrado por el fiscal general Eduardo Montealegre como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico. Este selecto equipo trabajaba para la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, especialmente, en procesos contra el narcotráfico. Según el fiscal del caso, fue así que por designación especial llegó a sus manos el radicado 11028.  El Espectador reveló hace unos días que Aldana fue denunciado desde noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en estos casos. (Ver: "Los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Aldana")

El expediente 11028 se trataba de un proceso de extinción de dominio que buscaba arrebatarle los bienes al clan narcotraficante de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. En medio de la investigación terminó vinculada la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. Esta última empresa tenía en su poder un predio que le compró a una sociedad en Córdoba llamada Agasinú. Esa tierra les sirvió a los Meyendorff para lavar dinero producto del narcotráfico.

Así fue que terminó Otto Bula vinculado a esta investigación. Según la Fiscalía, la irregularidad que cometió Aldana comenzó en diciembre 2014, fue ascendido a fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá adscrito al eje temático de investigaciones contra la corrupción de funcionarios en la administración de justicia. Para ese entonces recibió solicitudes de la Dirección de Fiscalías Especializadas, la Dirección de Lavado de Activos y la Dirección de Extinción de Dominio para devolver los procesos que adelantaba, pero Aldana se negó a hacerlo.

Aldana elevó consultas ante el despacho del fiscal general, señalando que tenía esos casos por asignación especial. Yenny Claudia Almeida, entonces asesora del fiscal general, le confirmó que debía devolver los procesos. “Me demoré en hacerlo porque cada expediente tenía como 200 cuadernos y para revisarlos todos sólo contaba con mi asistente. No por otra razón”, dijo Aldana hace unos meses cuando El Espectador reveló presuntas irregularidades en otro expediente que se adelantaba contra los hermanos Comba.

Según la fiscalía, Aldana se demoró ocho meses en devolver el expediente 11028 y fue cuando incurrió en el delito de prevaricato por omisión. El fiscal del caso explicó que Aldana, además de negarse a trasladar los procesos sobre los que ya no tenía competencia, proyectó una decisión que negaba la extinción de dominio sobre los bienes en poder de Bula. Es decir, que pretendió no embargar las propiedades.  Luego de este proyecto de resolución, Aldana devolvió el proceso el 25 de agosto de 2015.

“Omitió su deber legal (…) Tuvo usted la oportunidad, ya no como fiscal de extinción de dominio, sino como delegado ante el tribunal, proyectar una decisión declarando la improcedencia de extinción de dominio contra los bienes de Agropecuaria El Central (propiedad de Bula)”, señaló el fiscal Jorge Hernán Díaz. Agregó que todo lo hizo porque “recibió para sí, con la finalidad de realizar un acto propio de su cargo y para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, un bien inmueble por interpuesta persona”.

En pocas palabras, que Otto Bula le entregó el apartamento 1101 del edifico Pentagrama, ubicado en la calle 76 # 86-40 en Bogotá, a Aldana a cambio de no perjudicarlo y cumpliendo “un acto contra la administración de justicia”. La Fiscalía también dijo que evidenció que ese inmueble fue escriturado a nombre de Margarita María Useche, una mujer que era del círculo cercano de Rodrigo Aldana y que, supuestamente, era su compañera sentimental. Añadió que Useche y Aldana se asociaron para afectar la administración de justicia, acto que se concretó cuando se demoró ocho meses en devolver el expediente en el que estaba vinculado Otto Bula.

 “Era un deber ineludible de hacer entrega de ese expediente al funcionario competente”, concluyó la Fiscalía. Sin embargo, en si defensa el propio fiscal Aldana insistió en que el expediente 11028 nada tenía que ver con Otto Bula sino contra los hermanos Álvarez Meyendorff y que nunca cometió prevaricato pues se trató de un proyecto de resolución que nunca tuvo validez legal. Agregó que no devolvió por intermedio de una circular el expediente porque la única persona que podía quitarle la asignación especial era el mismo fiscal general.

Por los delitos que le imputaron, el fiscal Rodrigo Aldana podría recibir hasta 12 años de prisión en caso de que se demuestre su responsabilidad. El funcionario no aceptó su responsabilidad y se defenderá en juicio. La Fiscalía también solicitará la medida de aseguramiento en su contra por el delito de cohecho propio, al considerar que Aldana desde su cargo podría obstaculizar la investigación.

