La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló la imputación del exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. La imputación fue emitida por el fiscal 11, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien precisó que no se pedirá medida de aseguramiento por estos delitos.
De acuerdo con el ente investigador, Aguilar habría firmado en 2021 un contrato con el canal regional TRO por un valor cercano a $5.848 millones, el cual estuvo lleno de irregularidades. “Hubo falta de planeación y anomalías en el convenio entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO para el manejo de un plan de medios en 2021″, declaró el fiscal ante un magistrado de control de garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El exgobernador entregó este convenio de manera directa, según la versión de la Fiscalía, afectando los principios de contratación que exigen una licitación pública para analizar las propuestas.
La Fiscalía señaló que el convenio interadministrativo del 2021 tenía como fin “aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y Televisión Regional del Oriente Ltda. Canal TRO para la divulgación y posicionamiento de la imagen institucional Siempre Santander a través de los medios de comunicación y entornos digitales del departamento”. También, Aguilar habría utilizado el contrato para beneficiar a
empresarios y a un grupo de amigos que lo apoyaron en la campaña de 2019.
Mauricio Aguilar también se encuentra en un juicio disciplinario ante la Procuraduría por posibles irregularidades en un contrato de una plataforma tecnológica para brindar información durante la pandemia por covid-19. La investigación por este contrato, que habría superado los $1.000 millones, también incluyó al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del mencionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.
El Ministerio Público señaló que la contratación tenía por objetivo brindar atención —a través de un centro de atención telefónica—, a la población frente a temas del covid-19, pero, “no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado”. La administración presuntamente había pagado por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran claramente contrarios a lo pactado. La Procuraduría cuestionó el actuar del exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar, quien “habría delegado en el director de la Gestión del Riesgo, la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo”.
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