Este viernes 9 de agosto se cumplen 30 años de asesinato de Manuel Cepeda Vargas, exsenador de la Unión Patriótica y padre del actual legislador Iván Cepeda. En la conmemoración de la fecha, en un evento en la Cancillería, el congresista y su hermana, María Cepeda, solicitarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tipifique el caso de la Unión Patriótica como un “genocidio político”.
El senador, a través de un comunicado, explicó que el llamado tiene como fin que la justicia reconozca que el homicidio de su padre, así como el de otros miles de casos de miembros de esa colectividad política, fue producto de un “intento sistemático por exterminar y eliminar de la vida política a la Unión Patriótica y al Partido Comunista. Este genocidio se ha perpetrado durante décadas en Colombia, y en algunos de sus aspectos, sigue impune”.
Durante la conmemoración, la cual tiene como sede la Cancillería en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), se presentará el libro y el documental “Manuel Cepeda Vargas, un artista en la política” y reunirá alrededor de 200 personas, entre familiares, amigos, delegados del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, así como ministros y congresistas.
El senador Manuel Cepeda fue asesinado el 9 de agosto de 1994 al occidente de Bogotá. Esa mañana, mientras se transportaba desde su casa hacia el Congreso, fue alcanzado por sicarios que dispararon varias veces al vehículo. Las investigaciones del caso arrojaron que el homicidio fue planeado y ejecutado por agentes del Estado en connivencia con paramilitares. En junio de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le endilgó la responsabilidad al Estado colombiano por el asesinato de Cepeda Vargas.
El exterminio de la Unión Patriótica
En 1985, mientras la hoy extinta guerrilla de las Farc negociaba en La Uribe (Meta) una salida hacia la paz con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, la Unión Patriótica nació como una expresión política de tendencia de izquierda y tuvo su primera participación electoral al año siguiente, en 1986. Tras los comicios, el partido se ubicó como el tercero más votado, luego del Partido Liberal y el Conservador, y logró elegir a cinco senadores y nueve representantes a la Cámara.
La violencia en contra de los integrantes del movimiento para entonces ya era una realidad. De acuerdo con los registros del partido, en 1986 ya habían sido asesinados 247 de sus miembros y, ese mismo año, los congresistas electos Leonardo Posada, Octavio Vargas y Pedro Nel Jiménez también cayeron en medio de las balas. Sin embargo, las negociaciones con las Farc se vinieron abajo, lo que también generó rupturas entre los líderes de esa guerrilla y los rostros más importantes de la Unión Patriótica, quienes argumentaban que continuar en armas era alargar la guerra.
En 1987, la Unión Patriótica presentó no solo las denuncias en las que argumentaban que existía un plan para acabar con su movimiento, sino también con su primer candidato presidencial: Jaime Pardo Leal. Quien fuera concejal de Ubaque (Cundinamarca) y exmiembro del Partido Comunista Colombiano, fue asesinado el 11 de octubre de ese mismo año. En los años siguientes la matanza no paró y sus bases políticas fueron debilitadas por la fuerza.
La presidencia del partido fue ocupada, tras la muerte de Pardo, por Bernardo Jaramillo Ossa, quien, a su vez, se convertiría en senador de la República en 1988 y candidato presidencial por la Unión Patriótica en 1990. El 22 de marzo de ese año, Jaramillo fue asesinado. Poco a poco el partido se fue quedando sin líderes. En 1994, cuatro años después, fue asesinado el senador Manuel Cepeda Vargas.
Son varias las investigaciones que se han puesto sobre la mesa para esclarecer el exterminio de la Unión Patriótica. Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe Todo pasó frente a nuestros ojos, señala: “La movilización y el conflicto social, en el cual la UP representaba sectores subordinados, fueron leídas por las élites propietarias y por la Fuerza Pública, como manifestación insurgente que amenazaba su seguridad y su situación privilegiada, a esto también se reaccionó mediante el ejercicio de la violencia”.
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