El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Rodrigo Aldana, se declaró inocente por los delitos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir para afectar la administración de justicia. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, le imputó cargos porque, al parecer, habría recibido un apartamento en la ciudad de Bogotá a cambio de ayudar a cerrar un proceso de extinción de dominio contra bienes que estaban en poder de la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. El inmueble quedó escriturado a nombre de Margarita María Useche Molina, a quien señalaron de ser una compañera sentimental. (Ver:"Legalizan captura del fiscal Rodrigo Aldana")

Los hechos se remontan al año 2012 cuando el fiscal Aldana fue nombrado por el fiscal general Eduardo Montealegre como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico. Este selecto equipo trabajaba para la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, especialmente, en procesos contra el narcotráfico. Según el fiscal del caso, fue así que por designación especial llegó a sus manos el radicado 11028.  El Espectador reveló hace unos días que Aldana fue denunciado desde noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en estos casos. (Ver: "Los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Aldana")

El expediente 11028 se trataba de un proceso de extinción de dominio que buscaba arrebatarle los bienes al clan narcotraficante de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. En medio de la investigación terminó vinculada la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. Esta última empresa tenía en su poder un predio que le compró a una sociedad en Córdoba llamada Agasinú. Esa tierra les sirvió a los Meyendorff para lavar dinero producto del narcotráfico.

Así fue que terminó Otto Bula vinculado a esta investigación. Según la Fiscalía, la irregularidad que cometió Aldana comenzó en diciembre 2014, fue ascendido a fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá adscrito al eje temático de investigaciones contra la corrupción de funcionarios en la administración de justicia. Para ese entonces recibió solicitudes de la Dirección de Fiscalías Especializadas, la Dirección de Lavado de Activos y la Dirección de Extinción de Dominio para devolver los procesos que adelantaba, pero Aldana se negó a hacerlo.

Aldana elevó consultas ante el despacho del fiscal general, señalando que tenía esos casos por asignación especial. Yenny Claudia Almeida, entonces asesora del fiscal general, le confirmó que debía devolver los procesos. “Me demoré en hacerlo porque cada expediente tenía como 200 cuadernos y para revisarlos todos sólo contaba con mi asistente. No por otra razón”, dijo Aldana hace unos meses cuando El Espectador reveló presuntas irregularidades en otro expediente que se adelantaba contra los hermanos Comba.

Según la fiscalía, Aldana se demoró ocho meses en devolver el expediente 11028 y fue cuando incurrió en el delito de prevaricato por omisión. El fiscal del caso explicó que Aldana, además de negarse a trasladar los procesos sobre los que ya no tenía competencia, proyectó una decisión que negaba la extinción de dominio sobre los bienes en poder de Bula. Es decir, que pretendió no embargar las propiedades.  Luego de este proyecto de resolución, Aldana devolvió el proceso el 25 de agosto de 2015.

“Omitió su deber legal (…) Tuvo usted la oportunidad, ya no como fiscal de extinción de dominio, sino como delegado ante el tribunal, proyectar una decisión declarando la improcedencia de extinción de dominio contra los bienes de Agropecuaria El Central (propiedad de Bula)”, señaló el fiscal Jorge Hernán Díaz. Agregó que todo lo hizo porque “recibió para sí, con la finalidad de realizar un acto propio de su cargo y para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, un bien inmueble por interpuesta persona”.

En pocas palabras, que Otto Bula le entregó el apartamento 1101 del edifico Pentagrama, ubicado en la calle 76 # 86-40 en Bogotá, a Aldana a cambio de no perjudicarlo y cumpliendo “un acto contra la administración de justicia”. La Fiscalía también dijo que evidenció que ese inmueble fue escriturado a nombre de Margarita María Useche, una mujer que era del círculo cercano de Rodrigo Aldana y que, supuestamente, era su compañera sentimental. Añadió que Useche y Aldana se asociaron para afectar la administración de justicia, acto que se concretó cuando se demoró ocho meses en devolver el expediente en el que estaba vinculado Otto Bula.

 “Era un deber ineludible de hacer entrega de ese expediente al funcionario competente”, concluyó la Fiscalía. Sin embargo, en si defensa el propio fiscal Aldana insistió en que el expediente 11028 nada tenía que ver con Otto Bula sino contra los hermanos Álvarez Meyendorff y que nunca cometió prevaricato pues se trató de un proyecto de resolución que nunca tuvo validez legal. Agregó que no devolvió por intermedio de una circular el expediente porque la única persona que podía quitarle la asignación especial era el mismo fiscal general.

Por los delitos que le imputaron, el fiscal Rodrigo Aldana podría recibir hasta 12 años de prisión en caso de que se demuestre su responsabilidad. El funcionario no aceptó su responsabilidad y se defenderá en juicio. La Fiscalía también solicitará la medida de aseguramiento en su contra por el delito de cohecho propio, al considerar que Aldana desde su cargo podría obstaculizar la investigación.