Incomodidad de la Fiscalía

Muy incómoda está la Fiscalía General de la Nación por el súbito traslado a una guarnición militar en Cali de uno de los testigos claves en el expediente del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata del sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón, exagente de inteligencia del batallón Charry Solano en los años 80, testigo y delator de múltiples crímenes supuestamente perpetrados por uniformados de esa unidad, pero quien posteriormente se retractó y de quien no volvió a saberse nada hasta el 30 de enero pasado, cuando fue capturado por el CTI de la Fiscalía.

Tal como lo informó este diario, Garzón fue citado por la fiscal delegada ante la Corte Martha Lucía Zamora  —que investiga qué ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985— para que ampliara la versión que entregó en 1991 y 1994, bajo la identidad clave “br020”, en donde aseguró que fue testigo de torturas, desapariciones y homicidios perpetrados por miembros del Ejército. Además, para que contara lo que sabe sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. No obstante, Garzón se negó a contestar las preguntas en la Fiscalía y no dijo nada.

La diligencia se suspendió y la fiscal Zamora le envió una carta el pasado 12 de febrero al director del Inpec, general Saúl Torres, en la que le advertía que Garzón había sido clave para hallar los restos de la activista Nidia Érika Bautista —desaparecida en 1987—, quien aportó información sobre cómo también fue desaparecida la guerrillera del M-19 Irma Franco después de la retoma del Palacio de Justicia, y que resultaba un testigo vital para aclarar no sólo los cabos sueltos de un expediente de casi tres décadas, sino de otros procesos en los que el batallón de inteligencia Charry Solano habría sido protagonista.

La fiscal Zamora le dijo al general Torres que a pesar de que el testigo Garzón se retractó de sus acusaciones en 1996, cuando estaba en prisión, las primeras versiones que le dio a la justicia son las que deben ser tenidas en cuenta y tienen que ser corroboradas hoy. Por eso, le solicitó al Inpec “que examine la necesidad de que (Garzón) permanezca en un centro de reclusión de máxima seguridad que garantice la disponibilidad del testigo para reanudar la declaración que viene rindiendo”. Aunque la carta no lo decía explícitamente, era obvio para la Fiscalía que dada la importancia de Garzón, el objetivo es que éste se quedara en Bogotá.

No obstante, cuatro días antes, el 8 de febrero pasado —al día siguiente de la declaración del sargento (r) Garzón en la que no quiso hablar—, el mayor general del Ejército Jairo Salguero Casas, como jefe de Desarrollo Humano del Ejército, autorizó un cupo para Garzón en el Batallón de Policía Militar Nº 3 Eusebio Borrero Acosta, en Cali. Dicho oficio, conocido por El Espectador y dirigido a Garzón, señalaba: “Le informamos que el establecimiento que le fue asignado se encuentra adecuado y cumple con todas las medidas de seguridad, custodia y vigilancia que requiere el tratamiento penitenciario del interno y, a su vez, se encuentra avalado por el Inpec”.

Paradójicamente, el 12 de febrero, el mismo día en que la fiscal Zamora le pidió al Inpec custodiar el testigo y garantizar que estuviera en Bogotá, la abogada de Garzón reportó el traslado de su cliente —en tiempo récord— a la guarnición militar en Cali. ¿Puede un testigo que ha salpicado al Ejército en graves violaciones a los derechos humanos, que además es depositario de los secretos de la inteligencia del Estado en los años 80, permanecer detenido en un batallón militar? ¿Por qué el Inpec no lo dejó en Bogotá? ¿Por qué su traslado a Cali y el súbito cupo que se le abrió en el batallón Eusebio Borrero no tardó ni una semana?, son algunas preguntas que rondan a la Fiscalía.

Lo grave es que Garzón, cuando estuvo detenido en los años 90 por el secuestro de dos personas en Cali, denunció amenazas contra su vida que supuestamente provendrían de militares a quienes echó al agua en sus primeras declaraciones ante la justicia. Hoy está recluido en una guarnición militar en Cali, se rehúsa a hablar con la Fiscalía y dice que nada sabe o le consta de todo cuanto declaró hace más de dos décadas. “Un hombre como él, con tantos secretos, no va a declarar en la Fiscalía nada si está recluido en una guarnición militar”, le dijo a este diario una fuente cercana al proceso.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

Muy incómoda está la Fiscalía General de la Nación por el súbito traslado a una guarnición militar en Cali de uno de los testigos claves en el expediente del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata del sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón, exagente de inteligencia del batallón Charry Solano en los años 80, testigo y delator de múltiples crímenes supuestamente perpetrados por uniformados de esa unidad, pero quien posteriormente se retractó y de quien no volvió a saberse nada hasta el 30 de enero pasado, cuando fue capturado por el CTI de la Fiscalía.

