Inocentes por prescripción
Fue una gran operación contra infiltrados del Eln en entidades públicas de Arauca, pero, por demora en el proceso, la mayoría queda libre de culpa. Sólo cuatro terminaron condenados.
Alexánder Marín Correa
Lo que en 2003 las autoridades presentaron como uno de los grandes golpes contra las estructuras del Eln que por años estuvieron enquistadas en las administraciones locales del departamento de Arauca, hoy es un fracaso judicial. De 15 condenados en primera y segunda instancia, entre exfuncionarios y excontratistas, 11 quedaron libres por prescripción.
Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, tras revisar una demanda de casación en la que varios procesados solicitaron terminar el proceso porque la justicia tardó años en dejar en firme la sentencia. Los magistrados compulsaron copias a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que establezca sobre quién recae la responsabilidad de este descalabro judicial.
Lo paradójico del asunto es que los procesados que pidieron la prescripción fueron los únicos que no lograron un fallo a favor. Sin embargo, su demanda abrió la puerta para que los magistrados revisaran a fondo el proceso y encontraran que para otros procesados sí se aplicaba esta figura judicial, por lo que ordenaron cesar todo proceso en su contra.
Los beneficiados fueron el excongresista Luis Hernán Capacho; Terry Bueno Pedraza, exsecretario del Instituto de Desarrollo de Arauca; el exdiputado Delmo Baldemar Carrillo, y los contratistas Hugo Rangel García, Pedro Pablo Rubio, Saúl Antonio Velandia, Eliseo Velandia Martínez, Leonel Alberto Arias, José Santos Ruiz, César Sierra y Adelaida Mauro Cisneros. Todos habían sido condenados por colaborar con el Eln, pero, pese a que la Fiscalía logró demostrarlo, hoy quedan sin antecedentes. En medio del proceso, el ente acusador ocupó, con fines de extinción de dominio, bienes de los procesados avaluados en casi $15 mil millones. Ahora podrían recuperarlos.
Los que tendrán que pagar la condena son el exsecretario de Agricultura de Arauca, Alfonso Palencia Álvarez; el exsecretario de la Gobernación, Luis Raúl Rojas Gutiérrez; el exsecretario de Educación, Luis Ernesto Goyeneche, y el exgobernador de Arauca y excongresista José Vicente Lozano Fernández, quien supuestamente fue uno de los que abrió la puerta para la infiltración del Eln y a quien la Corte condenó en septiembre de 2010 a 90 meses de prisión. Lozano Fernández fue alcalde de Saravena, diputado y gobernador de Arauca gracias a la promoción del grupo ilegal. Una vez posesionado, destinó fondos públicos a la agrupación subversiva.
Sin embargo, el suyo no es el único caso que demuestra el poder que alcanzó el Eln en Arauca. Históricamente han sido varios los que han logrado infiltrar a la guerrilla en las administraciones, como en las gobernaciones de Alfredo Colmenares (1992-1995); Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán (1998-2000), sentenciado por aceptación de cargos, y Héctor Gallardo (2001-2003), condenado en junio de 2009.
El proceso
El caso comenzó el 15 de junio de 2003, cuando el DAS presentó un informe en el que alertaba que miembros del frente Domingo Laín Sáenz del Eln se habían infiltrado en diferentes administraciones de Arauca con el fin de canalizar los recursos públicos para el financiamiento de la organización delincuencial. En la investigación se incluían declaraciones de desmovilizados que desenmascararon la estructura de apoyo que tenía el Eln en Saravena y Arauca. Y a las de los exguerrilleros se sumaron declaraciones de residentes.
“Estos dineros entran a las arcas del frente Domingo Laín y se destinan al sostenimiento de la guerrilla, a la compra de armas para acciones terroristas como atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, a la infraestructura eléctrica, a los edificios estatales y la fuerza pública”, dijeron los testigos.
El poder y dominio de la organización ilegal era tan grande que tenían infiltrados en alcaldías y en la Gobernación a personajes que ordenaban el gasto y a contratistas que sacaban tajada de los contratos para desviarlos al grupo delincuencial. Gracias a la investigación, inicialmente fueron capturadas 24 personas relacionadas con la administración pública.
La Fiscalía 20 de Bogotá adelantó el proceso y profirió resolución de acusación en octubre de 2004, que quedó en firme en enero de 2005. El 3 de agosto de 2007, el Juzgado Penal del Circuito de Arauca condenó a 19 de ellos a pagar penas de entre 36 y 72 meses de prisión. Luego, el 1º de diciembre de 2010, el Tribunal Superior de Arauca confirmó la decisión en segunda instancia.
La prescripción es una figura jurídica en la cual, si transcurrido un tiempo no queda en firme la sentencia, se extingue cualquier persecución penal contra el procesado. Con el agravante de que, en caso de ser culpable, queda como si no hubiera cometido delitos. Esta figura aplica específicamente cuando se demuestra que la responsabilidad de la demora corresponde a los jueces o fiscales.
De acuerdo con la ley, el tiempo de prescripción corresponde a la mitad de la máxima condena a imponer, contados a partir de que queda en firme la acusación. En ningún caso puede ser inferior a 5 años y mayor a 20. En el proceso de Arauca, todos fueron condenados por rebelión, delito que tiene una pena máxima de 10 años. Es decir, la prescripción aplicaba a los cinco años, que se cumplieron en enero de 2010, fecha para la cual la sentencia no estaba en firme.
La decisión de la Corte Suprema se conoce cuando muchos de ellos ya se encuentran en libertad. Ahora lo estarán sin antecedentes penales por este gran escándalo de filtración del Eln en las alcaldías y la Gobernación de Arauca. Y lo más increíble, esta decisión les abre una posibilidad de demandar al Estado, a pesar de que existían pruebas en su contra.
