Investigan posibles irregularidades en contrato de la Policía para uniformes
La Procuraduría advirtió que el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido precios estándar que fija la agencia de contratación estatal. Aunque pidió suspender el proceso de contratación, que asciende a $65.000 millones, la entidad, al parecer, contrató.
Al parecer, aunque la Procuraduría había pedido suspender una millonaria contratación en la Policía, el contrato, que supera los $65.000 millones, se firmó por y adjudicó en abril. En el proceso, supuestamente, no se respetaron los precios de referencia que determina la agencia de contratación estatal, y además se habrían saltado las alertas del Ministerio Público, con lo cual el órgano de control abrió una investigación disciplinaria.
(Lea también: ¿Uniformes de la Policía Nacional dejarán de ser verdes?)
Se trata de una subasta inversa que el Fondo Rotatorio de la Policía inició para adquirir telas y otros insumos necesarios para la confección de uniformes de la institución. Según dio a conocer la Procuraduría, “al parecer, el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido la utilización de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, a pesar de estar obligado a ello, por los bienes que pretendía adquirir”.
A finales de marzo, la Procuraduría alertó de posibles irregularidades en el proceso de contratación y le pidió al Fondo Rotatorio de la Policía explicaciones, así como suspender la subasta. La entidad hizo caso, aunque apenas por unos días. El 8 de abril, el director del Fondo, coronel Didier Alberto Estrada, contestó las inquietudes del Ministerio Público y le aseguró: “es importante recalcar que esta entidad en ningún momento actuó con intención de desconocer los acuerdos macro publicados por Colombia Compra Eficiente, ni la normativa aplicable al mismo”.
(Le puede interesar: Las nuevas conductas “gravísimas” que contempla la iniciativa de reforma policial)
En la respuesta a la Procuraduría, el coronel Estrada también dejó entrever que reanudaría el proceso de contratación, a pesar de las alertas. “Considerando que el Fondo Rotatorio de la Policía debe garantizar elementos de dotación policiales, se hace necesario el cumplimiento de compromisos adquiridos para la entrega de uniformes, por los cual la materia prima para la confección es el insumo principal para la operación de la fábrica de confecciones”, escribió el oficial.
Tres días más tarde, el 11 de abril, el coronel Estada reanudó la subasta. Al día siguiente, el Fondo Rotatorio de la Policía adjudicó el millonario contrato a tres oferentes. El primero, la Unión Temporal TIG Textil 2022 será el encargado de conseguir $58.000 millones en telas para la Policía. El segundo, la empresa Milfort, deberá conseguir insumos por $5.800 millones. El tercero, la empresa Texticorp, debe conseguir entretelas por $1.700 millones.
(Lea también: Reforma policial: un asunto de justicia y paz)
Al ver que el proceso fue adjudicado a pesar de sus alertas, la Procuraduría declaró: “Tomando en cuenta que el proceso de adquisición de insumos para la confección de uniformes ya fue adjudicado, será labor del operador disciplinario determinar la posible comisión de faltas y sus respectivas sanciones”. Ahora le corresponderá a un procurador determinar si hubo fallas disciplinarias en el proceso de contratación y si hay lugar a multas, destituciones o inhabilidades.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Al parecer, aunque la Procuraduría había pedido suspender una millonaria contratación en la Policía, el contrato, que supera los $65.000 millones, se firmó por y adjudicó en abril. En el proceso, supuestamente, no se respetaron los precios de referencia que determina la agencia de contratación estatal, y además se habrían saltado las alertas del Ministerio Público, con lo cual el órgano de control abrió una investigación disciplinaria.
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Se trata de una subasta inversa que el Fondo Rotatorio de la Policía inició para adquirir telas y otros insumos necesarios para la confección de uniformes de la institución. Según dio a conocer la Procuraduría, “al parecer, el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido la utilización de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, a pesar de estar obligado a ello, por los bienes que pretendía adquirir”.
A finales de marzo, la Procuraduría alertó de posibles irregularidades en el proceso de contratación y le pidió al Fondo Rotatorio de la Policía explicaciones, así como suspender la subasta. La entidad hizo caso, aunque apenas por unos días. El 8 de abril, el director del Fondo, coronel Didier Alberto Estrada, contestó las inquietudes del Ministerio Público y le aseguró: “es importante recalcar que esta entidad en ningún momento actuó con intención de desconocer los acuerdos macro publicados por Colombia Compra Eficiente, ni la normativa aplicable al mismo”.
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En la respuesta a la Procuraduría, el coronel Estrada también dejó entrever que reanudaría el proceso de contratación, a pesar de las alertas. “Considerando que el Fondo Rotatorio de la Policía debe garantizar elementos de dotación policiales, se hace necesario el cumplimiento de compromisos adquiridos para la entrega de uniformes, por los cual la materia prima para la confección es el insumo principal para la operación de la fábrica de confecciones”, escribió el oficial.
Tres días más tarde, el 11 de abril, el coronel Estada reanudó la subasta. Al día siguiente, el Fondo Rotatorio de la Policía adjudicó el millonario contrato a tres oferentes. El primero, la Unión Temporal TIG Textil 2022 será el encargado de conseguir $58.000 millones en telas para la Policía. El segundo, la empresa Milfort, deberá conseguir insumos por $5.800 millones. El tercero, la empresa Texticorp, debe conseguir entretelas por $1.700 millones.
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Al ver que el proceso fue adjudicado a pesar de sus alertas, la Procuraduría declaró: “Tomando en cuenta que el proceso de adquisición de insumos para la confección de uniformes ya fue adjudicado, será labor del operador disciplinario determinar la posible comisión de faltas y sus respectivas sanciones”. Ahora le corresponderá a un procurador determinar si hubo fallas disciplinarias en el proceso de contratación y si hay lugar a multas, destituciones o inhabilidades.
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