La Procuraduría abrió una investigación en contra del gobernador de Risaralda, Vítor Manuel Tamayo, por presuntas irregularidades en contratación para la adecuación de canchas de tenis para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023. El proyecto, que cuenta con una financiación de $8.890 millones de regalías, tendría un retraso de más del 93% y no podría ser entregado el 11 de noviembre, como se tiene previsto.
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La investigación también es contra el director de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda (EDUR), Mauricio Alejandro Gallego Jiménez; y Carlos Riaño, Zamudio, interventor del proyecto para la adecuación de canchas de tenis en Pereira. La decisión se tomó luego de que el pasado 14 de septiembre la procuradora general, Margarita Cabello, visitó el lugar en donde se construye el escenario deportivo.
De acuerdo con el Ministerio Público, específicamente con la procuraduría delegada para Seguimiento a Regalías, el proyecto habría sido formulado por la Gobernación del departamento “sin tener en cuenta las condiciones y cronograma técnico, que implicaban una ejecución de obras mínimo de 11 meses, con fecha de entrega el 31 de diciembre de 2023″. La inconsistencia que señala el ministerio público, “no fue advertida por el EDUR, que firmó los contratos de obra con esa fecha de entrega, sin reparar en que los juegos se realizarán entre el 11 y el 25 de noviembre de 2023″.
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Los análisis hechos por la Procuraduría darían cuenta de que “esa entidad lo habría promovido como una iniciativa de gran impacto regional, precisamente por estar destinado a albergar los Juegos Nacionales, a pesar de que la fecha de entrega de las obras era posterior a dicho certamen”. Dice el Ministerio Público también que de haber considerado el proyecto con la importancia que requiere y con “la presentación de un cronograma de trabajo diferente al planteado en principio, con fecha de entrega en los primeros días de noviembre, los representantes del gobierno departamental habrían logrado impulsar su aprobación y destinación de recursos por encima de otros proyectos que probablemente eran más urgentes”.
Hubo, además, otros inconvenientes en el proyecto que encontró la Procuraduría que han retrasado las obras. Según el Ministerio Público, “no cuenta con licencia de construcción aprobada y no reporta ejecución alguna en las plataformas digitales GESPROY y SECOP”.
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