Interceptaciones de la Corte Suprema a Uribe y Diego Cadena son pruebas legales

A la par con el extenso caso Uribe por supuesto soborno a testigos, se desarrolla el juicio contra el abogado sancionado Diego Cadena, antiguo representante del expresidente. Son decenas las pruebas que serán tenidas en cuenta para declararlo inocente o culpable por presuntamente sobornar testigos a favor de Uribe. Sin embargo, a partir de hoy será decretada una nueva prueba en el expediente: las interceptaciones telefónicas entre el acusado y el exmandatario nacional.

En contexto: Caso Uribe: abogado Diego Cadena quedó en libertad por orden de un juez

Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 3 Penal de Conocimiento de Bogotá, que lleva el caso, deberá incorporar las comunicaciones entre ambos. Se trata del grupo de interceptaciones que la Corte Suprema de Justicia recopiló durante la investigación contra el expresidente, que incluso llevaron a que fuera ordenada prisión domiciliaria en su contra. Todo esto antes de que Uribe renunciara al Congreso, en 2020, y el proceso quedara en manos de la Fiscalía, la cual se ha negado a llevar a juicio al exmandatario.

Para el Tribunal, no tiene sentido que se haya negado la inclusión de las interceptaciones, si dentro del proceso de la Corte Suprema fueron obtenidas lícitamente, mediando orden judicial. Y aunque las reglas del Código Penal establecen que no se pueden interceptar las comunicaciones del defensor de un investigado, en este caso se tiene que, durante las conversaciones, Cadena no cumplía el rol de abogado de Uribe. En dicha investigación, se buscaba la complicidad del abogado para, supuestamente, torcer testigos que hablaran a favor del Uribe en casos por supuesto apoyo al paramilitarismo.

Le puede interesar: En interrogatorio con la Fiscalía, Diego Cadena pidió disculpas

“Con relación a los informes que contienen la transliteración de las interceptaciones, no hay duda de que, habiéndose decretado las respectivas grabaciones, en línea de principio, tales medios serían superfluos. No obstante, siendo más simple, sencillo y ágil tanto la práctica como el manejo y el estudio de las transliteraciones que lo atinente a las grabaciones, para la Sala, razones de celeridad, aconsejan autorizar su incorporación”, agregó el Tribunal.

Cadena está en libertad desde julio del año pasado por vencimiento de términos. Sin embargo, su juicio sigue en pie por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La acusación en su contra establece que al exparamilitar Carlos Enrique Vélez le habría entregado hasta $200 millones para que testificara, en procesos relacionados con las autodefensas, a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Y, además, por presuntamente ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el exmandatario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A la par con el extenso caso Uribe por supuesto soborno a testigos, se desarrolla el juicio contra el abogado sancionado Diego Cadena, antiguo representante del expresidente. Son decenas las pruebas que serán tenidas en cuenta para declararlo inocente o culpable por presuntamente sobornar testigos a favor de Uribe. Sin embargo, a partir de hoy será decretada una nueva prueba en el expediente: las interceptaciones telefónicas entre el acusado y el exmandatario nacional.

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Para el Tribunal, no tiene sentido que se haya negado la inclusión de las interceptaciones, si dentro del proceso de la Corte Suprema fueron obtenidas lícitamente, mediando orden judicial. Y aunque las reglas del Código Penal establecen que no se pueden interceptar las comunicaciones del defensor de un investigado, en este caso se tiene que, durante las conversaciones, Cadena no cumplía el rol de abogado de Uribe. En dicha investigación, se buscaba la complicidad del abogado para, supuestamente, torcer testigos que hablaran a favor del Uribe en casos por supuesto apoyo al paramilitarismo.

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Cadena está en libertad desde julio del año pasado por vencimiento de términos. Sin embargo, su juicio sigue en pie por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La acusación en su contra establece que al exparamilitar Carlos Enrique Vélez le habría entregado hasta $200 millones para que testificara, en procesos relacionados con las autodefensas, a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Y, además, por presuntamente ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el exmandatario.

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