Inpec pide cambiar sitio de reclusión de Monsalve por motivos de seguridad
El mayor general Mariano Botero Coy, director del Inpec, pidió a la Corte Suprema de Justicia cambiar el lugar de reclusión de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en la investigación contra el expresidente Uribe por posible fraude procesal y soborno en actuación penal.
Al despacho del magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, llegó un requerimiento del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el mayor general Mariano Botero Coy ¿La petición? Cambiar el lugar de reclusión del testigo Juan Guillermo Monsalve, clave en la investigación contra Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.
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Juan Guillermo Monsalve está recluido en la casa fiscal de la cárcel La Picota, en Bogotá, desde el 2 de abril de 2018. Entonces, el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, ordenó a las autoridades penitenciarias llevarlo allí por motivos de seguridad. Para el momento que la alta corte ordenó la medida, ya había iniciado indagación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado por el senador Iván Cépeda de manipular testigos, como Monsalve, en investigaciones por paramilitarismo en Antioquia.
Ahora, casi tres años después, en medio de la preclusión solicitada por el fiscal Gabriel Jaimes para el expediente Uribe Vélez, el Inpec le solicita a la Corte Suprema de Justicia cambiar el lugar de reclusión de Monsalve, también por motivos de seguridad. De acuerdo con el mayor general Botero, tampoco se cumplen las garantías de “custodia y vigilancia” para el testigo, condenado a 40 años por secuestro extorsivo como miembro de Los Rastrojos.
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“De manera respetuosa me permito solicitar se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que este no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad ni hace parte del mismo”, allegó Botero Coy a la Corte Suprema de Justicia. Además, el director del Inpec dijo que esa casa fiscal solo tiene como finalidad el alojamiento del director de La Picota.
El testigo Juan Guillermo Monsalve es crucial en las denuncias que el senador Iván Cépeda contra Álvaro Uribe Vélez, pues desde 2012 ha sostenido que el exmandatario fue uno de los creadores del Bloque Metro de las AUC en Antioquia. Monsalve le dijo a la Corte Suprema que, en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, paramilitares sostenían reuniones para llevar a cabo operaciones en la región.
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En una entrevista, con fecha de 27 de septiembre de 2012 y ante la Fiscalía Delegada para la Corte Suprema, Monsalve dijo que Álvaro Uribe tenía planeado montar un “matadero regional”, pues no estaba de acuerdo con que el Eln hubieses incendiado la hacienda Guacharacas, en 1996, y por la muerte unos policías y una mujer embarazada. El exmandatario, por su parte, ha negado todas las acusaciones que ha hecho el testigo y, en su defensa, ha dicho que Iván Cépeda le ha ofrecido beneficios judiciales a cambio de esas supuestas patrañas.
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Juan Guillermo Monsalve es clave para el proceso, también, porque ha sostenido que emisarios del expresidente Uribe, como el acusado Diego Cadena, lo han buscado durante los últimos años para que cambie su posición. Tales serían los indicios de la Corte Suprema, por estos supuestos hechos, que el 4 de agosto de 2020 ordenó detención domiciliaria contra el exmandatario, mientras seguía en curo su investigación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Sin embargo, el 18 de agosto pasado, el líder natural del Centro Democrático renunció a su curul en el Congreso, explicando que no se sentía investigado por una corporación que le ofreciera garantías. El caso cayó en la justicia ordinaria y desde entonces, diferentes jueces de Bogotá se han pronunciado sobre la situación judicial de Uribe. Hoy está libre, imputado por los delitos antes reseñados, pero el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, sigue esperando su momento para explicar el porqué, en su concepto, el investigado no debe ir a juicio.
Por otro lado, el senador Iván Cepeda, quien funge como víctima en el caso del expresidente, reaccionó a la solicitud del Inpec de trasladar a Monsalve a un pabellón donde le brinden mayor seguridad, tal como lo indiga el vocero del Instituto. El congresista del Polo cuestionó que no se pueda garantizar la seguridad del testigo en una casa fiscal, pero sí en un patio donde hace algún tiempo, dice, intentaron envenenarlo.
Al despacho del magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, llegó un requerimiento del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el mayor general Mariano Botero Coy ¿La petición? Cambiar el lugar de reclusión del testigo Juan Guillermo Monsalve, clave en la investigación contra Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.
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Juan Guillermo Monsalve está recluido en la casa fiscal de la cárcel La Picota, en Bogotá, desde el 2 de abril de 2018. Entonces, el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, ordenó a las autoridades penitenciarias llevarlo allí por motivos de seguridad. Para el momento que la alta corte ordenó la medida, ya había iniciado indagación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado por el senador Iván Cépeda de manipular testigos, como Monsalve, en investigaciones por paramilitarismo en Antioquia.
Ahora, casi tres años después, en medio de la preclusión solicitada por el fiscal Gabriel Jaimes para el expediente Uribe Vélez, el Inpec le solicita a la Corte Suprema de Justicia cambiar el lugar de reclusión de Monsalve, también por motivos de seguridad. De acuerdo con el mayor general Botero, tampoco se cumplen las garantías de “custodia y vigilancia” para el testigo, condenado a 40 años por secuestro extorsivo como miembro de Los Rastrojos.
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“De manera respetuosa me permito solicitar se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que este no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad ni hace parte del mismo”, allegó Botero Coy a la Corte Suprema de Justicia. Además, el director del Inpec dijo que esa casa fiscal solo tiene como finalidad el alojamiento del director de La Picota.
El testigo Juan Guillermo Monsalve es crucial en las denuncias que el senador Iván Cépeda contra Álvaro Uribe Vélez, pues desde 2012 ha sostenido que el exmandatario fue uno de los creadores del Bloque Metro de las AUC en Antioquia. Monsalve le dijo a la Corte Suprema que, en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, paramilitares sostenían reuniones para llevar a cabo operaciones en la región.
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En una entrevista, con fecha de 27 de septiembre de 2012 y ante la Fiscalía Delegada para la Corte Suprema, Monsalve dijo que Álvaro Uribe tenía planeado montar un “matadero regional”, pues no estaba de acuerdo con que el Eln hubieses incendiado la hacienda Guacharacas, en 1996, y por la muerte unos policías y una mujer embarazada. El exmandatario, por su parte, ha negado todas las acusaciones que ha hecho el testigo y, en su defensa, ha dicho que Iván Cépeda le ha ofrecido beneficios judiciales a cambio de esas supuestas patrañas.
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Sin embargo, el 18 de agosto pasado, el líder natural del Centro Democrático renunció a su curul en el Congreso, explicando que no se sentía investigado por una corporación que le ofreciera garantías. El caso cayó en la justicia ordinaria y desde entonces, diferentes jueces de Bogotá se han pronunciado sobre la situación judicial de Uribe. Hoy está libre, imputado por los delitos antes reseñados, pero el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, sigue esperando su momento para explicar el porqué, en su concepto, el investigado no debe ir a juicio.
Por otro lado, el senador Iván Cepeda, quien funge como víctima en el caso del expresidente, reaccionó a la solicitud del Inpec de trasladar a Monsalve a un pabellón donde le brinden mayor seguridad, tal como lo indiga el vocero del Instituto. El congresista del Polo cuestionó que no se pueda garantizar la seguridad del testigo en una casa fiscal, pero sí en un patio donde hace algún tiempo, dice, intentaron envenenarlo.