Las cuatro investigaciones de Benedetti que quedaron en manos de la Fiscalía
La Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía cuatro expedientes que vinculaban al nuevo embajador de Colombia en Venezuela. La decisión obedece a que el alto tribunal perdió competencia para investigarlo.
Luego de que el exsenador del Partido de la U, Armando Benedetti, tomó posesión como embajador de Colombia en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía cuatro investigaciones que tenía por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia. Las decisiones las tomaron en los despachos de los magistrados Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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La Corte decidió que no había competencia para investigar al exsenador debido a que solo tendría esa responsabilidad si tuviese fuero como congresista. El magistrado Héctor Alarcón remitió el expediente que vincula la violación de comunicaciones, que relaciona un escándalo de supuestas “chuzadas” que se destapó en 2018. El proceso de tráfico de influencias fue remitido por el magistrado Misael Rodríguez y vincula irregularidades en contratos Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el magistrado César Reyes envió el de injuria y calumnia, así como el de enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones
La investigación de enriquecimiento ilícito estaba en poder de la magistrada Cristina Lombana, pero como el exsenador presentó una recusación en su contra, el expediente quedó en manos del magistrado Reyes mientras se resolvía ese recurso. Los movimientos judiciales más recientes en sus procesos se registraron en julio de este año cuando la magistrada Lombana lo llamó a indagatoria por el escándalo de corrupción que vincula al Fonade. En ese entonces, el excongresista es llamado de manera oficial ante los estrados judiciales por los delitos de interés indebido en contratos y tráfico de influencias.
Una vez se conoció de esta situación, el exsenador Benedetti negó rotundamente todo vinculo con el escándalo de corrupción y eso lo llevó, recientemente, a presentar una acción de tutela en contra de la magistrada Lombana alegando su inocencia. “He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema”, dijo en su momento el político.
En este caso, Benedetti está ante la palestra pública por cuenta de un testimonio clave en la investigación. Se trata de Jorge Iván Henao, asesor de gerencia en Fonade durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. El exfuncionario ha dicho que era ficha clave del exsenador Bernardo “Ñoño” Elías para moverse en esa entidad. Las declaraciones que no solo están en el despacho de Lombana, sino también en un expediente de la Fiscalía desde 2018, da cuenta de una “red de corrupción” entre ellos, los congresistas Elías y Musa Besaile, quienes se habrían quedado con un porcentaje de un contrato de 2016 por $16.000 millones, relacionado con viviendas de interés social.
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El testigo estrella ha dicho que a través del “Ñoño” Elías, conoció a Benedetti en el Congreso en 2016 y que para direccionar un contrato a una empresa conocida como Certicámaras, Armando Benedetti habría delegado a dos personas de su confianza: Elsy Pinzón Barrera, su asesora en el Senado, y Juan Carlos Santofimio, representante de Certicámaras. “Esta empresa resultó adjudicataria de un contrato en Fonade que recuerdo está entre los $500 y $1.000 millones. Este fue mediado y recomendado por el senador Benedetti”, le dijo Henao a la Fiscalía desde 2018 luego de que firmara una matriz de colaboración.
Otro expediente en contra del exsenador es el de enriquecimiento ilícito. En este caso, el político barranquillero fue citado a indagatoria en la Sala de Instrucción en marzo de 2021 porque habría aumentado su patrimonio en casi $3.000 millones, en las dos décadas que estuvo en el Congreso, pero, al parecer, ese dinero no provino de sus labores como legislador. Además, en el marco de esa investigación formal, el alto tribunal pidió información sobre las cuentas bancarias que Benedetti tiene en Estados Unidos, según conoció este diario.
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Las pruebas que recaudó la Corte darían cuenta de que, durante el tiempo que Benedetti fue congresista, particularmente entre 2002 y 2018, su patrimonio creció, sin que esos ingresos provinieran de sus labores como legislador, dice la decisión que conoció El Espectador. En 2008, por ejemplo, a Benedetti le habrían entrado $611.000 más de lo que reportó como sus ingresos de congresista; en 2009 esa cifra subió a $169 millones; en 2014 no tendría cómo justificar $76 millones; otros $17 millones en 2015 y $717 millones en 2016.
