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Los familiares de los jóvenes Óscar Alexander Morales, David Bilbao y Germán Leal, asesinados y desaparecidos en 2008, podrían tener resultados en la búsqueda de los cuerpos de sus seres amados. Pronto comenzará la exploración en el cementerio alterno del municipio de El Copey, en César, donde podrían haber sido inhumadas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a miembros del Batallón La Popa.
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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la cual lleva el caso del joven Morales, participó en una reciente reunión con las autoridades locales, sobre las medidas a implementar en el lugar de interés forense. Desde 2020, por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cementerio está bajo medidas cautelares y, por tanto, se prohíbe su intervención mientras se constata la presencia de aquellas y otras víctimas.
“La CCJ y las entidades del Estado también visitaron el cementerio alterno de El Copey para verificar el estado del predio que ha sido intervenido en repetidas ocasiones. La Alcaldía, contrario a proteger el lugar, ha construido más bóvedas y ha desconocido las demás solicitudes hechas por la JEP y la Unidad de Búsqueda, situación que pone en riesgo la conservación y recuperación de los restos de personas desaparecidas que fueron inhumadas en este terreno”, señaló la Comisión.
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Las medidas cautelares pesan sobre el cementerio desde julio de 2020, cuando la Alcaldía de El Copey, en cabeza de Francisco Meza, permitió manipulaciones, inhumaciones, exhumaciones y traslado de estructuras óseas existentes en el cementerio y en la parte alterna. Los hechos fueron denunciados durante la llegada del COVID-19, ante lo cual, según ha explicado la Alcaldía, se necesitó la intervención del cementerio municipal.
“La Comisión Colombiana de Juristas espera que las acciones de recuperación de los restos mortales de personas asesinadas y desaparecidas por agentes del Estado permitan que los familiares que aún desconocen qué pasó con sus seres queridos tengan una respuesta, entre ellas la familia Morales Tejada, que lleva más de 14 años buscando a su hijo, hermano, tío y amigo”, concluyó la organización.
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La Comisión menciona a agentes del Estado, dado que en su investigación se reconoce a miembros del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, como probables victimarios. De hecho, el coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante entre 2002 y 2004, tienen en su contra una condena de 19 años por aliarse con paramilitares para permitir “falsos positivos” en la región. Su caso está en la JEP.
A finales de 2021, la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción de paz ordenó que su expediente, en le cual está imputado por ejecuciones extrajudiciales, sea trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación de la misma jurisdicción. No reconoció responsabilidad por “falsos positivos” y enfrentará un juicio adversarial. La JEP le atribuye la muerte de 75 personas.
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