Indagan posible robo de dineros en campañas de Opción Ciudadana

Ha cambiado de nombre tres veces, cinco de sus miembros fueron condenados por parapolítica y en 2018 el Consejo Nacional Electoral (CNE) le quitó la personería jurídica por no alcanzar el mínimo de votos requerido. Así es la carta de presentación del Partido Opción Ciudadana, que ahora suma un escándalo más a los prontuarios de sus miembros: la Fiscalía está indagando al representante legal por una posible estafa de miles de millones. Y, según una denuncia que ya cursa en el ente investigador, las supuestas víctimas fueron los candidatos del propio partido para las elecciones al Congreso de hace tres años.

Lea: La pelea entre Opción Ciudadana y sus excandidatos por millonaria multa electoral

La denuncia, que ya está en manos de un fiscal de la Unidad de Estafas, es en contra del exconcejal de Bogotá Álvaro Hernán Caicedo. Recordado porque en 2009 invadió la calzada exclusiva de Transmilenio en su camioneta y luego evadió a los policías que lo encararon, Caicedo figura hace años como representante legal de Opción Ciudadana. Según documentos en poder de El Espectador, el CNE le giró al menos $3.080 millones al partido por reposición de votos. Es decir, los recursos que el Estado destina a la financiación de campañas, que se desembolsan después de las elecciones. Sin embargo, al parecer, ese dinero nunca llegó a las cuentas de los excandidatos y habría terminado embolatada.

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El partido, que nació como Convergencia Ciudadana, expresión política en Santander del excombatiente del M-19 Luis Alberto Gil, se llamó luego Alianza Democrática Nacional (ADN) y, posteriormente, Partido de Integración Nacional (PIN). A través de cuestionadas alianzas con los Aguilar en Santander, Yahir Acuña en Sucre y otros barones electorales de las regiones, el partido solo parecía crecer hasta que el propio Gil y cuatro congresistas de la colectividad terminaron condenados por parapolítica. La respuesta: cambiaron nuevamente de nombre. Desde 2013 se llaman Opción Ciudadana. Pero en las elecciones de 2018 apenas sacaron 30.000 votos al Senado.

Es una tercera parte de lo que habían sacado en 2010 y con esos números solo lograron curul para dos senadores. Aunque eran muy pocos votos, los llevaron a completar al menos la mitad del umbral, con lo cual el CNE les reconoció $3.080 millones por los gastos de campaña al Senado y Cámara. “Yo como candidato no recibí un peso de esa reposición de votos”, escribió en la denuncia que cursa en la Fiscalía Daniel Mejía, quien recibió el aval de Opción Ciudadana para lanzarse a la Cámara alta en 2018. Él, por ejemplo, reportó al CNE haberse gastado $8 millones en su campaña. Sin embargo, asegura que no le reintegraron un solo peso.

Una fuente experta en temas electorales explicó que, si bien los partidos pueden poner sus propias reglas para pagarles a sus candidatos la reposición de votos, esto no significa que una colectividad pueda quedarse con el 100 % de lo que entrega el CNE. Cuando Mejía intentó reclamar, nadie apareció: las oficinas que el partido tenía en Bogotá fueron cerradas, así como las de Bucaramanga, que había sido su sede desde que nació Convergencia Ciudadana. Cuando llama, los teléfonos suenan desconectados. “Están robando al Estado, a mí y a todos los candidatos”, añadió Mejía en la denuncia, pues muchos más han reportado que no recibieron un peso.

El excandidato se dio cuenta del aparente robo, según el documento, cuando le llegó una sanción del CNE a su casa en diciembre de 2020. En 130 páginas, la autoridad electoral le notificó que había dado un mal manejo a la cuenta bancaria que, por ley, tienen que abrir todos los candidatos políticos. A través de esa cuenta, se supone, tienen que direccionar todos los gastos de la campaña, exigencia por la que muchos candidatos se quejan, pues dicen que los bancos les ponen trabas. Junto a Mejía, fueron sancionados 35 ex candidatos más de Opción Ciudadana, así como los gerentes de cada una de sus campañas.

