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El exsenador Iván Moreno Rojas, protagonistas del desfalco a las arcas de Bogotá en el llamado carrusel de la contratación durante la administración de su hermano Samuel Moreno, cumplió las tres quintas partes de su condena a 14 años por irregularidades en contratos viales y fue beneficiado con la casa por cárcel. Sin embargo, contra Moreno existe otra medida de aseguramiento y no saldrá de la cárcel La Picota.
(Puede ver: Contrato de ambulancias, otra razón para que Iván Moreno Rojas siga en prisión)
Este jueves el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió el beneficio de prisión domiciliaria luego de verificar que desde 2011 Moreno ha estado en prisión. Tras cumplir los nueve años, el exsenador presentó el pasado 27 de abril su petición de libertad y para saldar su deuda en este capítulo el juez ordenó el previo pago de una causiòn por cinco salarios mínimos legales vigente y la suscripción de un acta de compromiso.
Iván Moreno Rojas está preso desde 2011 y solo fue condenado por hechos relacionados a contratos irregulares en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló responsable de los delitos delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según el fallo, Moreno Rojas solicitó coimas a un grupo de empresarios con el fin de asegurarles negocios con la Alcaldía de Bogotá en 2009.
(Para más información: Muerte política para Iván Moreno)
A pesar de que han pasado nueve años desde su captura, la Corte Suprema le volvió a abrir un proceso en noviembre de 2019 por el caso del contrato de las ambulancias que firmó la Secretaría de Salud de Bogotá en 2009. El pasado 6 de abril, días antes de que Moreno presentara su solicitud de libertad, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dictó una nueva medida de aseguramiento en su contra por estos hechos.
Es por esa razón que continuará recluido en la cárcel La Picota, pues Iván Moreno tendrá que responder por el direccionamiento del proceso de licitación en el que resultó ganadora la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, que accedió a entregar una coima del 10% de los $69.000 millones del contrato de ambulancias.