Incautan bienes por más de $2.100 millones a proveedores de las antiguas Farc

La Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a varios bienes de presuntos proveedores de las antiguas Farc. De acuerdo con las investigaciones, los predios pertenecían a una organización que por más de 10 años suministró armas y explosivos a los diferentes frentes de la antigua guerrilla de las Farc. Como producto de estas millonarias transacciones, estos proveedores realizaron la compra de estos bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca.

(En contexto: Inventario de bienes incluye oro, ganado y dinero en efectivo: Farc)

“Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir”, aseguró el ente investigador.

Los bienes a los que se les impuso medida de extinción de dominio se encuentran ubicados en los municipios de Sotaquirá (Boyacá), Villavicencio (Meta) y la ciudad de Bogotá. Se trata de un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote de 1.498 metros cuadrados ubicado en el municipio de Sotaquirá y cuatro lotes en Villavicencio (Meta).

“El valor de los bienes ocupados supera los dos mil cien millones de pesos ($2.100.000.000) y fueron puestos a disposición de la sociedad de activos Especiales (SAE)”, añadió la entidad.

(Le puede interesar: “Decreto de bienes de las Farc deja las puertas abiertas a la impunidad”: Fiscal General)

Actualmente existe una polémica entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz por la entrega de los bienes que son considerados de las antiguas Farc. La Fiscalía insiste en que debe ejercer procesos de extinción de dominio sobre los bienes que no fueron inventariados por este grupo guerrillero. Sin embargo, la JEP insiste en que la totalidad de los bienes de las Farc, incluso los que se encuentran bajo procesos de incautación de la Fiscalía, deben servir para la reparación efectiva de las víctimas. Este conflicto de competencias ya está en manos de la Corte Constitucional que en las próximas semanas deberá pronunciarse al respecto.

La Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a varios bienes de presuntos proveedores de las antiguas Farc. De acuerdo con las investigaciones, los predios pertenecían a una organización que por más de 10 años suministró armas y explosivos a los diferentes frentes de la antigua guerrilla de las Farc. Como producto de estas millonarias transacciones, estos proveedores realizaron la compra de estos bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca.

(En contexto: Inventario de bienes incluye oro, ganado y dinero en efectivo: Farc)

“Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir”, aseguró el ente investigador.

Los bienes a los que se les impuso medida de extinción de dominio se encuentran ubicados en los municipios de Sotaquirá (Boyacá), Villavicencio (Meta) y la ciudad de Bogotá. Se trata de un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote de 1.498 metros cuadrados ubicado en el municipio de Sotaquirá y cuatro lotes en Villavicencio (Meta).

“El valor de los bienes ocupados supera los dos mil cien millones de pesos ($2.100.000.000) y fueron puestos a disposición de la sociedad de activos Especiales (SAE)”, añadió la entidad.

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Actualmente existe una polémica entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz por la entrega de los bienes que son considerados de las antiguas Farc. La Fiscalía insiste en que debe ejercer procesos de extinción de dominio sobre los bienes que no fueron inventariados por este grupo guerrillero. Sin embargo, la JEP insiste en que la totalidad de los bienes de las Farc, incluso los que se encuentran bajo procesos de incautación de la Fiscalía, deben servir para la reparación efectiva de las víctimas. Este conflicto de competencias ya está en manos de la Corte Constitucional que en las próximas semanas deberá pronunciarse al respecto.