“Me puse a investigar, porque estamos hablando de más de $1.000 millones entre todas las sanciones”, añadió el denunciante en el documento. Pidió entonces al CNE que le dijera cuánto había pagado a Opción Ciudadana por reposición de votos. En agosto de este año la autoridad electoral le contestó: entre octubre de 2018 y enero de 2019, el Fondo Nacional de Financiación Política le giró al partido $467 millones por la campaña a la Cámara en Sucre, $148 millones por la del Valle, $191 millones por la de Santander, $339 millones por la de Magdalena y $1.934 millones por la campaña nacional al Senado.

Pero este fenómeno no es extraño para el CNE. En el mismo documento que sancionó a Mejía, la autoridad electoral citó declaraciones de por lo menos tres candidatos más que reportaron lo mismo. Por ejemplo, el excandidato Víctor Velásquez dijo en el proceso: “Hasta hoy no he podido hablar en la sede del partido, en razón de que este desapareció y tampoco me cancelaron la reposición de los votos”. El también excandidato Samuel Hernando Bocanegra dijo: “A la fecha no nos han hecho la reposición de los votos”. Y Aris Manuel Torres declaró que aún tenía deudas de créditos que sacó para la campaña, “puesto que el Partido no ha distribuido los recursos de reposición de votos”.

Opción Ciudadana no ha reportado al CNE sus ingresos y gastos anuales desde 2018, como es la obligación de todos los partidos. Si bien al año siguiente le fue removida su personería jurídica, con lo cual legalmente deja de existir, el propio Álvaro Hernán Caicedo le ha dicho a la justicia: “El partido político no ha desaparecido por el hecho de haber perdido la personería jurídica”, según recogió El Tiempo de un proceso ante el Consejo de Estado en el que la colectividad pelea por su supervivencia. Así, mientras se destapan las cartas para los comicios de 2022, la Fiscalía indaga este caso de posible corrupción electoral.

Ha cambiado de nombre tres veces, cinco de sus miembros fueron condenados por parapolítica y en 2018 el Consejo Nacional Electoral (CNE) le quitó la personería jurídica por no alcanzar el mínimo de votos requerido. Así es la carta de presentación del Partido Opción Ciudadana, que ahora suma un escándalo más a los prontuarios de sus miembros: la Fiscalía está indagando al representante legal por una posible estafa de miles de millones. Y, según una denuncia que ya cursa en el ente investigador, las supuestas víctimas fueron los candidatos del propio partido para las elecciones al Congreso de hace tres años.

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La denuncia, que ya está en manos de un fiscal de la Unidad de Estafas, es en contra del exconcejal de Bogotá Álvaro Hernán Caicedo. Recordado porque en 2009 invadió la calzada exclusiva de Transmilenio en su camioneta y luego evadió a los policías que lo encararon, Caicedo figura hace años como representante legal de Opción Ciudadana. Según documentos en poder de El Espectador, el CNE le giró al menos $3.080 millones al partido por reposición de votos. Es decir, los recursos que el Estado destina a la financiación de campañas, que se desembolsan después de las elecciones. Sin embargo, al parecer, ese dinero nunca llegó a las cuentas de los excandidatos y habría terminado embolatada.

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El partido, que nació como Convergencia Ciudadana, expresión política en Santander del excombatiente del M-19 Luis Alberto Gil, se llamó luego Alianza Democrática Nacional (ADN) y, posteriormente, Partido de Integración Nacional (PIN). A través de cuestionadas alianzas con los Aguilar en Santander, Yahir Acuña en Sucre y otros barones electorales de las regiones, el partido solo parecía crecer hasta que el propio Gil y cuatro congresistas de la colectividad terminaron condenados por parapolítica. La respuesta: cambiaron nuevamente de nombre. Desde 2013 se llaman Opción Ciudadana. Pero en las elecciones de 2018 apenas sacaron 30.000 votos al Senado.

