Iván Villamizar, la voz que anunció la tragedia en el Catatumbo

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La llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a las tierras nortesantandereanas no fue un secreto para nadie, el propio Carlos Castaño, jefe paramilitar de las Auc, lo anunció. El 15 de marzo de 1999, desde algún lugar en medio del Nudo del Paramillo, concedió una extensa entrevista al periódico El Tiempo y sin mayor reparo dijo que el principal escenario de confrontación con la guerrilla sería el Catatumbo. “El país tendrá que entender lo que va a suceder allí”, sentenció.

 

Las Auc habían sido creadas dos años atrás por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En principio se trató de una confederación para unificar las máquinas de muerte paramilitar de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, grupos que desde los 80 cometían todo tipo de barbaries contra la población civil.

 

Públicamente las Autodefensas amenazaron con expandirse por las regiones del país con mayor presencia guerrillera, entre ellas el Catatumbo, una subregión al noreste de Norte de Santander en límites de la frontera con Venezuela. Desde mediados de los ochenta en esta región confluían tres grupos guerrilleros: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). 

 

A los paramilitares también les resultaron atractivos los extensos cultivos de coca; las rutas de tráfico de estupefacientes, las de armamento ilegal y el contrabando de gasolina con el vecino país; los jugosos negocios de economía extractiva petrolera y minera; y la ausencia de instituciones estatales en los casi cinco mil kilómetros de tierra selvática. Además, tener el control les permitía crear un corredor que uniera a Urabá con el Catatumbo, y Venezuela, pasando por el Sur de Bolívar y el norte del Magdalena Medio.

 

En 1999 las amenazas se hicieron ciertas. Salvatore Mancuso, un ganadero cordobés que se convirtió en la ficha clave para la expansión de los grupos paramilitares de los hermanos Castaño, eligió a más de más de 200 hombres entrenados en Urabá y los embarcó en siete camiones que viajaron por carretera hasta Norte de Santander. Comenzó la peor matanza vista hasta ahora en los once municipios que hacen parte de esta conflictiva región.

 

“En Norte de Santander y a nivel nacional desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando, los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil y no hubo una respuesta”, dijo el fiscal Édgar Carvajal, quien años después de salir amenazado de Cúcuta, fue el encargado de reconstruir la verdad de la violencia paramilitar dentro del proceso de justicia transicional conocido como la ley de Justicia y Paz.

 

Ese aterrador silencio fue interrumpido por Iván Villamizar Luciani, el Defensor del Pueblo regional, líder de un grupo de funcionarios que, sin más protección que sus propios chalecos, llegaron hasta el Catatumbo a escuchar a las víctimas y hablar con los asesinos. Fueron hasta los corregimientos más escondidos de Tibú, el municipio más grande de la subregión, para contar los muertos, recibir los cuerpos de las primeras víctimas descuartizadas, reclamar por los hombres y mujeres arrojados al río Catatumbo y proteger a los líderes sociales amenazados.

 

Villamizar se convirtió también en la cara visible de los detallados informes redactados por la Defensoría. Casi a diario los nortesantandereanos veían su cara en la prensa regional o escuchaban su voz en las emisoras locales denunciando cada una de las atrocidades cometidas por los violentos: rechazó los secuestros de las guerrillas, alertó sobre las masacres y desplazamientos perpetrados por los paramilitares y transmitió el inconformismo que tenían las víctimas con una fuerza pública que no las escuchaba y las estigmatizaba.

 

Informe tras informe, oficio tras oficio, declaración tras declaración, Iván Villamizar se convirtió cada vez más en una piedra en el zapato para Carlos Castaño y sus aliados en Norte de Santander. En 1999 comenzó entonces una persecución en su contra que dos años más tarde terminó en su asesinato.

 

En un departamento donde los grupos armados infiltraron las más altas esferas del poder y la mayoría de los funcionarios públicos salieron corriendo o prefirieron acallar sus denuncias para preservar su vida, esta es la historia de un cucuteño que no le tembló la voz para enfrentarse cara a cara con los paramilitares y sus aliados en la fuerza pública.

 

Villamizar fue el primero de una lista de funcionarios valientes asesinados por los paramilitares en Norte de Santander. Sus denuncias presagiaron la tragedia que finalmente ocurrió: los paramilitares extendieron sus tentáculos por todo el departamento ante un silencio impune y la indiferencia del Estado. Cientos de víctimas viven hoy con las secuelas de esta violencia anunciada.