Tal como lo informó este diario, Garzón fue citado por la fiscal delegada ante la Corte Martha Lucía Zamora  —que investiga qué ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985— para que ampliara la versión que entregó en 1991 y 1994, bajo la identidad clave “br020”, en donde aseguró que fue testigo de torturas, desapariciones y homicidios perpetrados por miembros del Ejército. Además, para que contara lo que sabe sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. No obstante, Garzón se negó a contestar las preguntas en la Fiscalía y no dijo nada.

La diligencia se suspendió y la fiscal Zamora le envió una carta el pasado 12 de febrero al director del Inpec, general Saúl Torres, en la que le advertía que Garzón había sido clave para hallar los restos de la activista Nidia Érika Bautista —desaparecida en 1987—, quien aportó información sobre cómo también fue desaparecida la guerrillera del M-19 Irma Franco después de la retoma del Palacio de Justicia, y que resultaba un testigo vital para aclarar no sólo los cabos sueltos de un expediente de casi tres décadas, sino de otros procesos en los que el batallón de inteligencia Charry Solano habría sido protagonista.

La fiscal Zamora le dijo al general Torres que a pesar de que el testigo Garzón se retractó de sus acusaciones en 1996, cuando estaba en prisión, las primeras versiones que le dio a la justicia son las que deben ser tenidas en cuenta y tienen que ser corroboradas hoy. Por eso, le solicitó al Inpec “que examine la necesidad de que (Garzón) permanezca en un centro de reclusión de máxima seguridad que garantice la disponibilidad del testigo para reanudar la declaración que viene rindiendo”. Aunque la carta no lo decía explícitamente, era obvio para la Fiscalía que dada la importancia de Garzón, el objetivo es que éste se quedara en Bogotá.

No obstante, cuatro días antes, el 8 de febrero pasado —al día siguiente de la declaración del sargento (r) Garzón en la que no quiso hablar—, el mayor general del Ejército Jairo Salguero Casas, como jefe de Desarrollo Humano del Ejército, autorizó un cupo para Garzón en el Batallón de Policía Militar Nº 3 Eusebio Borrero Acosta, en Cali. Dicho oficio, conocido por El Espectador y dirigido a Garzón, señalaba: “Le informamos que el establecimiento que le fue asignado se encuentra adecuado y cumple con todas las medidas de seguridad, custodia y vigilancia que requiere el tratamiento penitenciario del interno y, a su vez, se encuentra avalado por el Inpec”.

Paradójicamente, el 12 de febrero, el mismo día en que la fiscal Zamora le pidió al Inpec custodiar el testigo y garantizar que estuviera en Bogotá, la abogada de Garzón reportó el traslado de su cliente —en tiempo récord— a la guarnición militar en Cali. ¿Puede un testigo que ha salpicado al Ejército en graves violaciones a los derechos humanos, que además es depositario de los secretos de la inteligencia del Estado en los años 80, permanecer detenido en un batallón militar? ¿Por qué el Inpec no lo dejó en Bogotá? ¿Por qué su traslado a Cali y el súbito cupo que se le abrió en el batallón Eusebio Borrero no tardó ni una semana?, son algunas preguntas que rondan a la Fiscalía.

Lo grave es que Garzón, cuando estuvo detenido en los años 90 por el secuestro de dos personas en Cali, denunció amenazas contra su vida que supuestamente provendrían de militares a quienes echó al agua en sus primeras declaraciones ante la justicia. Hoy está recluido en una guarnición militar en Cali, se rehúsa a hablar con la Fiscalía y dice que nada sabe o le consta de todo cuanto declaró hace más de dos décadas. “Un hombre como él, con tantos secretos, no va a declarar en la Fiscalía nada si está recluido en una guarnición militar”, le dijo a este diario una fuente cercana al proceso.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9