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El Inpec analiza la problemática que se viene registrando en las instalaciones de la cárcel de mediana y máxima seguridad de Valledupar y que ha generado varias denuncias por la violación de los derechos de los reclusos que desde hace más de un mes no cuentan con el suministro de agua potable, adicionalmente se registra hacinamiento e insalubridad en las instalaciones.
Al término de una reunión entre el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaute, las autoridades regionales y locales, se determinó que se pondrá en marcha un plan para superar la situación y detectar las posibles fallas en las que estaría incurriendo el personal de la cárcel.
En dicha reunión las autoridades locales expusieron posibles irregularidades en Derechos Humanos por presuntos malos tratos cometidos por funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, así como la deficiente prestación del servicio de salud, la falta de suministro del servicio del agua y las condiciones de hacinamiento actuales de la cárcel judicial, ubicada en una zona céntrica de la ciudad.
Para atender dichas inquietudes y los temas referidos, el general Ricaute, presentará propuestas muy puntuales a partir del análisis realizado por parte de su equipo de trabajo que inspeccionó el centro penitenciario y en el que se realizará un trabajo puntual en el fortalecimiento del respeto, promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad.
Según informó el Inpec, en el tema del agua el alcalde de Valledupar, reconoció los inconvenientes que se desprenden de la contratación hecha por el departamento y los incumplimientos del contratista.
Se espera que en los próximos días se logre controlar la difícil situación por la que atraviesan los reclusos, quienes señalan que la falta de agua es una forma de tortura, que se agudiza con la temperatura de entre 35 y 40 grados que tienen que soportar sin ventilación.