 

 

Con una mamá venezolana y un papá nacido en Norte de Santander, Iván Villamizar fue el tercer hijo de seis hermanos, todos criados en Cúcuta, la calurosa capital del departamento. Desde que estaba en el colegio sus compañeros de clase lo distinguían como un líder. En quinto de bachillerato, cuando tenía 17 años, fue expulsado del tradicional colegio Sagrado Corazón de Jesús por convencer e incitar a sus compañeros a crear un consejo estudiantil. Con Iván salieron todos los amigos que se animaron a seguirlo.

 

“A los curas eso no le gustó y lo sacaron con varios de sus compañeros. Terminó su bachillerato en el colegio Gremios Unidos donde sí logró crear el consejo estudiantil”, cuenta uno de sus hermanos.

 

A comienzos de los años 70, Iván decidió irse a Bogotá para estudiar derecho en la Universidad Libre. Una amiga le presentó a Alba Marina Sánchez, una joven recién llegada de Ocaña, la segunda ciudad más grande de Norte de Santander que limita con el departamento del Cesar. Después de un corto noviazgo, decidieron casarse cuando tenían algo más de 20 años.  

 

En Bogotá nacieron sus dos primeros hijos y como juez penal se abrió paso en una ciudad atiborrada de abogados. Trabajó en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y desde muy joven se enamoró de la docencia, por eso fue catedrático en la Universidad Libre, la Gran Colombia y la Incca. Pasión que lo acompañó hasta el último de sus días. 

 

Sin embargo, nunca se desprendió de su tierra. Desde la distancia seguía de cerca la tensión que comenzaba a sentirse en Norte de Santander. A mediados de los 60 el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se instaló en Ocaña, para ese entonces era común escuchar de tomas de pueblos, ataques a estaciones de Policía y atentados contra la infraestructura energética del departamento. A finales de esa década y comienzo de los 70 se hicieron visibles también en Ocaña unos movimientos estudiantiles del Ejército de Liberación Popular (Epl), pero fue en los 80 cuando se fortalecieron con la creación del Frente Libardo Mora Toro que también se expandió a algunos corregimientos del Catatumbo.

 

En 1982 en su Séptima Conferencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) incluyeron a Norte de Santander en su estrategia de expansión, fue así que se instaló el Frente 33 en la zona del Catatumbo y el Frente 45 en la frontera con Arauca. La presencia de las guerrillas es tan fuerte en la zona, que después de una cruenta guerra con los paramilitares, los tres grupos subversivos siguen en la actualidad delinquiendo en el departamento y apropiándose de las rentas ilegales.

 

La afinidad con la política, especialmente por las ideas del Partido Liberal, fue la que motivó el regreso de Iván Villamizar a Cúcuta a comienzos de los 90. Tal como ocurrió en la escena nacional, a mediados de los 70 en este partido surgieron disidencias regionales e Iván decidió unirse al Movimiento de Renovación Liberal, liderado por Jorge Cristo, el padre del hoy ministro Juan Fernando Cristo. Acompañó a sus candidatos y asistió a todas las reuniones políticas. 

 

De la mano de este partido inició su carrera en Norte de Santander. Sus allegados coinciden en que tenía una cierta obsesión por destacarse en cada uno de los puestos que ocupaba. En 1993 se desempeñó como Secretario de Hacienda del departamento. Sus familiares recuerdan el trabajo con los ‘pimpineros’, como se conoce en Cúcuta a los vendedores informales de la gasolina de contrabando que entra por la frontera con Venezuela. En vez de criminalizarlos, les abrió nuevas alternativas de negocio al tiempo que aumentó el recaudo de los impuestos. 

 

En 1995 lo nombraron gerente de la Lotería de Cúcuta, donde no solo fue reconocido por las autoridades locales por el plan de premios implementado que aumentó el recaudo de impuestos para la salud, sino que también el Sindicato de Loteros de Norte de Santander lo condecoró por su trabajo para fomentar la formalización de este gremio.

 

Sus amigos del Movimiento de Renovación Liberal lo recuerdan como un hombre sencillo que unió a sus familias. No perdía oportunidad para organizar un paseo de olla y comer un sancocho en las riberas de los ríos y planear fiestas a las que asistían todos con sus esposas e hijos.  

 

A comienzos de 1997, Iván fue nombrado Defensor de Pueblo de Norte de Santander. Creía que era el lugar indicado para aplicar una frase que repetía constantemente a sus alumnos y a sus allegados “Las cosas deben ser en derecho y no de hecho”, era un convencido de que todo se podía lograr desde el derecho.

