Indepaz y Temblores ONG alertan a la CIDH de 2.110 denuncias por violencia policial

Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hicieron equipo hace más de una semana para documentar las denuncias por violencia policial, atribuida a la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional. Diariamente registran un conteo por “violencia homicida”, manifestantes heridos, detenciones arbitrarias, entre otras extralimitaciones, y este 14 de mayo entregaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sus principales preocupaciones.

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“Desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha de envío de este informe, Colombia ha presenciado expresiones masivas de protesta en todo el territorio nacional. En este informe, se reportan a la CIDH hechos de violencia policial contrarios a la convención Americana de Derechos Humanos y se analizan las acciones y omisiones estatales que, en su conjunto y sistematicidad, generan un entorno propicio para la vulneración, en un primer momento, exclusivamente del derecho a la protesta pero, de forma conexa la violación de un sinnúmero de derechos por cuenta de la violencia de la fuerza pública”, explican las organizaciones.

De acuerdo con las entidades, a través de la plataforma Grita -ubicada en la página web de Temblores ONG-, durante las últimas dos semanas se han registrado 2.110 casos de violencia policial, sin contar con las personas dadas por desaparecidas desde el pasado 28 de abril. En total, 362 marchantes han denunciado violencia física por parte de uniformados; 39 denuncias por homicidios atribuidos a la Policía -antes el dato estaba en 40 pero, tras verificar, una persona brutalmente golpeada no falleció-; 1055 denuncias por detenciones arbitrarias contra manifestantes; y 442 intervenciones violencias en el marco de protestas pacíficas.

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Asimismo, Indepaz y Temblores ONG tienen registro por 30 víctimas de agresiones oculares, como es el caso de Leidy Natalia Cadena, una joven estudiante y ciclista de 22 años quien el pasado 28 de abril habría sido atacada a mansalva por un miembro del Esmad, cuando se encontraba en cercanías de la estación Museo Nacional en Bogotá. Las organizaciones tienen entre sus estadísticas 133 casos de disparos de arma de fuego y, por otro lado, tres presuntas víctimas de violencia basada en su género.

Llama la atención en el informe de las organizaciones, que a la plataforma llegaron 16 denuncias por igual número de casos de presunta violencia sexual. Una de los últimos registros tiene que ver con la denuncia pública de una joven de 17 años, quien en Facebook aseguró que cuatro miembros del Esmad la abusaron el pasado 12 de mayo en Popayán (Valle del Cauca). La presunta víctima se suicidó ayer en la mañana, luego de haber llegado a su casa con moretones en su cuerpo. La misma adolescente confesó ser hija de un policía.

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“Les toco coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, escribió la adolescente.

“Ante la noticia que viene siendo publicada por diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente (de 17 años) en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”, respondió el general Ricardo Alarcón, comandante de la Regional 4 de la Policía. Incluso, la institución ha promovido la campaña #RompanLaCadena, denunciando el crecimiento de supuestas noticias falsas contra la institución.

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Indepaz y Temblores ONG, por su parte, denuncian que la Fuerza Pública ha hecho uso indiscriminado de armas de fuego, que han impuesto medidas “paralegales” -presuntos sobornos- a las personas que habrían sido detenidas arbitrariamente, el lanzamiento de gases lacrimógenos a viviendas, “prácticas de tortura dentro de las guarniciones militares y centros de detención”, miembros de la Policía que responden a las marchas sin debida identificación y hasta censura en redes sociales y cortes del servicio de luz.

“Como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la estigmatización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza generan entornos de miedo y zozobra que desestimulan a la sociedad de a ejercer de manera libre su derecho fundamental a la reunión y protesta. Además, como se vio en el punto número 2 (estadísticas de la plataforma Grita), el despliegue de fuerza por parte de agentes estatales ha generado privaciones al derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, moral e incluso sexual de personas manifestantes”, concluyeron las organizaciones.

Le piden a la CIDH la inclusión de una misión de verificación de la ONU, con el fin de investigar la cadena de mando de la Policía y por las ordenes que desde allí se están entregando en el Paro Nacional. Utilizar las cifras de la plataforma Grita para que otros países de la región sean alertados del contexto en Colombia, así como una visita urgente de la CIDH para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Además, indagar por presuntas metas por detenciones a cambio de ascensos en la Policía, e incluso incentivos por capturas.

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“La elaboración de protocolos que sean altamente difundidos hasta que sean de conocimiento público, sobre el uso de armas de letalidad reducida por parte de la fuerza pública, así como la prohibición total y/o suspensión de aquellas armas de letalidad reducida que han sido usadas para torturar y en homicidios presuntamente llevados a cabo por miembros de la fuerza pública”, es otra de las recomendaciones que Indepaz y Temblores ONG le hacen a la CIDH.

La CIDH, por su parte, esta tarde solicitó a las autoridades de Colombia permiso para hacer una visita de trabajo para observar en terreno el panorama de derechos humanos denunciado por oenegés, la ciudadanía y el periodismo. “En ese sentido, la CIDH se propone, durante su visita, a mantener reuniones con autoridades del Estado, los más amplios sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos y otros actores relevantes (…) la CIDH mantiene su compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país”, concluyó.

Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hicieron equipo hace más de una semana para documentar las denuncias por violencia policial, atribuida a la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional. Diariamente registran un conteo por “violencia homicida”, manifestantes heridos, detenciones arbitrarias, entre otras extralimitaciones, y este 14 de mayo entregaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sus principales preocupaciones.

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“Desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha de envío de este informe, Colombia ha presenciado expresiones masivas de protesta en todo el territorio nacional. En este informe, se reportan a la CIDH hechos de violencia policial contrarios a la convención Americana de Derechos Humanos y se analizan las acciones y omisiones estatales que, en su conjunto y sistematicidad, generan un entorno propicio para la vulneración, en un primer momento, exclusivamente del derecho a la protesta pero, de forma conexa la violación de un sinnúmero de derechos por cuenta de la violencia de la fuerza pública”, explican las organizaciones.

De acuerdo con las entidades, a través de la plataforma Grita -ubicada en la página web de Temblores ONG-, durante las últimas dos semanas se han registrado 2.110 casos de violencia policial, sin contar con las personas dadas por desaparecidas desde el pasado 28 de abril. En total, 362 marchantes han denunciado violencia física por parte de uniformados; 39 denuncias por homicidios atribuidos a la Policía -antes el dato estaba en 40 pero, tras verificar, una persona brutalmente golpeada no falleció-; 1055 denuncias por detenciones arbitrarias contra manifestantes; y 442 intervenciones violencias en el marco de protestas pacíficas.

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Asimismo, Indepaz y Temblores ONG tienen registro por 30 víctimas de agresiones oculares, como es el caso de Leidy Natalia Cadena, una joven estudiante y ciclista de 22 años quien el pasado 28 de abril habría sido atacada a mansalva por un miembro del Esmad, cuando se encontraba en cercanías de la estación Museo Nacional en Bogotá. Las organizaciones tienen entre sus estadísticas 133 casos de disparos de arma de fuego y, por otro lado, tres presuntas víctimas de violencia basada en su género.

Llama la atención en el informe de las organizaciones, que a la plataforma llegaron 16 denuncias por igual número de casos de presunta violencia sexual. Una de los últimos registros tiene que ver con la denuncia pública de una joven de 17 años, quien en Facebook aseguró que cuatro miembros del Esmad la abusaron el pasado 12 de mayo en Popayán (Valle del Cauca). La presunta víctima se suicidó ayer en la mañana, luego de haber llegado a su casa con moretones en su cuerpo. La misma adolescente confesó ser hija de un policía.

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“Les toco coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, escribió la adolescente.

“Ante la noticia que viene siendo publicada por diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente (de 17 años) en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”, respondió el general Ricardo Alarcón, comandante de la Regional 4 de la Policía. Incluso, la institución ha promovido la campaña #RompanLaCadena, denunciando el crecimiento de supuestas noticias falsas contra la institución.

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Indepaz y Temblores ONG, por su parte, denuncian que la Fuerza Pública ha hecho uso indiscriminado de armas de fuego, que han impuesto medidas “paralegales” -presuntos sobornos- a las personas que habrían sido detenidas arbitrariamente, el lanzamiento de gases lacrimógenos a viviendas, “prácticas de tortura dentro de las guarniciones militares y centros de detención”, miembros de la Policía que responden a las marchas sin debida identificación y hasta censura en redes sociales y cortes del servicio de luz.

“Como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la estigmatización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza generan entornos de miedo y zozobra que desestimulan a la sociedad de a ejercer de manera libre su derecho fundamental a la reunión y protesta. Además, como se vio en el punto número 2 (estadísticas de la plataforma Grita), el despliegue de fuerza por parte de agentes estatales ha generado privaciones al derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, moral e incluso sexual de personas manifestantes”, concluyeron las organizaciones.

Le piden a la CIDH la inclusión de una misión de verificación de la ONU, con el fin de investigar la cadena de mando de la Policía y por las ordenes que desde allí se están entregando en el Paro Nacional. Utilizar las cifras de la plataforma Grita para que otros países de la región sean alertados del contexto en Colombia, así como una visita urgente de la CIDH para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Además, indagar por presuntas metas por detenciones a cambio de ascensos en la Policía, e incluso incentivos por capturas.

Antecedentes: Defensores de DD. HH. solicitan urgente intervención de la ONU por crisis en Colombia

“La elaboración de protocolos que sean altamente difundidos hasta que sean de conocimiento público, sobre el uso de armas de letalidad reducida por parte de la fuerza pública, así como la prohibición total y/o suspensión de aquellas armas de letalidad reducida que han sido usadas para torturar y en homicidios presuntamente llevados a cabo por miembros de la fuerza pública”, es otra de las recomendaciones que Indepaz y Temblores ONG le hacen a la CIDH.

La CIDH, por su parte, esta tarde solicitó a las autoridades de Colombia permiso para hacer una visita de trabajo para observar en terreno el panorama de derechos humanos denunciado por oenegés, la ciudadanía y el periodismo. “En ese sentido, la CIDH se propone, durante su visita, a mantener reuniones con autoridades del Estado, los más amplios sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos y otros actores relevantes (…) la CIDH mantiene su compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país”, concluyó.