Procuraduría indagará a la Aunap por irregularidades en millonario contrato
La Procuraduría tendrá que establecer si la entidad adscrita al Ministerio de Agricultura infringió el Estatuto General de Contratación en la operación por más de $14.900 millones.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa a funcionarios de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de botes a pescadores de bajos recursos del país.
La indagación se ordenó luego de que W Radio publicara una investigación en la que documentó cómo desde la entidad se habría entregado a dedo un contrato por más de $14.948 millones para comprar 283 botes y kits de pesca.
La operación se habría hecho a través de un convenio celebrado entre la Aunap, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, y la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior (Red Summa). El problema: se habría eludido el proceso de licitación pública para la entrega del contrato.
Además, la Red Summa no tendría experiencia en la construcción de embarcaciones. Además, se habría pactado la entrega de un adelanto del 50% del valor del contrato, que serían poco más de $7.000 millones.
Lea también: Cayó red de contrabando que movía más de $1.600 millones en mercancía en el Caribe
La celebración de la alianza fue ordenada el 14 de agosto de 2024 por Karen Elena Mejía Piñeres, directora de la Aunap. La otra aparte del contrato tiene investigaciones activas por otros hechos en la Procuraduría.
En el contrato se contempló la entrega de tres tipos de kits distintos: kit de pesca marina (90 corvinas y 90 motores de 40 caballos de fuerza), kit de pesca continental (83 canoas y 83 motores de 15 caballos de fuerza) y kit de pesca en ciénaga (110 canoas con 110 motores de 6 caballos de fuerza).
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El 31 de diciembre se cumple el término máximo para la ejecución del proyecto, plazo al que las autoridades también le están haciendo seguimiento.
Con la apertura de esta indagación previa, el Ministerio Público busca establecer quiénes serían los responsables directos de las irregularidades y si habrían incidido en una falta a la ley 80, que define el Estatuto General de Contratación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa a funcionarios de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de botes a pescadores de bajos recursos del país.
La indagación se ordenó luego de que W Radio publicara una investigación en la que documentó cómo desde la entidad se habría entregado a dedo un contrato por más de $14.948 millones para comprar 283 botes y kits de pesca.
La operación se habría hecho a través de un convenio celebrado entre la Aunap, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, y la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior (Red Summa). El problema: se habría eludido el proceso de licitación pública para la entrega del contrato.
Además, la Red Summa no tendría experiencia en la construcción de embarcaciones. Además, se habría pactado la entrega de un adelanto del 50% del valor del contrato, que serían poco más de $7.000 millones.
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La celebración de la alianza fue ordenada el 14 de agosto de 2024 por Karen Elena Mejía Piñeres, directora de la Aunap. La otra aparte del contrato tiene investigaciones activas por otros hechos en la Procuraduría.
En el contrato se contempló la entrega de tres tipos de kits distintos: kit de pesca marina (90 corvinas y 90 motores de 40 caballos de fuerza), kit de pesca continental (83 canoas y 83 motores de 15 caballos de fuerza) y kit de pesca en ciénaga (110 canoas con 110 motores de 6 caballos de fuerza).
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El 31 de diciembre se cumple el término máximo para la ejecución del proyecto, plazo al que las autoridades también le están haciendo seguimiento.
Con la apertura de esta indagación previa, el Ministerio Público busca establecer quiénes serían los responsables directos de las irregularidades y si habrían incidido en una falta a la ley 80, que define el Estatuto General de Contratación.
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