Inpec alerta por comida con gusanos y más problemas con los alimentos en prisión

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer públicamente su preocupación sobre el servicio de alimentos en sus 132 prisiones a nivel nacional. A través de una denuncia, la entidad dio a conocer que en el 26% de las cárceles el problema ha sido catalogado como “crítico”. Alimentos en mal estado, gusanos en la comida, raciones incompletas y mantenimiento inadecuado de las cocinas, son parte del repertorio que internos a nivel nacional han denunciado.

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El llamado va dirigido a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), una entidad cercana al Inpec, que básicamente administra los potentes recursos destinados para el sistema penitenciario colombiano. La Uspec, por ejemplo, ha firmado contratos para alimentación que ya le han costado al Estado más de $500.000 millones por año. Recientemente, cambiaron los contratistas, pero los mismos operadores, según el Inpec, han fallado en sus compromisos con los internos.

Las cuentas del Inpec son así: En un 32% de las cárceles, no se cumplen con los gramajes establecidos en los acuerdos previos; en un 32% no se acata el menú proyectado para la población privada de la libertad; en un 28% se realizan constantes cambios; en un 21% no se cumple con la contratación y asistencia diaria por los profesionales contratados; lo más grave, según el instituto, es que en el 80% de las cárceles se incumple con el suministro e instalación de los equipos de abastecimiento.

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“Lo anterior se refleja en una alimentación poco apetitosa, poco nutritiva e insuficiente, generando descontento en la población interna y ocasionando problemas de seguridad al interior de los establecimientos. En muchos establecimientos los contratistas de alimentación no hacen acompañamiento de los procesos que se deben seguir para preparar y distribuir los alimentos”, agrega el Inpec.

El instituto citó antecedentes que probarían su denuncia. Entre ellas, una reciente huelga de hambre en la cárcel La Picota de Bogotá, por la inadecuada prestación del servicio. Hay descontento por los horarios, los menús, las dietas y la presencia de gusanos en la comida. Aparte de ello, se suma a que los prisioneros desde 1998 viven en una grave y masiva violación de derechos humanos, como lo ha declarado la Corte Constitucional en tres oportunidades.

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En la cárcel Pedregal, en Antioquia, hay información por dos intoxicaciones alimentarias seguidas y cierres sanitarios de los servicios de alimentación ordenados por la Secretaría de Salud de Medellín. En la cárcel de Yopal, incluso, los internos sostienen judicialmente una acción popular para ser tratados mejor. La cárcel de Guaduas, Cundinamarca, también reporta incidentes por presencia de gusanos blancos vivos.

“Algunos de los operadores de alimentación justifican sus fallas por la pérdida de materias primas e intimidación al interior de los establecimientos, pero a la fecha, el Inpec no ha recibido de manera oficial ninguna denuncia por parte de los mismos y en caso de recibirla se harán las investigaciones correspondientes. Sin embargo, esto no justifica la mala prestación del servicio”, concluye el instituto. Agrega que la interventoría de los contratos de la Uspec les da la razón y, a pesar de ello, la comida sigue llegando en mal estado.

Lea también: Los contratos por $17.000 millones que tienen en juicio a exfuncionarios de Uspec

De hecho, El Espectador conoció una reciente denuncia pública del patio n°1 de la cárcel de Combita, en Boyacá. Los internos se quejan de que el contratista Unión Temporal Nutry U.S.P.C lleva apenas unos días prestando el servicio y, al parecer, ya se empiezan a presentar las primeras irregularidades. Señalaron que el pasado 14 de febrero la ensalada llegó con menos ingredientes de lo proyectado, situación que se habría repetido durante esa semana. Además, que la carne “termina en la caneca de los desperdicios”, dado que supuestamente llega al establecimiento en pésimas condiciones.

En diálogo con este diario, el director de la Uspec, Andrés Díaz, explicó que ya solicitó un informe técnico para ponerle la lupa a la situación denunciada en el video. “Puede haber una manipulación del alimento. El lunes esperemos que nos den la respuesta de un análisis microbiológico. Vamos a revisar con los operadores de alimentos y la interventoría las acciones que se hacen. Son 120.000 personas que reciben tres momentos de alimentación en el día y es posible que algo pueda no estar funcionando perfectamente. Pero el servicio no está funcionando mal de manera generalizada”, dijo

Agregó que los nuevos contratos entraron en vigencia en diciembre y que hay 17 operadores encargados del servicio a nivel nacional. “Hace seis años no se realizaba una licitación pública sobre el tema. Creemos que el inicio de una operación tan compleja puede presentarse alguna dificultad, sin embargo, los operadores son empresas que deben tener todas las condiciones tanto económicas, técnicas y humanas para prestar un servicio adecuado. La transición ha sido menos compleja de lo que pensamos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer públicamente su preocupación sobre el servicio de alimentos en sus 132 prisiones a nivel nacional. A través de una denuncia, la entidad dio a conocer que en el 26% de las cárceles el problema ha sido catalogado como “crítico”. Alimentos en mal estado, gusanos en la comida, raciones incompletas y mantenimiento inadecuado de las cocinas, son parte del repertorio que internos a nivel nacional han denunciado.

