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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente una investigación en contra del excongresista Jhon Arley Murillo, por presuntos actos de corrupción cuando era director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Valle. Según el alto tribunal, Murillo habría pedido dineros a contratistas y empleados del Instituto para beneficiarse a nivel personal y político. El político fue citado a indagatoria por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad documental y corrupción y constreñimiento al sufragante.
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Los hechos que son investigados por la Corte Suprema son por una denuncia en la que se habla de supuestas irregularidades en las que habría incurrido Murillo cuando fue director del ICBF, regional Valle, entre 2008 a 2016. Además, según las denuncias, estas acciones del excongresista habrían continuado aún después de abandonar el cargo.
Según los hechos denunciados, cuando Murillo era director del ICBF en el Valle, al parecer exigió dinero a congresistas y a sus subordinados, además de obligarlos a asumir la compra de suministros de alimentos a dos empresas de las que él, supuestamente, controlaba directamente.
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Las presiones que supuestamente ejercía Murillo eran, no solo para beneficiarse personalmente de los dineros, sin también para un propósito político. Así, señalan las denuncias, buscaba que los contratistas y empleados de la región apoyaran su movimiento político.
Por los presuntos hechos denunciados, la Sala Especial de Instrucción investiga también si hubo irregularidades en la campaña con la que Murillo ganó una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022. La Corte, específicamente, indaga sobre posibles irregularidades en el informe de ingresos y gastos que le presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 11 de mayo de 2018. Al parecer, hay costos y pagos que no fueron reportados en ese documento.
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