Inicia la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín
Durante la audiencia de seguimiento a la orden que protege los derechos de las familias buscadoras de esta comuna de Medellín, entidades presentaron los avances relacionados con el sector de La Escombrera e hicieron el anuncio.
Valentina Arango Correa
Lucha, logros, derechos, caminar, dignidad, solidaridad, fuerza, esperanza, huellas, articulación, amor, verdad, no repetición, resistencia, libertad, memoria. Cada palabra está escrita sobre una huella, la referencia al caminar de las mujeres que han buscado la verdad sobre los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín. Las madres siembran sobre materas ubicadas en la tarima del Museo Casa de la Memoria. Así comienza la diligencia que, este 25 de julio, desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de una audiencia de seguimiento a la medida cautelar al sector La Escombrera, donde se presume la existencia de cuerpos inhumados de personas dadas por desaparecidas y donde iniciarán oficialmente la intervención forense desde este 26 de julio.
La memoria y la dignidad están en el centro de este evento. Se han enfrentado al dolor y la incertidumbre. Por eso, este día, Luz Elena Galeano, quien busca a su esposo Luis Javier Laverde Salazar, desaparecido el 9 de diciembre de 2008, representa un hito en su espera. “Es posible que no encontremos a nuestros familiares y otras personas que también hay desaparecidas, tanto de esta ciudad o de otro departamento, en La Escombrera. Sin embargo, pienso que los cuerpos que se encuentren del familiar que corresponda es una luz de esperanza para esas familias”, dice la buscadora.
“El caso de la 13 se volvió tan complejo, porque en la época dura del año 2002 tuvieron que ver muchos agentes estatales con todas esas operaciones militares que dieron lugar en la Comuna 13″, dice una de las mujeres buscadoras. Pues, hace 22 años, la operación militar Orión dejó una ola de violencia en la zona. Después de todos estos años, se iniciará, por fin, la intervención forense para verificar la existencia de cuerpos de personas desaparecidas. Una esperanza para las víctimas que fue anunciada durante la diligencia.
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) se logró, hace cuatro años, que la JEP decretara la medida cautelar para proteger los derechos de la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera. Sin embargo, tanto la Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Grupo Interdisciplinario de Búsqueda y la Fundación Santa Laura, manifestaron sus inconformidades respecto al proceso de búsqueda y la hipótesis de que algunas personas podrían encontrarse en la antigua zona de la arenera. Entre sus exigencias están: que el perímetro de intervención sea ampliado y se proteja toda la zona.
En 2015 fue la primera intervención, y antes, en 2009, se declaró la primera medida que protegió un pedazo de ese terreno. Las víctimas no logran comprender si son para dilatar los procesos de intervención o si realmente todas las acciones van encaminadas en hacer un trabajo riguroso y suficiente para culminar su búsqueda. “Esta intervención llega demasiado tarde. Desde el inicio de los hechos, las instituciones tuvieron conocimiento”, expresa al respecto Adriana Arboleda, líder de la CJL.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda (UBPD), del universo de 111.640 personas desaparecidas en el país, 26.637 corresponden a Antioquia, 4.738 a Medellín y, de estas, 502 son de la Comuna 13. Un total de 64 han sido halladas fallecidas y 11 con vida. Solamente dos han sido entregadas dignamente. Una de ellas fue Yenny Ibarra, quien salió de su casa en la comuna 13, en mayo de 2002, cuando apenas tenía 14 años. Jamás se supo de su paradero hasta que recientemente, después de 22 años, su cuerpo fue identificado en el cementerio de Anorí, Antioquia.
Durante esta audiencia, principalmente, se abrió el espacio para rendir informe a una serie de órdenes que, desde noviembre de 2023, les dieron desde la JEP a la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal especial, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Medicina Legal. El 19 de julio culminó la adecuación del predio por la Alcaldía y, con ello, la Unidad de Búsqueda pudo habilitar el inicio de la fase forense, es decir, la intervención que han exigido las víctimas.
Entre las dificultades para establecer con precisión los lugares donde podrían haber sido inhumadas personas en La Escombrera está que la zona ha cambiado geológicamente. Parte superior del terrero se perdió, según explicaron los expertos de la JEP y la UBPD. A través de fotografías y mapas, Carlos Andrés Salinas, antropólogo de la Unidad de Investigación de la JEP, aseguró que han hecho comparaciones hipotéticas y análisis de profundidades. Según él, un primer avance fue “entender la configuración del terreno en la época en que ocurrieron los hechos”.
“Esta es la intervención más compleja, más grande, que la Unidad de Búsqueda ha desarrollado en el país”, indicó Luz Janeth Forero, directora de la entidad. Además, Forero presentó un protocolo con recomendaciones para la empresa El Cóndor, propietaria del terreno donde está ubicada La Escombrera, para indicar las acciones que deben hacer en el caso de obtener hallazgos forenses, en orden de que estos se puedan preservar. En la construcción del protocolo participaron también el Movice, la CJL, Equitas Colombia, y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
“Pero acá estamos para recordar que se los han llevado, pero volverán”, canta un joven sobre el escenario. Sobre las paredes y la base de la tarima del Museo están las fotografías de más de 60 personas que desaparecieron en ese sector de la ciudad. Las madres, de camiseta banca, escuchan atentas. Se recuestan sobre las sillas y, sobre su pecho, resalta el tono oscuro que tienen de fondo los retratos de sus familiares. Las fotos tienen nombres completos y fechas del último paradero en que los vieron. Cubren su corazón, es su manera de estar presentes, y de buscar lo que evidencia la imagen: la existencia de alguien que esperan en casa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Lucha, logros, derechos, caminar, dignidad, solidaridad, fuerza, esperanza, huellas, articulación, amor, verdad, no repetición, resistencia, libertad, memoria. Cada palabra está escrita sobre una huella, la referencia al caminar de las mujeres que han buscado la verdad sobre los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín. Las madres siembran sobre materas ubicadas en la tarima del Museo Casa de la Memoria. Así comienza la diligencia que, este 25 de julio, desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de una audiencia de seguimiento a la medida cautelar al sector La Escombrera, donde se presume la existencia de cuerpos inhumados de personas dadas por desaparecidas y donde iniciarán oficialmente la intervención forense desde este 26 de julio.
