Para los días 10 y 11 de septiembre quedaron reprogramadas las audiencias preparatorias de juicio en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, quien deberá responder ante la justicia por su presunta participación en delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su defensa, en cabeza del abogado Diego Henao, había solicitado aplazar la diligencia que tenía lugar hoy 8 de julio en el juzgado segundo penal de Barranquilla, petición que al principio fue negada por el juez y luego fue aceptada.
Los apoderados de Petro Burgos habían solicitado aplazar la diligencia judicial, petición que fue negada de tajo por el togado. Para él, la defensa ya habría tenido la oportunidad de conocer a fondo el material probatorio y aseguró que la audiencia no se podía aplazar, pues los aplazamientos en el caso han sido recurrentes. Aún así, los abogados del también exdiputado del Atlántico presentaron las pruebas que utilizarán en el juicio para demostrar su posible inocencia.
Si bien la solicitud de aplazar la audiencia se fundamentó en que a la defensa no le han hecho llegar más de 100 pruebas y que, incluso, algunas de ellas son ilegibles, el juez, luego de negar la solicitud, decidió darle el visto bueno y programar una nueva fecha para las audiencias preparatorias. De acuerdo con el togado, la decisión se da para que la nueva fiscal del caso, Lucy Laborde, estudie el material probatorio recolectado por la defensa del hijo del primer mandatario.
Entre las pruebas que ha desglosado la defensa de Nicolás Petro destacan varios documentos clave, como los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. Así mismo, los apoderados dejarán sobre la mesa el rendimiento de las inversiones del exdiputado y, además, las donaciones de particulares a la campaña presidencial.
Cambio de fiscal en el caso de Nicolás Petro
Dentro del expediente, el pasado 25 de julio, la Fiscalía anunció el cambio de fiscal en el caso de Nicolás Petro, el cual le correspondió, por reparto, a Lucy Laborde. La verificación del reparto aleatorio, dice el ente investigador, se hizo en presencia de la agente especial de la Procuraduría que fue designada para el caso en contra del hijo del presidente.
El cambio de investigador tiene su génesis en una recusación presentada por la defensa de Petro Burgos en contra del entonces fiscal Mario Burgos, basada en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio al fiscal, el pasado 7 de junio. La autoridad que investiga y juzga a fiscales, abogados, jueces y otros funcionarios judiciales, tiene un expediente disciplinario abierto contra Burgos por la presunta filtración de los videos de la captura e interrogatorio del hijo del presidente, ambos revelados por la revista Semana.
El pasado 10 de julio, la oficina Delegada para la Seguridad Territorial, dirigida por Deicy Jaramillo Rivera, a través de un documento de 15 páginas conocido por este diario, aceptó el trámite de recusación que existía en contra de Burgos. “La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio (de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”.
La resolución con la que el fiscal Burgos salió del expediente Nicolás Petro detalla que la defensa del hijo del presidente, inicialmente, había tratado de sacar al investigador del caso por una causal de recusación que tenía que ver con la “enemistad”. Según explicó Nicolás Petro en su solicitud de recusación, “Mario Andrés Burgos Patiño por sí mismo, de manera libre y espontánea, manifestó en una diligencia judicial que nos considera, a mi padre y al suscrito, como sus enemigos”.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene en juicio a Burgos por tres cargos. El primero, por presuntamente permitir la filtración de videos dentro de una investigación penal, que se supone están bajo reserva sumarial. El segundo, por presuntamente realizar presiones indebidas para lograr un acuerdo judicial dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro. Y tercero, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al intentar coaccionar a Petro para que proporcionara información sobre un tercero.
Por su parte, la hipótesis que se tiene en el caso de Nicolás Petro Burgos establece que se habría enriquecido injustificadamente con más de $1.000 millones y que habría intentado blanquear dineros a través de la compra de propiedades. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría encontrado lujos que no tenía cómo justificar.
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