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Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción solicitó una audiencia de imputación en contra de la fiscal Angélica Monsalve. En esta ocasión se le señala de ser presuntamente responsable por varios hechos irregulares que se dieron mientras trabajó como fiscal adscrita de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá. También se solicitó una audiencia de imputación en contra de un investigador del CTI, que trabajó en la seccional de Bogotá, y en contra de un abogado, por falsedad en documento público.
Las pruebas recopiladas por el ente investigador señalan que, en noviembre de 2022, la fiscal Monsalve presuntamente participó en la alteración del contenido de varios documentos, que posteriormente uso para fundamentar un caso, lo que podría haber llevado a incurrir en errores a servidores de la Fiscalía. Con estos documentos habría obtenido un principio de oportunidad en un proceso que llevaba su despacho. En esta ocasión se le formularán cargos por falsedad en documento público y fraude procesal. Estas diligencias se realizarán en las fechas establecidas por el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en la capital.
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La fiscal Angélica Monsalve ya fue imputada por el delito de concusión. En la audiencia, el juez decidió aceptar la solicitud de la Fiscalía de procesarla como persona ausente, ya que no había querido asistir en reiteradas ocasiones a la audiencia de imputación de cargos. La fiscal es investigada porque presuntamente habría pedido dinero, a través de terceros, para que Martín Ricardo Manjarrés, que hoy investigado por el carrusel de los carros blindados en la UNP, archivara su caso y no fuera enviado a la cárcel.
El origen del caso se remonta a 2022, cuando a la Fiscalía llegó una la denuncia que presentó Martín Ricardo Manjarrés, en la que aseguraba que el abogado Jimmy Forero le pidió dinero, en nombre de la fiscal Monsalve Gaviria, quien en marzo de 2022 denunció en medios de comunicación que el fiscal Francisco Barbosa la había trasladado de sede cuando se alistaba a imputarle cargos a los empresarios Carlos y Javier Velilla, y al exconcejal Felipe Ríos Londoño, para que la funcionaria archivara unas indagaciones que se adelantaban en su contra.
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Angélica Monsalve había denunciado en marzo de 2022 en medios de comunicación que el fiscal Francisco Barbosa la había trasladado de sede justamente cuando se alistaba a imputarle cargos a los empresarios Carlos y Javier Velilla, y al exconcejal Felipe Ríos Londoño, los tres miembros de una prestante familia envuelta en investigaciones de corrupción. En audiencias pasadas, el abogado ha argumentado que su clienta era víctima de persecución por parte de la Fiscalía por las declaraciones que había hecho en contra del Fiscal General.
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