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Ante el evidente riesgo que vive la comunidad indígena en la región de la Amazonía, luego de que hace pocos días las disidencias de las Farc masacraran a cuatro menores, la Defensoría acaba de emitir una alerta temprana sobre la delicada situación de orden público en esta zona del país. El organismo de veeduría, liderado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que los departamentos del Vaupés y el Amazonas hacen presencia el Frente Primero Carolina Ramírez y el Frente Primero Armando Ríos, ambos pertenecientes al Estado Central Mayor de las disidencias de las Farc
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Esta organización ilegal, liderada por alias Iván Mordisco, se encontraba en acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro, pero luego del asesinato de los cuatro menores indígenas, las conversaciones se enfriaron y el gobierno decidió levantar el cese al fuego con esa estructura al margen de la ley. La alerta temprana de la Defensoría señala que estos grupos armados colombianos tiene relaciones con organizaciones de crimen organizado como el Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC).
“No nos podemos olvidar de departamentos tan importantes como Vaupés y Amazonas, en donde la violencia contra las comunidades se mantiene y ha originado en los últimos meses el reclutamiento forzado de 17 menores de edad; asesinatos de consumidores de drogas ilegales; amenazas; desplazamientos forzados, y extorsiones que, como lo estamos advirtiendo en la Alerta Temprana de Inminencia, son algunos de los delitos cometidos por el frente primero del llamado Estado Central Mayor de las disidencias de las Farc”, explicó el defensor Camargo.
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La Alerta estableció un escenario de riesgo para la franja fronteriza bidepartamental entre Vaupés y Amazonas, existente entre el municipio de Taraira (Vaupés) y el área no municipalizada de La Pedrera, zona del Resguardo Yaigoje Apaporis, tanto como para el resto del denominado eje Caquetá en el departamento del Amazonas, es decir, las áreas no municipalizadas de La Victoria, Mirití Parana y Puerto Santander.
“Precisamente por ser comunidades que se encuentran dispersas en el territorio y alejadas del centralismo colombiano, hay que aumentar los esfuerzos para protegerlas ante los patrullajes de las disidencias de las Farc, que además imponen restricciones a la movilidad y pautas de comportamiento y conducta, dejando una afectación humanitaria contra la población que integra, sobre todo, el Resguardo Yaigojé Apaporis y los restantes Resguardos Indígenas que componen el ‘Eje Caquetá’”, explicó Carlos Camargo Assis.
Uno de los hechos recientes ocurrió el 31 de marzo pasado, cuando “pobladores indígenas de las comunidades de Puerto Cedro y Centro Providencia (Amazonas), y de Bocas de Uga (Vaupés) se desplazaron forzadamente al municipio de Taraira, señalando la ocurrencia de diversos hechos de violencia y particularmente una serie de homicidios con alto grado de sevicia en perjuicio de un número indeterminado de jóvenes indígenas acusados de consumir sustancias estupefacientes”.
El desplazamiento habría tenido su origen el 24 de marzo con la incursión de hombres armados y con camuflado, presuntamente pertenecientes al Frente Primero, en la comunidad de Puerto Cedro. Estos habrían extraído a algunos jóvenes indígenas acusados de ser consumidores de sustancias psicoactivas, procediendo a torturarles y luego a asesinarles con arma de fuego o por desmembramiento. Debido a esto, desde Bocas de Uga de la etnia Yujup se dio un desplazamiento forzado de 37 personas; de otras nueve desde Puerto Cedro; dos se marcharon de Centro Providencia y una de Caño Laurel. Dentro de esta población hay un total de 16 niños.
En la Alerta Temprana de Inminencia enviada al Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se indica el interés manifestado por las disidencias de las Farc de reclutar niños, niñas y adolescentes para su operación armada o para que trabajen como transportadores de cocaína hasta Brasil, en las comunidades asentadas por los ríos Apaporis, Mirití y Caquetá, tanto como en las áreas no municipalizadas de Puerto Santander, Mirití Paraná y La Pedrera (Amazonas).
Respecto de estas áreas se han registrado 17 casos de reclutamiento de menores de edad, de los cuales al menos 10 se han presentado a lo largo del 2023. En el contexto del área no municipalizada de La Pedrera, estos hechos se enmarcan en el escenario de riesgo descrito para la Alerta Temprana 022-2021.
“Estos hechos están impactando de manera grave y diferencial el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afectando los ejercicios de autodeterminación, autonomía o libre determinación, identidad cultural y derecho al territorio. Por todo esto, hemos exhortado a las principales autoridades nacionales a implementar medidas rápidas, adecuadas y oportunas para la gestión integral del riesgo bajo una perspectiva de derechos humanos; Derecho Internacional Humanitario (DIH), y de seguridad integral para evitar nuevos riesgos”, concluyó el Defensor del Pueblo.
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