Instalan cámaras de desinfección para entrada de guardianes a las cárceles

Una de las más grandes preocupaciones en el mundo es que el COVID-19 llegue a las cárceles. En Colombia, donde los penales tienen un hacinamiento que supera el 50% y hay unas precarias condiciones de salubridad, el panorama es desolador. Por eso, desde el pasado 12 de marzo se tomaron medidas como la suspensión total de las visitas, dejando dudas entre expertos sobre otros posibles portadores del virus: los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En algunos centros de reclusión, parecen haber encontrado una salida.

(Le puede interesar: Las cárceles de cara al Covid-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento)

Según informó el Inpec, en cuatro centros de reclusión han instalado ya cámaras de desinfección con sensores que se activan cuando un dragoneante pasa. El proceso es sencillo: la persona que vaya a ingresar al penal debe pasar por detector de metales en arco que, al detectar su presencia, le rocía con amonio cuaternario, un fuerte desinfectante. Con esto, buscan evitar que los guardianes, que al terminar el turno regresan a sus casas, puedan llegar a transmitirle el virus a los internos.

Estos dispositivos, aseguró la entidad, ya fueron instalados en cuatro penales: En la cárcel La Picota de Bogotá, en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí (Valle del Cauca), en La Picaleña de Ibagué (Tolima) y en el centro de reclusión de mujeres de Armenia (Quindío). El Inpec planea instalar estos dispositivos en los centros de reclusión más grandes, que son los más vulnerables ante un eventual brote de COVID-19, sin embargo, aclaró que esto depende de los directores de cada cárcel.

(Le puede interesar: Lo que se sabe del fallido motín de la cárcel Modelo que acabó en matanza)

Precisamente exigiendo medidas en para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, cientos de internos de diferentes cárceles del país han venido organizando protestas coordinadas. Una de las primeras, el pasado 22 de marzo, en la cárcel La Modelo de Bogotá se salió de control, se tornó en motín y la noche cerró con 23 internos muertos, 83 heridos y otros 7 guardianes también heridos. Al día siguiente, el director del Inpec, general Norberto Mujica, declaró la emergencia carcelaria.

Días después, el general Mujica les dio facultades de contratación directa a todos los directores de cárceles “con el fin de surtir los trámites de contratación requeridos para atender de manera urgente e inmediata la mitigación del impacto sanitario y garantizar la salud de la población privada de la libertad, las condiciones laborales de los servidores penitenciarios y auxiliares bachilleres, así como todo lo necesario para el cumplimiento de la misionalidad”.

(Le puede interesar: Gobierno declara la emergencia carcelaria)

Sin embargo, académicos, abogados y organizaciones de derechos humanos insisten en que es necesario reducir el hacinamiento en las cárceles y exigen un decreto que permita excarcelar a miles de presos. El Gobierno dice que está trabajando en la norma, pero hasta ahora solo se conoce el que sería el borrador.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

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Estos dispositivos, aseguró la entidad, ya fueron instalados en cuatro penales: En la cárcel La Picota de Bogotá, en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí (Valle del Cauca), en La Picaleña de Ibagué (Tolima) y en el centro de reclusión de mujeres de Armenia (Quindío). El Inpec planea instalar estos dispositivos en los centros de reclusión más grandes, que son los más vulnerables ante un eventual brote de COVID-19, sin embargo, aclaró que esto depende de los directores de cada cárcel.

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Días después, el general Mujica les dio facultades de contratación directa a todos los directores de cárceles “con el fin de surtir los trámites de contratación requeridos para atender de manera urgente e inmediata la mitigación del impacto sanitario y garantizar la salud de la población privada de la libertad, las condiciones laborales de los servidores penitenciarios y auxiliares bachilleres, así como todo lo necesario para el cumplimiento de la misionalidad”.

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Sin embargo, académicos, abogados y organizaciones de derechos humanos insisten en que es necesario reducir el hacinamiento en las cárceles y exigen un decreto que permita excarcelar a miles de presos. El Gobierno dice que está trabajando en la norma, pero hasta ahora solo se conoce el que sería el borrador.

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