Inicia extinción de dominio a bienes de Álex Saab, señalado contratista del chavismo
La Fiscalía impuso medidas cautelares a bienes avaluados en $35.000 millones ubicados en Barranquilla como una mansión, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.
Álex Naín Saab Moran es un empresario barranquillero que está en la mira de las autoridades de varios países por supuestamente estar al servicio de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela. Procesado por la Fiscalía colombiana por realizar operaciones ficticias de comercio exterior a través de la empresa Shatex, ahora el ente investigador busca hacer procesos de extinción de dominio a siete de sus bienes por un valor de $35.000 millones.
Se trata de una mansión avaluada en $28.000 millones en el sector de Riomar de Barranquilla, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes que fueron identificados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, según anunció este martes.
(Puede ver: Alex Saab es incluido en lista Clinton por presunta corrupción en ayuda alimentaria a Venezuela)
El ente investigador precisó que dichas medidas cautelares fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles sean vendidos antes de las diligencias de ocupación. “La Fiscalía constató que los bienes están a nombre de una sociedad que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab, a través de una empresa con la que realizó importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al estado colombiano, dijo esa entidad.
En mayo de 2019, la Fiscalía le imputó a Saab, hoy prófugo de la justicia, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex. En concreto, por realizar operaciones de comercio exterior que realmente habrían servido para lavar $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel.
(Le puede interesar: ::Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo::)
En contra de Saab Mora pesa una circular azul de Interpol. El 25 de julio de 2019, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según el indictment (escrito de acusación), los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en ese país.
La acusación presentada ante una corte del Distrito Sur de la Florida afirma que Saab y Pulido habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. Coimas que habrían servido para acceder al sistema de cambio controlado de Venezuela y garantizar que sus pagos fueran realizados en dólares americanos, basados en la misma documentación falsa y fraudulenta que habría sido aprobada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
(Le puede interesar: Así cayó el policía que filtró la captura de Alex Saab)
Álex Naín Saab Moran es un empresario barranquillero que está en la mira de las autoridades de varios países por supuestamente estar al servicio de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela. Procesado por la Fiscalía colombiana por realizar operaciones ficticias de comercio exterior a través de la empresa Shatex, ahora el ente investigador busca hacer procesos de extinción de dominio a siete de sus bienes por un valor de $35.000 millones.
Se trata de una mansión avaluada en $28.000 millones en el sector de Riomar de Barranquilla, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes que fueron identificados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, según anunció este martes.
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El ente investigador precisó que dichas medidas cautelares fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles sean vendidos antes de las diligencias de ocupación. “La Fiscalía constató que los bienes están a nombre de una sociedad que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab, a través de una empresa con la que realizó importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al estado colombiano, dijo esa entidad.
En mayo de 2019, la Fiscalía le imputó a Saab, hoy prófugo de la justicia, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex. En concreto, por realizar operaciones de comercio exterior que realmente habrían servido para lavar $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel.
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En contra de Saab Mora pesa una circular azul de Interpol. El 25 de julio de 2019, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según el indictment (escrito de acusación), los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en ese país.
La acusación presentada ante una corte del Distrito Sur de la Florida afirma que Saab y Pulido habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. Coimas que habrían servido para acceder al sistema de cambio controlado de Venezuela y garantizar que sus pagos fueran realizados en dólares americanos, basados en la misma documentación falsa y fraudulenta que habría sido aprobada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
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