Es una tercera parte de lo que habían sacado en 2010 y con esos números solo lograron curul para dos senadores. Aunque eran muy pocos votos, los llevaron a completar al menos la mitad del umbral, con lo cual el CNE les reconoció $3.080 millones por los gastos de campaña al Senado y Cámara. “Yo como candidato no recibí un peso de esa reposición de votos”, escribió en la denuncia que cursa en la Fiscalía Daniel Mejía, quien recibió el aval de Opción Ciudadana para lanzarse a la Cámara alta en 2018. Él, por ejemplo, reportó al CNE haberse gastado $8 millones en su campaña. Sin embargo, asegura que no le reintegraron un solo peso.

Una fuente experta en temas electorales explicó que, si bien los partidos pueden poner sus propias reglas para pagarles a sus candidatos la reposición de votos, esto no significa que una colectividad pueda quedarse con el 100 % de lo que entrega el CNE. Cuando Mejía intentó reclamar, nadie apareció: las oficinas que el partido tenía en Bogotá fueron cerradas, así como las de Bucaramanga, que había sido su sede desde que nació Convergencia Ciudadana. Cuando llama, los teléfonos suenan desconectados. “Están robando al Estado, a mí y a todos los candidatos”, añadió Mejía en la denuncia, pues muchos más han reportado que no recibieron un peso.

El excandidato se dio cuenta del aparente robo, según el documento, cuando le llegó una sanción del CNE a su casa en diciembre de 2020. En 130 páginas, la autoridad electoral le notificó que había dado un mal manejo a la cuenta bancaria que, por ley, tienen que abrir todos los candidatos políticos. A través de esa cuenta, se supone, tienen que direccionar todos los gastos de la campaña, exigencia por la que muchos candidatos se quejan, pues dicen que los bancos les ponen trabas. Junto a Mejía, fueron sancionados 35 ex candidatos más de Opción Ciudadana, así como los gerentes de cada una de sus campañas.

“Me puse a investigar, porque estamos hablando de más de $1.000 millones entre todas las sanciones”, añadió el denunciante en el documento. Pidió entonces al CNE que le dijera cuánto había pagado a Opción Ciudadana por reposición de votos. En agosto de este año la autoridad electoral le contestó: entre octubre de 2018 y enero de 2019, el Fondo Nacional de Financiación Política le giró al partido $467 millones por la campaña a la Cámara en Sucre, $148 millones por la del Valle, $191 millones por la de Santander, $339 millones por la de Magdalena y $1.934 millones por la campaña nacional al Senado.

Pero este fenómeno no es extraño para el CNE. En el mismo documento que sancionó a Mejía, la autoridad electoral citó declaraciones de por lo menos tres candidatos más que reportaron lo mismo. Por ejemplo, el excandidato Víctor Velásquez dijo en el proceso: “Hasta hoy no he podido hablar en la sede del partido, en razón de que este desapareció y tampoco me cancelaron la reposición de los votos”. El también excandidato Samuel Hernando Bocanegra dijo: “A la fecha no nos han hecho la reposición de los votos”. Y Aris Manuel Torres declaró que aún tenía deudas de créditos que sacó para la campaña, “puesto que el Partido no ha distribuido los recursos de reposición de votos”.

Opción Ciudadana no ha reportado al CNE sus ingresos y gastos anuales desde 2018, como es la obligación de todos los partidos. Si bien al año siguiente le fue removida su personería jurídica, con lo cual legalmente deja de existir, el propio Álvaro Hernán Caicedo le ha dicho a la justicia: “El partido político no ha desaparecido por el hecho de haber perdido la personería jurídica”, según recogió El Tiempo de un proceso ante el Consejo de Estado en el que la colectividad pelea por su supervivencia. Así, mientras se destapan las cartas para los comicios de 2022, la Fiscalía indaga este caso de posible corrupción electoral.