 

La violencia guerrillera se vivía en su máxima expresión para ese entonces. En agosto de 1997, el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Eln asesinó a Jorge Cristo, que además de líder del Partido Liberal se había convertido en su padrino político. 

 

En esos años también aumentó considerablemente el número de secuestros en Norte de Santander, sobre todo por parte de las guerrillas del Eln y el Epl. Una persona que trabajó para ese entonces con Villamizar, recuerda que la Defensoría abanderó las entregas humanitarias de secuestrados y en varias oportunidades el propio Villamizar se reunió con jefes guerrilleros para pactar el regreso de los secuestrados a sus hogares. 

 

De acuerdo con recortes de prensa del periódico regional La Opinión, el Defensor pidió de manera constante pruebas de supervivencia de los militares secuestrados y medió en la liberación del político Adonias Quintero Lozano y de Diana Alexandra Bautista, hija de un ex alcalde de Pamplona, ambos secuestrados por el Eln. Convocó a una marcha masiva a la que asistieron cientos de cucuteños que gritaron “¡No más! Al secuestro, la desaparición forzada y la violencia”.

 

Por eso, diez años después, no fue para menos la indignación y sorpresa de los familiares de Villamizar cuando escucharon por primera vez las versiones de los paramilitares ante la justicia. Uno tras otro reprodujeron la cínica argumentación de Carlos Castaño que aseguraba que a Iván lo asesinaron porque era un aliado de las guerrillas en Norte de Santander. “Todos sabemos que fue un invento para justificar su muerte, lo que no tiene sentido es que aún hoy sigan disfrazando su asesinato con una falsa verdad”, dijo uno de sus familiares. 

 

 

A comienzos de 1999 en una finca de San Pedro de Urabá tuvo lugar una reunión que cambió la vida de miles de nortesantandereanos, incluida la de Iván Villamizar. Carlos Castaño citó a Salvatore Mancuso, quien ya lideraba su propio grupo paramilitar en Tierralta, al sur de Córdoba, y a Jorge Iván Laverde Zapata, un joven que ingresó a las Autodefensas a los 17 años cuando manejaba un camión en Turbo. Con solo 25 años, Laverde ya había sido comandante paramilitar en Chocó y su “éxito” como asesino le valió un ascenso.

 

Castaño encargó a estos dos paramilitares de adentrarse en el Catatumbo y crear una facción de las Autodefensas en Norte de Santander. Debían apropiarse del negocio del narcotráfico que por ese entonces estaba bajo el dominio del Eln y las Farc, asesinar a los supuestos colaboradores de la guerrilla, trabajar en llave con los militares y policías e imponer su propia “institucionalidad” en el departamento. Para ese entonces Salvatore Mancuso había hecho un trabajo similar con los paramilitares en los Montes de María y en el norte del Cesar.

 

Así nació el Bloque Catatumbo, comandando desde la distancia por Mancuso, quien vivía en Córdoba, y como segundo al mando estaba Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, un capitán que había escapado del Ejército huyendo de investigaciones por ‘falsos positivos’. Una vez en la zona crearon el Frente Fronteras, dirigido por ‘El Iguano’, a quien todos recuerdan con temor, pues una sola palabra suya fue suficiente para ordenar la muerte de muchos en el departamento. En el país se volvió tristemente célebre por los hornos crematorios que mandó construir para incinerar a sus víctimas. 

 

A diferencia de lo que ocurrió en otras regiones del país, donde ganaderos o terratenientes cansados de las extorsiones guerrilleras propiciaron la llegada de los paramilitares, en Norte de Santander nadie de la región los llamó. De hecho, los más de 200 paramilitares que crearon el Bloque Catatumbo no eran de esa zona del país, en su mayoría provenían de Urabá y de los Montes de María. 

 

Estos hombres fueron entrenados en la finca los Guayabos, en zona rural de Tierralta, por el militar retirado Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, exjefe del Bloque Metro de las Auc, responsable del asesinato de cientos de personas en el oriente y nordeste de Antioquia y en Medellín. Cuando el entrenamiento terminó, salieron del sur de Córdoba hacia Necoclí en Antioquía, allí se reunieron más de 270 hombres que se embarcaron en siete camiones de ganado hasta Pailitas, Cesar.