La memoria y la dignidad están en el centro de este evento. Se han enfrentado al dolor y la incertidumbre. Por eso, este día, Luz Elena Galeano, quien busca a su esposo Luis Javier Laverde Salazar, desaparecido el 9 de diciembre de 2008, representa un hito en su espera. “Es posible que no encontremos a nuestros familiares y otras personas que también hay desaparecidas, tanto de esta ciudad o de otro departamento, en La Escombrera. Sin embargo, pienso que los cuerpos que se encuentren del familiar que corresponda es una luz de esperanza para esas familias”, dice la buscadora.
“El caso de la 13 se volvió tan complejo, porque en la época dura del año 2002 tuvieron que ver muchos agentes estatales con todas esas operaciones militares que dieron lugar en la Comuna 13″, dice una de las mujeres buscadoras. Pues, hace 22 años, la operación militar Orión dejó una ola de violencia en la zona. Después de todos estos años, se iniciará, por fin, la intervención forense para verificar la existencia de cuerpos de personas desaparecidas. Una esperanza para las víctimas que fue anunciada durante la diligencia.
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) se logró, hace cuatro años, que la JEP decretara la medida cautelar para proteger los derechos de la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera. Sin embargo, tanto la Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Grupo Interdisciplinario de Búsqueda y la Fundación Santa Laura, manifestaron sus inconformidades respecto al proceso de búsqueda y la hipótesis de que algunas personas podrían encontrarse en la antigua zona de la arenera. Entre sus exigencias están: que el perímetro de intervención sea ampliado y se proteja toda la zona.
En 2015 fue la primera intervención, y antes, en 2009, se declaró la primera medida que protegió un pedazo de ese terreno. Las víctimas no logran comprender si son para dilatar los procesos de intervención o si realmente todas las acciones van encaminadas en hacer un trabajo riguroso y suficiente para culminar su búsqueda. “Esta intervención llega demasiado tarde. Desde el inicio de los hechos, las instituciones tuvieron conocimiento”, expresa al respecto Adriana Arboleda, líder de la CJL.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda (UBPD), del universo de 111.640 personas desaparecidas en el país, 26.637 corresponden a Antioquia, 4.738 a Medellín y, de estas, 502 son de la Comuna 13. Un total de 64 han sido halladas fallecidas y 11 con vida. Solamente dos han sido entregadas dignamente. Una de ellas fue Yenny Ibarra, quien salió de su casa en la comuna 13, en mayo de 2002, cuando apenas tenía 14 años. Jamás se supo de su paradero hasta que recientemente, después de 22 años, su cuerpo fue identificado en el cementerio de Anorí, Antioquia.
Durante esta audiencia, principalmente, se abrió el espacio para rendir informe a una serie de órdenes que, desde noviembre de 2023, les dieron desde la JEP a la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal especial, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Medicina Legal. El 19 de julio culminó la adecuación del predio por la Alcaldía y, con ello, la Unidad de Búsqueda pudo habilitar el inicio de la fase forense, es decir, la intervención que han exigido las víctimas.
Entre las dificultades para establecer con precisión los lugares donde podrían haber sido inhumadas personas en La Escombrera está que la zona ha cambiado geológicamente. Parte superior del terrero se perdió, según explicaron los expertos de la JEP y la UBPD. A través de fotografías y mapas, Carlos Andrés Salinas, antropólogo de la Unidad de Investigación de la JEP, aseguró que han hecho comparaciones hipotéticas y análisis de profundidades. Según él, un primer avance fue “entender la configuración del terreno en la época en que ocurrieron los hechos”.
“Esta es la intervención más compleja, más grande, que la Unidad de Búsqueda ha desarrollado en el país”, indicó Luz Janeth Forero, directora de la entidad. Además, Forero presentó un protocolo con recomendaciones para la empresa El Cóndor, propietaria del terreno donde está ubicada La Escombrera, para indicar las acciones que deben hacer en el caso de obtener hallazgos forenses, en orden de que estos se puedan preservar. En la construcción del protocolo participaron también el Movice, la CJL, Equitas Colombia, y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
“Pero acá estamos para recordar que se los han llevado, pero volverán”, canta un joven sobre el escenario. Sobre las paredes y la base de la tarima del Museo están las fotografías de más de 60 personas que desaparecieron en ese sector de la ciudad. Las madres, de camiseta banca, escuchan atentas. Se recuestan sobre las sillas y, sobre su pecho, resalta el tono oscuro que tienen de fondo los retratos de sus familiares. Las fotos tienen nombres completos y fechas del último paradero en que los vieron. Cubren su corazón, es su manera de estar presentes, y de buscar lo que evidencia la imagen: la existencia de alguien que esperan en casa.
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