Inspeccionan subcuenta desde la que habría salido plata para comprar carrotanques
La Procuraduría hizo una visita este miércoles a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) para revisar una subcuenta de $3 billones, desde la cual habría salido el dinero para comprar los 40 carrotanques con presuntos sobrecostos para La Guajira.
En medio del escándalo por presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), la Procuraduría realizó una nueva inspección a las instalaciones de la entidad. En la mañana de este jueves, Marcio Melgosa, procurador delegado para la función pública, lideró la visita a la cuestionada entidad y se reunió en la Sala de Crisis con el director Carlos Carrillo.
El tema central de la visita, de acuerdo con fuentes cercanas a la reunión, fue revisar la vigencia de la subcuenta Colombia Vital, una subcuenta temporal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), que maneja los recursos para la respuesta y recuperación de la Situación de Desastre de Carácter Nacional.
Con dicha subcuenta, de acuerdo con fuentes de la Ungrd, se destinarían los recursos para atender todos los problemas relacionados con el fenómeno del niño. De allí, según pudo conocer este diario con fuentes del Ministerio Público, salió una parte de dinero con el que se compraron los polémicos carrotanques para La Guajira.
Por ahora, el Ministerio Público evalúa la cantidad exacta de dinero que salió de esa subcuenta para el cuestionado contrato. Asimismo, estudia la vigencia que tuvo y en qué se usó todo el presupuesto con el que contaba Colombia Vital.
En marzo de este año iniciaron las investigaciones de la Procuraduría para determinar si se presentaron irregularidades en la compra de 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira. Precisamente por este presunto escándalo de corrupción fue que el Ministerio Público le abrió un proceso disciplinario al exdirector de la entidad Olmedo López. Más tarde, anunciaron que dos funcionarios más de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fueron vinculados a la investigación.
Se trata de Víctor Andrés Meza Galván, subdirector general de la UNGRD y Sneyder Augusto Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Las denuncias que se conocieron sobre este tema daban cuenta de que los vehículos fueron adquiridos entre la Unidad de Gestión de Riesgo y la Empresa Impoamericana Roger por más de 40.000 millones, empresa que tiene por objeto social la exportación de abarrotes. Las denuncias señalan que esta empresa contaba con un capital de $700 millones para un negocio de más de $12.000.
Actualmente, tanto Olmedo, como Pinilla, se encuentran tratando de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, además recibieron un esquema de seguridad para poder entregar sus testimonios. Por su parte, Pinilla le había revelado a varios medios de comunicación que el contrato habría tenido sobrecostos por más de $20.000 millones, con los cuales se habrían terminado engrosando los bolsillos de altos funcionarios públicos. En este caso, presuntamente $3.000 millones fueron para Iván Name, presidente del Senado, y $1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara.
Dichas entregas, según el relato de Pinilla, se llevaron a cabo entre septiembre y octubre del año pasado, después de varias reuniones que, manifiesta, se llevaron a cabo con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. ¿El propósito? Al parecer, lograr una ayuda para gestionar las iniciativas de gobierno en el Congreso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En medio del escándalo por presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), la Procuraduría realizó una nueva inspección a las instalaciones de la entidad. En la mañana de este jueves, Marcio Melgosa, procurador delegado para la función pública, lideró la visita a la cuestionada entidad y se reunió en la Sala de Crisis con el director Carlos Carrillo.
El tema central de la visita, de acuerdo con fuentes cercanas a la reunión, fue revisar la vigencia de la subcuenta Colombia Vital, una subcuenta temporal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), que maneja los recursos para la respuesta y recuperación de la Situación de Desastre de Carácter Nacional.
Con dicha subcuenta, de acuerdo con fuentes de la Ungrd, se destinarían los recursos para atender todos los problemas relacionados con el fenómeno del niño. De allí, según pudo conocer este diario con fuentes del Ministerio Público, salió una parte de dinero con el que se compraron los polémicos carrotanques para La Guajira.
Por ahora, el Ministerio Público evalúa la cantidad exacta de dinero que salió de esa subcuenta para el cuestionado contrato. Asimismo, estudia la vigencia que tuvo y en qué se usó todo el presupuesto con el que contaba Colombia Vital.
En marzo de este año iniciaron las investigaciones de la Procuraduría para determinar si se presentaron irregularidades en la compra de 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira. Precisamente por este presunto escándalo de corrupción fue que el Ministerio Público le abrió un proceso disciplinario al exdirector de la entidad Olmedo López. Más tarde, anunciaron que dos funcionarios más de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fueron vinculados a la investigación.
Se trata de Víctor Andrés Meza Galván, subdirector general de la UNGRD y Sneyder Augusto Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Las denuncias que se conocieron sobre este tema daban cuenta de que los vehículos fueron adquiridos entre la Unidad de Gestión de Riesgo y la Empresa Impoamericana Roger por más de 40.000 millones, empresa que tiene por objeto social la exportación de abarrotes. Las denuncias señalan que esta empresa contaba con un capital de $700 millones para un negocio de más de $12.000.
Actualmente, tanto Olmedo, como Pinilla, se encuentran tratando de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, además recibieron un esquema de seguridad para poder entregar sus testimonios. Por su parte, Pinilla le había revelado a varios medios de comunicación que el contrato habría tenido sobrecostos por más de $20.000 millones, con los cuales se habrían terminado engrosando los bolsillos de altos funcionarios públicos. En este caso, presuntamente $3.000 millones fueron para Iván Name, presidente del Senado, y $1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara.
Dichas entregas, según el relato de Pinilla, se llevaron a cabo entre septiembre y octubre del año pasado, después de varias reuniones que, manifiesta, se llevaron a cabo con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. ¿El propósito? Al parecer, lograr una ayuda para gestionar las iniciativas de gobierno en el Congreso.
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