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La Procuraduría General acaba de informar que investigará a seis generales de las Fuerzas Militares. De acuerdo con el Ministerio Público, se pudo establecer por medio de pruebas y testimonios que en la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, (vereda El Alto Remanso) el pasado 28 de marzo de 2022, donde perdieron la vida 11 personas, “podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales”.
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Por esta razón, la actuación disciplinaria fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, que es la encargada de investigar a este rango de oficiales de la Fuerza Pública. Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público asumiera la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3 el pasado 18 de abril de 2022 y solicitará la práctica de nuevas pruebas.
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Luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación. En 2022 han sido expedidos diferentes autos que ordena la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido.
“Adicionalmente, se ha logrado una articulación interinstitucional con la Fiscalía, a través de la que se han realizado múltiples inspecciones a los procesos penal y disciplinario en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles”, señaló la Procuraduría General.
El 28 de marzo, el Ejército llegó a la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo. Once personas resultaron muertas y al menos cuatro más heridas. El Ministerio de Defensa informó que las personas fallecidas pertenecían a grupos armados ilícitos y remarcó la legitimidad de la operación ocurrida en una región con alta actividad criminal y de disputa territorial por parte de la criminalidad organizada del narcotráfico y de grupos paramilitares”, recogió el órgano, que tiene sede en Washington.
Organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los cuerpos identificados hasta el momento corresponden a personas integrantes de las comunidades indígenas y campesinas de la región. Entre ellas están Pablo Panduro Cochinche, Gobernador Indígena del Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, Ana María Sarrias y Didier Hernandes, Presidente de la Junta de Acción Comunal”.
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