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Los ahora disidentes de las Farc, Iván Mordisco, Jhon 40 y Gentil Duarte deben responder ante las autoridades judiciales por delitos ambientales. Esto luego de que, según la Fiscalía, sus tentáculos llegaran a la Amazonía colombiana donde pretenden adelantar labores ilícitas que vinculan desde la construcción de una carretera en medio de la selva hasta promover actividades de ganadería y cultivos ilícitos.
Los nombres de los tres exjefes de las Farc quedaron al descubierto en medio de una audiencia de imputación de cargos que llevó a cabo una fiscal de la dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que con prueba en mano no dudó en imputarles los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales, conservación o financiamiento de plantaciones y concierto para delinquir.
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Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte; Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco; y Géner García Molina, alias John 40, fueron declarados personas ausentes durante la diligencia dado su condición de prófugos de la justicia una vez decidieron no acogerse al proceso de paz que se adelantó, en 2016, entre las extintas Farc y el Gobierno Nacional. Sobre los ahora disidentes reposará una solicitud de cárcel por los supuestos daños ambientales ocasionados en la Amazonía.
La fiscal del caso, durante la diligencia aseguró que cuenta con sendas pruebas que permiten evidenciar que, por instrucción de los jefes de las estructuras disidentes, hay una deforestación persistente y continua para culminar el denominado ‘Corredor Marginal de la Selva Amazónica’, una vía ilegal entre La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).
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“Con esta construcción de esa vía ilegal se ha cimentado los distintos niveles de organización biológica lo cual se traduce en una perdida continúa de un ecosistema produciendo cambios en el ambiente físico y afectando el funcionamiento por el cambio del microclima generando aislamientos en las estructuras de poblaciones, comunidades fáunicas y forestales rompiendo la conectividad de los parques Tinigua, Chiribiquete y Macarena”, resaltó la fiscal del caso.
A juicio de la delegada del búnker, dichas actividades humanas se han ejecutado por cuenta de invasores en la construcción de una vía cuyo objetivo final es cambiar el uso del suelo y ampliar la frontera agrícola y ganadera, y como consecuencia de ello, incrementar el valor de los terrenos sin ningún tipo de estudio que lo justifique.
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Entre otras cosas, la Fiscalía junto con miembros de la Fuerza Pública identificó alrededor de seis predios en los que se encontraron semilleros y plantaciones de coca, laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, cría de ganado, construcciones rústicas y acaparamiento de tierras. “Se ha venido destruyendo toda esta área estratégica que es de gran valor para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de bienes y servicios ambientales de la Nación lo cual ha afectado fuentes hídricas que circulan por esta área protegida como quiera que ha causado una alteración del habitad de la fauna que ha desbastado la vegetación existente que servía de refugio a las especies silvestres. Aunado a la perdida del desplazamiento de la fauna ocasionando con ello un desequilibrio en los procesos ecológicos de sostenimiento verdoso, cambio del uso del suelo o pasar de áreas boscosas a una ampliación de la cartera agrícola”, resaltó la fiscal del caso.
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Las actividades ilícitas, que han sido identificadas desde 2016, según la Fiscalía, han puesto en peligro los suelos, las fuentes hídricas y la vida silvestre en áreas de especial protección. De acuerdo con estudios técnicos, han devastado los ecosistemas y un importante conector ambiental entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Chiribiquete y La Macarena.
“En cuanto al delito de área especial de importancia ecológica se tiene que estas conductas de invasión y de permanencia de áreas protegidas y parques naturales son promovidas, financiadas y dirigidas para hacer un uso indebido del medio ambiente con el fin de obtener un provecho económico a través de la ganadería, la aprovechación de tierras, así como de cultivos ilícitos por miembros disidentes del grupo armado al margen de la ley conocido como GAOR uno el cual se compone de la extintas Farc”, explicó la fiscal ante un juez de garantías.
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Los delitos ambientales endilgados este miércoles por la Fiscalía se suman a la larga lista de acciones criminales que pesan sobre sus nombres desde que empezaron en el mundo del crimen. Los disidentes son señalados de extorsión, secuestro, narcotráfico, entre otros delitos derivados del conflicto armado.