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El llamado va dirigido a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), una entidad cercana al Inpec, que básicamente administra los potentes recursos destinados para el sistema penitenciario colombiano. La Uspec, por ejemplo, ha firmado contratos para alimentación que ya le han costado al Estado más de $500.000 millones por año. Recientemente, cambiaron los contratistas, pero los mismos operadores, según el Inpec, han fallado en sus compromisos con los internos.

Las cuentas del Inpec son así: En un 32% de las cárceles, no se cumplen con los gramajes establecidos en los acuerdos previos; en un 32% no se acata el menú proyectado para la población privada de la libertad; en un 28% se realizan constantes cambios; en un 21% no se cumple con la contratación y asistencia diaria por los profesionales contratados; lo más grave, según el instituto, es que en el 80% de las cárceles se incumple con el suministro e instalación de los equipos de abastecimiento.

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“Lo anterior se refleja en una alimentación poco apetitosa, poco nutritiva e insuficiente, generando descontento en la población interna y ocasionando problemas de seguridad al interior de los establecimientos. En muchos establecimientos los contratistas de alimentación no hacen acompañamiento de los procesos que se deben seguir para preparar y distribuir los alimentos”, agrega el Inpec.

El instituto citó antecedentes que probarían su denuncia. Entre ellas, una reciente huelga de hambre en la cárcel La Picota de Bogotá, por la inadecuada prestación del servicio. Hay descontento por los horarios, los menús, las dietas y la presencia de gusanos en la comida. Aparte de ello, se suma a que los prisioneros desde 1998 viven en una grave y masiva violación de derechos humanos, como lo ha declarado la Corte Constitucional en tres oportunidades.

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En la cárcel Pedregal, en Antioquia, hay información por dos intoxicaciones alimentarias seguidas y cierres sanitarios de los servicios de alimentación ordenados por la Secretaría de Salud de Medellín. En la cárcel de Yopal, incluso, los internos sostienen judicialmente una acción popular para ser tratados mejor. La cárcel de Guaduas, Cundinamarca, también reporta incidentes por presencia de gusanos blancos vivos.

“Algunos de los operadores de alimentación justifican sus fallas por la pérdida de materias primas e intimidación al interior de los establecimientos, pero a la fecha, el Inpec no ha recibido de manera oficial ninguna denuncia por parte de los mismos y en caso de recibirla se harán las investigaciones correspondientes. Sin embargo, esto no justifica la mala prestación del servicio”, concluye el instituto. Agrega que la interventoría de los contratos de la Uspec les da la razón y, a pesar de ello, la comida sigue llegando en mal estado.

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De hecho, El Espectador conoció una reciente denuncia pública del patio n°1 de la cárcel de Combita, en Boyacá. Los internos se quejan de que el contratista Unión Temporal Nutry U.S.P.C lleva apenas unos días prestando el servicio y, al parecer, ya se empiezan a presentar las primeras irregularidades. Señalaron que el pasado 14 de febrero la ensalada llegó con menos ingredientes de lo proyectado, situación que se habría repetido durante esa semana. Además, que la carne “termina en la caneca de los desperdicios”, dado que supuestamente llega al establecimiento en pésimas condiciones.

En diálogo con este diario, el director de la Uspec, Andrés Díaz, explicó que ya solicitó un informe técnico para ponerle la lupa a la situación denunciada en el video. “Puede haber una manipulación del alimento. El lunes esperemos que nos den la respuesta de un análisis microbiológico. Vamos a revisar con los operadores de alimentos y la interventoría las acciones que se hacen. Son 120.000 personas que reciben tres momentos de alimentación en el día y es posible que algo pueda no estar funcionando perfectamente. Pero el servicio no está funcionando mal de manera generalizada”, dijo

Agregó que los nuevos contratos entraron en vigencia en diciembre y que hay 17 operadores encargados del servicio a nivel nacional. “Hace seis años no se realizaba una licitación pública sobre el tema. Creemos que el inicio de una operación tan compleja puede presentarse alguna dificultad, sin embargo, los operadores son empresas que deben tener todas las condiciones tanto económicas, técnicas y humanas para prestar un servicio adecuado. La transición ha sido menos compleja de lo que pensamos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.