El expediente de “chuzadas” que también enreda al exsenador tuvo origen en un escándalo que se destapó en 2018 luego de que judicializaran a exmiembros de la fuerza pública y una exfuncionaria del Ministerio de las Tic por, supuestamente, interceptar comunicaciones de manera ilícita. En su momento, mencionaron que el exsenador contactó al ingeniero Juan Carlos Madero para, según sus palabras, interceptar las comunicaciones del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y su esposa.
Madero se convirtió en pieza clave en la investigación en contra del exsenador al punto que la Corte no permitiese que se trasladara de Bogotá donde estaba entregando información. En su momento, la petición que le hizo la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía es que, a través de su programa de protección de testigos, se protegiera y garantizara la seguridad del ingeniero.
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Además de ello, el exsenador Benedetti también ha tenido otro tipo de movimientos en sus investigaciones, por ejemplo, el que lo vinculaba con el escándalo de corrupción de Odebrecht. En mayo de este año, luego de más de cuatro años de investigaciones en la Corte Suprema, el político salió bien librado de las pesquisas judiciales por sus supuestos vínculos con la multinacional Odebrecht. El alto tribunal ordenó el archivo del expediente en el que había supuestas evidencias de que el excongresista habría favorecido a la empresa brasileña en la firma de un contrato de estabilidad jurídica en 2012.
Sobre el envío de expedientes a la Fiscalía, el equipo de abogados del exsenador hizo énfasis en la decisión de la Corte: “Queremos ser claros: el embajador no renunció a ningún fuero, ni eludió la competencia de la Corte. De oficio, la Corte cambió de investigador, pero sigue siendo su juez natural. Ahora le corresponde a la Fiscalía ser objetiva y reconocer la presunción de inocencia del embajador Benedetti. Hay pruebas y documentos que el mismo embajador quiere hacer públicas para mayor confianza de la ciudadanía”, resaltó su equipo de abogados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Luego de que el exsenador del Partido de la U, Armando Benedetti, tomó posesión como embajador de Colombia en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía cuatro investigaciones que tenía por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia. Las decisiones las tomaron en los despachos de los magistrados Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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La Corte decidió que no había competencia para investigar al exsenador debido a que solo tendría esa responsabilidad si tuviese fuero como congresista. El magistrado Héctor Alarcón remitió el expediente que vincula la violación de comunicaciones, que relaciona un escándalo de supuestas “chuzadas” que se destapó en 2018. El proceso de tráfico de influencias fue remitido por el magistrado Misael Rodríguez y vincula irregularidades en contratos Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el magistrado César Reyes envió el de injuria y calumnia, así como el de enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones
La investigación de enriquecimiento ilícito estaba en poder de la magistrada Cristina Lombana, pero como el exsenador presentó una recusación en su contra, el expediente quedó en manos del magistrado Reyes mientras se resolvía ese recurso. Los movimientos judiciales más recientes en sus procesos se registraron en julio de este año cuando la magistrada Lombana lo llamó a indagatoria por el escándalo de corrupción que vincula al Fonade. En ese entonces, el excongresista es llamado de manera oficial ante los estrados judiciales por los delitos de interés indebido en contratos y tráfico de influencias.
Una vez se conoció de esta situación, el exsenador Benedetti negó rotundamente todo vinculo con el escándalo de corrupción y eso lo llevó, recientemente, a presentar una acción de tutela en contra de la magistrada Lombana alegando su inocencia. “He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema”, dijo en su momento el político.
