El novelón en que terminó el matrimonio de Íngrid Betancourt y Juan Carlos Lecompte cerró uno de sus capítulos más espinosos. Esta vez, la excandidata presidencial fue quien salió victoriosa, luego de que la Fiscalía archivara la denuncia que había presentado su exesposo por supuestamente haberle ocultado una serie de propiedades durante el divorcio. Un fiscal seccional de Bogotá cerró el proceso bajo el argumento de que se trataba de una simple “controversia”. Fuentes del ente investigador añadieron que se trataba de una denuncia sin fundamentos, basada en el resentimiento y en una especie de venganza.
El lío comenzó cuando Íngrid Betancourt pidió el divorcio el 29 de noviembre de 2008, después de seis años y medio de secuestro y de cuatro meses de libertad, tras su rescate en la Operación Jaque. Lecompte recibió la noticia como un baldado de agua fría, ya que la notificación le llegó en el momento en que veía morir a su padre. Comenzaron entonces seis años de batallas en los estrados judiciales. De nada valieron las promesas de amor –como el tatuaje que ambos se hicieron de una tortuga– y, tras la decisión de acabar su matrimonio de 1997 en una notaría en Bogotá, la pareja se acusó mutuamente de infidelidades.
El 30 de noviembre de 2011, un juez civil les concedió el divorcio por mutuo consentimiento y acabó la sociedad conyugal. Sin embargo, ese mismo día quedó una cuenta por saldar, una pelea que hasta hoy parecía interminable: la repartición de las propiedades. Lecompte denunció a su exesposa por los delitos de alzamiento de bienes, falsedad en documento privado y fraude procesal el pasado 13 de abril. Según él y su abogado, Helí Abel Torrado, Íngrid Betancourt presentó un documento falso en el proceso de divorcio al no declarar que en su poder tenía cinco propiedades y las regalías por la venta de sus libros La rabia en el corazón y No hay silencio que no termine.
Se trataba de un apartamento en París que le regaló a sus hijos en 2010 y adquirió por un costo de 700.000 euros, una casa campestre y dos lotes en Estados Unidos avaluados hoy en $1.000 millones, y un apartamento en Bogotá del que Lwcompte dice ser también propietario, a pesar de las capitulaciones, argumentando que él pagó parte de la deuda. En cuanto a las regalías, sus pretensiones eran por casi $17.000 millones. Sin embargo, tales aspiraciones fueron sepultadas por la Fiscalía, en una decisión del pasado 30 de junio que apenas ahora se viene a conocer públicamente.
El fiscal del caso archivó el proceso al advertir que las acciones realizadas por Íngrid Betancourt no representaban un delito. La decisión, además, vino con un regaño: “Debe efectuarse un examen de legalidad sobre el asunto a fin de evitar que temas que carecen de elementos mínimos y necesarios para ser catalogados como delitos congestionen los despachos, entorpeciendo la actividad jurisdiccional y trayendo como consecuencia la congestión de los mismos (...) En el presente caso nos encontramos frente a la inexistencia de motivos o circunstancias fácticas que no permitan calificar la conducta como un delito”.
Fuentes de alto nivel de la Fiscalía consideraron que si bien las personas están en su derecho de denunciar, no pueden utilizar a este organismo ni el derecho penal como un camino para satisfacer sus “caprichos” y peleas personales. Tanto así, que agregaron que denuncias como la de Lecompte pueden llegar a ser temerarias y un mecanismo para exponer el resentimiento, ya que de prosperar se podría enviar a prisión a una persona que por más de un lustro estuvo encadenada en la selva. Las críticas llegaron al punto de decir que, si bien es deber investigar los hechos, también se podría proceder contra quienes intentan afectar a otros a través de falsas denuncias.
“En cuanto a los pleitos en que se invoca la ocultación o distracción de bienes sociales (...) es de exclusiva competencia del ramo civil”, explicó el fiscal del caso con respecto a los procedimientos que se deberían realizar frente a estas disputas jurídicas. Concluyó que las actuaciones de Betancourt no tenían la intención de engañar a los administradores de justicia o de inducirlos al error.Lacompte, al ser consultado sobre las intenciones que tenía al denunciar a su exesposa, respondió que poco o nada entendía de derecho y que se trataba de una estrategia de su defensor, Helí Abel Torrado, para “ganar el caso”. Añadió que no consideraba que se tuviera que llegar al extremo de enviarla a prisión, pero enfatizó en que ella actuó mal al esconder los bienes y que ellos querían exponer esa situación. El Espectador intentó comunicarse con Torrado para preguntarle sobre la estrategia que, según Lecompte, él estableció; sin embargo, el abogado no respondió a los mensajes.