 

Estando en Pailitas, llegó Mancuso y les confirmó lo que ya les había dicho en Córdoba, que iban para el Catatumbo. La muerte recorrió más de 700 km y atravesó cuatro departamentos hasta llegar a Norte de Santander. En los camiones iban asesinos reconocidos por su participación en masacres, entre ellos, Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien estuvo en las incursiones de los corregimientos El Aro y La Granja, en Ituango, en junio de 1996; también estuvo Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’, quien no se desmovilizó y se integró a ‘Los Urabeños’.

 

“Los recorridos se hacían en la noche, en siete camiones encarpados para que la gente no nos viera pasar. Aunque las autoridades sí nos veían. Pasamos de Aguachica a Ocaña como si nada”, contó en versión libre Edilfredo Esquivel Ruíz, un paramilitar que se dio a conocer con el alias del ‘Osito’. Agregó que algunas de las primeras incursiones en el Catatumbo las hicieron en compañía de miembros del Ejército, pero para que no los vieran juntos, los militares entraban por la carretera, mientras los ‘paras’ caminaban por la maleza.

 

En mayo de 1999 pasaron de Ocaña al municipio de Sardinata y siguieron hacía Tibú, un municipio que duplica el área metropolitana de Cúcuta en extensión. Los camiones recorrieron los serpenteados caminos de trocha que aún hoy aíslan al municipio del resto del departamento. Hubo algunos enfrentamientos con las guerrillas a su llegada, pero según testimonios de habitantes de la región, los guerrilleros fueron los primeros en retirarse cuando se enteraron del arribo de los ‘paras’.

 

La guerrilla del Eln estaba concentrada en La Gabarra, el corregimiento más grande Tibú que está a tres horas de camino desde el casco urbano del municipio Este corregimiento tapizado de cultivos de coca era el objetivo último de los paramilitares, pero debido a la fuerte presencia las guerrillas, el Bloque Catatumbo hizo un lento recorrido de casi cinco meses por otras veredas de Tibú hasta llegar a La Gabarra. 

 

Durante esos cinco meses, los ‘paras’ cometieron cientos de asesinatos en la zona de frontera con el apoyo y la conveniente indiferencia de las fuerzas militares. Destrozaron el tejido social del Catatumbo, caracterizado por fuertes organizaciones campesinas y liderazgos indígenas del resguardo Motilón Barí, ubicado en el extremo norte del departamento, a orillas del río Catatumbo. 

 

Denunciar estos atropellos contra la población civil fue la batalla más dura que el Defensor de Pueblo dio en toda su vida. En un archivo personal, que el propio Iván Villamizar recopiló meticulosamente, reposan cada una de las denuncias, los informes y oficios en los que se auguraba una catástrofe en Norte de Santander.

 

El 31 de mayo, en un oficio enviado al gobernador Jorge Alberto García Herreros, el Defensor alertó que dos días atrás, el 29 de mayo, la caravana cargada de paramilitares asesinó a 22 personas entre líderes comunitarios como Jorge González, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Palmas, y pobladores tildados como colaboradores de la guerrilla. Sus cuerpos fueron abandonados en diferentes puntos en la vía que de Tibú conduce a la Gabarra.

 

“Con preocupación esta Defensoría del Pueblo viene observando, a pesar de los insistentes llamados a las autoridades, que no se han tomado las medidas necesarias del caso para preservar el primero de los derechos fundamentales de las personas como lo es el derecho a la vida (...) hacemos un llamado urgente a los organismos Gubernamentales y no Gubernamentales de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales para que impidan esa masacre anunciada", dice el documento.  

 

El informe advierte que el retén del Ejército que habitualmente se instalaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ese día fue sorpresivamente levantado a la hora que pasaron los camiones. También señala que los vehículos atravesaron un retén permanente que la Policía tenía instalado en un sitio conocido como La Refinería. “Ruego al Coronel [Roque Julio] Sánchez Holguín [Comandante del departamento de Policía en Norte de Santander] para combatir decididamente el accionar paramilitar”, reza el documento. 

 

Fue casi diez años después que la justicia le dio la razón a las denuncias de Villamizar. El capitán Luis Alexander Gutiérrez Castro, el encargado del retén de la Policía, detuvo a carros particulares mientras dejó pasar los camiones paramilitares. Todo era parte de una estrategia ya planeada entre los paramilitares y altos mandos de la fuerza pública, según dijo el propio Gutiérrez, quien dos años después se unió abiertamente a las Autodefensas Unidas de Colombia con el alias del ‘Capi’. 

 

Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, también reconoció ante las autoridades esa connivencia y asegura que los retenes se levantaron porque previamente se sabía de la llegada de estos camiones. 