Lo que en 2003 las autoridades presentaron como uno de los grandes golpes contra las estructuras del Eln que por años estuvieron enquistadas en las administraciones locales del departamento de Arauca, hoy es un fracaso judicial. De 15 condenados en primera y segunda instancia, entre exfuncionarios y excontratistas, 11 quedaron libres por prescripción.
Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, tras revisar una demanda de casación en la que varios procesados solicitaron terminar el proceso porque la justicia tardó años en dejar en firme la sentencia. Los magistrados compulsaron copias a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que establezca sobre quién recae la responsabilidad de este descalabro judicial.
Lo paradójico del asunto es que los procesados que pidieron la prescripción fueron los únicos que no lograron un fallo a favor. Sin embargo, su demanda abrió la puerta para que los magistrados revisaran a fondo el proceso y encontraran que para otros procesados sí se aplicaba esta figura judicial, por lo que ordenaron cesar todo proceso en su contra.
Los beneficiados fueron el excongresista Luis Hernán Capacho; Terry Bueno Pedraza, exsecretario del Instituto de Desarrollo de Arauca; el exdiputado Delmo Baldemar Carrillo, y los contratistas Hugo Rangel García, Pedro Pablo Rubio, Saúl Antonio Velandia, Eliseo Velandia Martínez, Leonel Alberto Arias, José Santos Ruiz, César Sierra y Adelaida Mauro Cisneros. Todos habían sido condenados por colaborar con el Eln, pero, pese a que la Fiscalía logró demostrarlo, hoy quedan sin antecedentes. En medio del proceso, el ente acusador ocupó, con fines de extinción de dominio, bienes de los procesados avaluados en casi $15 mil millones. Ahora podrían recuperarlos.
Los que tendrán que pagar la condena son el exsecretario de Agricultura de Arauca, Alfonso Palencia Álvarez; el exsecretario de la Gobernación, Luis Raúl Rojas Gutiérrez; el exsecretario de Educación, Luis Ernesto Goyeneche, y el exgobernador de Arauca y excongresista José Vicente Lozano Fernández, quien supuestamente fue uno de los que abrió la puerta para la infiltración del Eln y a quien la Corte condenó en septiembre de 2010 a 90 meses de prisión. Lozano Fernández fue alcalde de Saravena, diputado y gobernador de Arauca gracias a la promoción del grupo ilegal. Una vez posesionado, destinó fondos públicos a la agrupación subversiva.
Sin embargo, el suyo no es el único caso que demuestra el poder que alcanzó el Eln en Arauca. Históricamente han sido varios los que han logrado infiltrar a la guerrilla en las administraciones, como en las gobernaciones de Alfredo Colmenares (1992-1995); Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán (1998-2000), sentenciado por aceptación de cargos, y Héctor Gallardo (2001-2003), condenado en junio de 2009.
El proceso
El caso comenzó el 15 de junio de 2003, cuando el DAS presentó un informe en el que alertaba que miembros del frente Domingo Laín Sáenz del Eln se habían infiltrado en diferentes administraciones de Arauca con el fin de canalizar los recursos públicos para el financiamiento de la organización delincuencial. En la investigación se incluían declaraciones de desmovilizados que desenmascararon la estructura de apoyo que tenía el Eln en Saravena y Arauca. Y a las de los exguerrilleros se sumaron declaraciones de residentes.
“Estos dineros entran a las arcas del frente Domingo Laín y se destinan al sostenimiento de la guerrilla, a la compra de armas para acciones terroristas como atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, a la infraestructura eléctrica, a los edificios estatales y la fuerza pública”, dijeron los testigos.
El poder y dominio de la organización ilegal era tan grande que tenían infiltrados en alcaldías y en la Gobernación a personajes que ordenaban el gasto y a contratistas que sacaban tajada de los contratos para desviarlos al grupo delincuencial. Gracias a la investigación, inicialmente fueron capturadas 24 personas relacionadas con la administración pública.
La Fiscalía 20 de Bogotá adelantó el proceso y profirió resolución de acusación en octubre de 2004, que quedó en firme en enero de 2005. El 3 de agosto de 2007, el Juzgado Penal del Circuito de Arauca condenó a 19 de ellos a pagar penas de entre 36 y 72 meses de prisión. Luego, el 1º de diciembre de 2010, el Tribunal Superior de Arauca confirmó la decisión en segunda instancia.
La prescripción es una figura jurídica en la cual, si transcurrido un tiempo no queda en firme la sentencia, se extingue cualquier persecución penal contra el procesado. Con el agravante de que, en caso de ser culpable, queda como si no hubiera cometido delitos. Esta figura aplica específicamente cuando se demuestra que la responsabilidad de la demora corresponde a los jueces o fiscales.
De acuerdo con la ley, el tiempo de prescripción corresponde a la mitad de la máxima condena a imponer, contados a partir de que queda en firme la acusación. En ningún caso puede ser inferior a 5 años y mayor a 20. En el proceso de Arauca, todos fueron condenados por rebelión, delito que tiene una pena máxima de 10 años. Es decir, la prescripción aplicaba a los cinco años, que se cumplieron en enero de 2010, fecha para la cual la sentencia no estaba en firme.
La decisión de la Corte Suprema se conoce cuando muchos de ellos ya se encuentran en libertad. Ahora lo estarán sin antecedentes penales por este gran escándalo de filtración del Eln en las alcaldías y la Gobernación de Arauca. Y lo más increíble, esta decisión les abre una posibilidad de demandar al Estado, a pesar de que existían pruebas en su contra.