En este caso, Benedetti está ante la palestra pública por cuenta de un testimonio clave en la investigación. Se trata de Jorge Iván Henao, asesor de gerencia en Fonade durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. El exfuncionario ha dicho que era ficha clave del exsenador Bernardo “Ñoño” Elías para moverse en esa entidad. Las declaraciones que no solo están en el despacho de Lombana, sino también en un expediente de la Fiscalía desde 2018, da cuenta de una “red de corrupción” entre ellos, los congresistas Elías y Musa Besaile, quienes se habrían quedado con un porcentaje de un contrato de 2016 por $16.000 millones, relacionado con viviendas de interés social.
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El testigo estrella ha dicho que a través del “Ñoño” Elías, conoció a Benedetti en el Congreso en 2016 y que para direccionar un contrato a una empresa conocida como Certicámaras, Armando Benedetti habría delegado a dos personas de su confianza: Elsy Pinzón Barrera, su asesora en el Senado, y Juan Carlos Santofimio, representante de Certicámaras. “Esta empresa resultó adjudicataria de un contrato en Fonade que recuerdo está entre los $500 y $1.000 millones. Este fue mediado y recomendado por el senador Benedetti”, le dijo Henao a la Fiscalía desde 2018 luego de que firmara una matriz de colaboración.
Otro expediente en contra del exsenador es el de enriquecimiento ilícito. En este caso, el político barranquillero fue citado a indagatoria en la Sala de Instrucción en marzo de 2021 porque habría aumentado su patrimonio en casi $3.000 millones, en las dos décadas que estuvo en el Congreso, pero, al parecer, ese dinero no provino de sus labores como legislador. Además, en el marco de esa investigación formal, el alto tribunal pidió información sobre las cuentas bancarias que Benedetti tiene en Estados Unidos, según conoció este diario.
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Las pruebas que recaudó la Corte darían cuenta de que, durante el tiempo que Benedetti fue congresista, particularmente entre 2002 y 2018, su patrimonio creció, sin que esos ingresos provinieran de sus labores como legislador, dice la decisión que conoció El Espectador. En 2008, por ejemplo, a Benedetti le habrían entrado $611.000 más de lo que reportó como sus ingresos de congresista; en 2009 esa cifra subió a $169 millones; en 2014 no tendría cómo justificar $76 millones; otros $17 millones en 2015 y $717 millones en 2016.
El expediente de “chuzadas” que también enreda al exsenador tuvo origen en un escándalo que se destapó en 2018 luego de que judicializaran a exmiembros de la fuerza pública y una exfuncionaria del Ministerio de las Tic por, supuestamente, interceptar comunicaciones de manera ilícita. En su momento, mencionaron que el exsenador contactó al ingeniero Juan Carlos Madero para, según sus palabras, interceptar las comunicaciones del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y su esposa.
Madero se convirtió en pieza clave en la investigación en contra del exsenador al punto que la Corte no permitiese que se trasladara de Bogotá donde estaba entregando información. En su momento, la petición que le hizo la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía es que, a través de su programa de protección de testigos, se protegiera y garantizara la seguridad del ingeniero.
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Además de ello, el exsenador Benedetti también ha tenido otro tipo de movimientos en sus investigaciones, por ejemplo, el que lo vinculaba con el escándalo de corrupción de Odebrecht. En mayo de este año, luego de más de cuatro años de investigaciones en la Corte Suprema, el político salió bien librado de las pesquisas judiciales por sus supuestos vínculos con la multinacional Odebrecht. El alto tribunal ordenó el archivo del expediente en el que había supuestas evidencias de que el excongresista habría favorecido a la empresa brasileña en la firma de un contrato de estabilidad jurídica en 2012.
Sobre el envío de expedientes a la Fiscalía, el equipo de abogados del exsenador hizo énfasis en la decisión de la Corte: “Queremos ser claros: el embajador no renunció a ningún fuero, ni eludió la competencia de la Corte. De oficio, la Corte cambió de investigador, pero sigue siendo su juez natural. Ahora le corresponde a la Fiscalía ser objetiva y reconocer la presunción de inocencia del embajador Benedetti. Hay pruebas y documentos que el mismo embajador quiere hacer públicas para mayor confianza de la ciudadanía”, resaltó su equipo de abogados.
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