 

Iván Villamizar habló con los medios de comunicación y los nortesantandereanos conocieron el peligro que se acercaba. Ese mismo día, y con ocasión de las denuncias hechas por la Defensoría, se convocó un Consejo de Seguridad en el despacho del gobernador a la que asistirían todas las autoridades locales, incluido el defensor del pueblo y los altos mandos de las fuerzas militares. 

 

Minutos antes de iniciar la reunión, Villamizar recibió una llamada de un número privado. Salió agitado de la sala, se puso pálido y apagó el celular cuando terminó la comunicación. Una persona que se identificó como Manuel le informó que desde ese momento era objetivo militar de las Autodefensas,  le dio 24 horas para salir del municipio y amenazó con matar a su hijo mayor. “Le dijeron ‘ya sabemos quién es tu hijo, que estudia en este colegio y tiene tantos años’”, recuerda Alba Sánchez, esposa de Villamizar. 

 

Minutos después inició el Consejo de Seguridad, el Defensor estaba muy preocupado por la seguridad de su familia y le contó a los presentes su reciente amenaza. Según consta en una sentencia del juzgado primero administrativo de Cúcuta, luego de su relato, un asesor de la gobernación lo recriminó y aseguró que Iván estaba desbordando sus funciones como Defensor del Pueblo. Poco después, la noticia estaba en los medios de comunicación. 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por un despacho de la Unidad de Derechos Humanos, Villamizar indagó con la empresa de telefonía celular por el propietario de la línea privada desde la que lo amenazaron. Unos días más tarde la respuesta llegó y para su sorpresa el teléfono pertenecía al Teniente Coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, para entonces comandante del Grupo Mecanizado No. 5 Maza. Uno de los presentes en el Consejo de Seguridad. 

 

Ante estos indicios, Villamizar se enfrentó al Coronel Matamoros, pero como consta en la sentencia, el militar aseguró que era físicamente imposible que él realizara esta llamada porque en ese momento estaba en el despacho del gobernador, aseguró además que su teléfono había sido clonado. 

 

Personas que vivieron de cerca la situación recuerdan que entre Villamizar y el Coronel Matamoros existía una suerte de enfrentamiento mediático. El Defensor salía a denunciar una masacre, un desplazamiento o desapariciones cometidas por los paramilitares y poco tiempo después el Coronel aparecía para desmentirlo. 

 

En una audiencia de Justicia y Paz del 14 de marzo de 2013 Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, dio otra versión de los hechos. Laverde aseguró que fue él mismo quien efectuó la llamada, por orden directa de Carlos Castaño, que lo hizo desde un celular que compró en la calle y que inmediatamente desechó. Aseguró que no tenía idea de que el Defensor, en ese momento, se encontraba en un Consejo de Seguridad. 

 

“Fue una época terrible, de incertidumbres, de tener miedo todo el tiempo. Iván no involucraba los asuntos del trabajo en la casa, pero esa vez lo hablamos y decidimos enviar a nuestro hijo mayor a vivir a Bogotá”, contó su esposa. 

 

 

Las denuncias de Villamizar no cesaron ante las amenazas. En su archivo personal reposan oficios que envió al propio Coronel Matamoros alertando sobre las llamadas que desde el 13 de junio hicieron a la Defensoría los habitantes de la vereda La Y en el municipio del Zulia, a solo 14 km de la capital, donde denunciaban que los miembros de la fuerza pública habían salido inesperadamente de la vereda. Los pobladores sabían que una retirada del Ejército significaba la llegada de los paramilitares. 

 

A pesar de las cartas de advertencia, el Ejército no detuvo la masacre, 15 hombres vestidos de civil reunieron a todos los pobladores en el centro del pueblo, mientras mataron a cuatro habitantes de la vereda. Se presentaron como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y amenazaron con matar a los pobladores de la invasión conocida como 20 de Agosto que no se desplazaran.

 

Desde el 9 de junio la Defensoría también hizo parte de una comisión de unidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que fueron hasta el corregimiento de Río de Oro y La Gabarra, en medio de Tibú, de donde habían salido desplazadas casi 500 personas, la mayoría de ellas se encontraban temporalmente viviendo en el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares de Cúcuta. 

 

Los funcionarios se reunieron con las víctimas, los líderes sociales y con Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, el segundo al cargo del Bloque Catatumbo después de Salvatore Mancuso. Como consta en el informe el paramilitar les advirtió que las personas que venían siendo asesinadas eran parte de una lista de supuestos guerrilleros y colaboradores de la guerrilla y que aún tenía nombres pendientes. Agregó que las Autodefensas tenían intensiones de llegar hasta los corregimientos de La Gabarra y Campo Dos en Tibú y seguir hacia Filo Gringo, corregimiento del Tarra. 

 

Se hizo un nuevo un llamado al Ejército y a la Policía para que detuvieran una masacre anunciada, pero no sirvió de nada. El 17 julio más de 60 paramilitares llegaron en tres camiones hasta la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, mientras una mujer encapuchada señaló a nueve personas que obligaron a acostar bocabajo para dispararles a quemarropa. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía. Los cadáveres de las demás víctimas aparecieron después en la vía que conduce hacia La Gabarra. 

 

Iván Villamizar y su equipo de trabajo en la Defensoría estaban peleando en un campo de batalla en el que entraban perdiendo. Según confesó años después el mayor Llorente, esta masacre fue planeada con los militares, por eso montaron un operativo en un lugar opuesto al lugar de retirada del Bloque Catatumbo. Llorente dio la orden a sus hombres de no responder a los disparos que escucharan de los paramilitares. "Luego de todo esto, las Autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dijo Llorente en una entrevista a la Revista Semana cuando se cumplieron diez años de perpetrada la masacre.

 

En los barrios de Cúcuta comenzaron a aparecer los primeros comandos urbanos de los paramilitares, que unos años más adelante se convertiría en una sangrienta estructura de sicarios. La Defensoría prendió sus alarmas ante las masacres de los barrios Camilo Daza, Belisario y Nuevo Horizonte. 

Fueron meses de intenso trabajo de la Defensoría en campo. “Íbamos nos reuníamos con comunidades, levantábamos las denuncias. La misma gente de la comunidad era la que nos llamaba y confiaba en la institución. Nosotros les protegíamos la identidad para evitar que los mataran”, recuerda una persona que trabajó de la mano con Villamizar.   

 

En Catatumbo, especialmente en Tibú, la movilización y la protesta social habían sido el vehículo por excelencia para que las organizaciones campesinas reclamaran la presencia estatal y la inclusión política. Los aguerridos indígenas Motilón Barí también utilizaron estos escenarios para defender la autonomía y el respeto por su resguardo. Este ambiente resultó favorable para los partidos de izquierda, especialmente para la Unión Patriótica, que en 1992 ganó la alcaldía a nombre del profesor Tirso Vélez, quien finalmente fue asesinado en 2003 por las Auc cuando se lanzó como candidato a la gobernación.

 

El paso de los paramilitares destrozó ese tejido social. En 1996 y 1998 los tibuyanos se movilizaron pidiendo condiciones justas para que la economía  campesina reemplazara los cultivos de coca que se extendían a lo largo del municipio. Alias ‘Camilo’ aseguró que no matarían a los líderes de la marcha campesina, tal como quedó consignado en el informe de la comisión de seguimiento. 

 

Los funcionarios de la Defensoría acompañaron de cerca a los campesinos que protestaron de nuevo en 1999, a sus exigencias habituales agregaron el respeto a la vida en el Catatumbo. Una semana después el mismo equipo de trabajo de Villamizar tuvo que recibir el cuerpo mutilado de los líderes de la marcha, fue la primera vez que los paramilitares asesinaron con motosierras en el departamento. Tuvo que pasar más de una década para que los campesinos volvieran a las calles a protestar. 

 

Amenazaron también a presidentes de Juntas de Acción Comunal, personeros y alcaldes municipales. “Nos tocaba conseguir helicópteros y tramitar de una vez el asilo político con las embajadas, porque era la única forma de que no los mataran”, contó una trabajadora de Villamizar. 

 

El equipo de funcionarios de la Defensoría vivió por ese entonces algunos de los episodios más amargos de su carrera. En una visita al corregimiento de Filo Gringo, meses antes de que fuera cercado por completo por los paramilitares, conocieron a la única profesora de la escuela. Ella los hospedó en su casa y les ayudó a convocar a las personas para hacer el informe. Ocho días más tarde, la mujer desapareció y encontraron su cuerpo descuartizado. 

 

Alias ‘El Iguano’ contó en audiencia pública que un mes después de la primera amenaza hizo otra llamada para intimidar a Iván Villamizar. “Me dijeron en qué carro andaba y dónde vivía. Lo seguí a un restaurante, me senté a unas mesas de él y lo llamé. Le dije ‘lo estoy viendo, usted está vestido así. Quiero decirle que no le vamos a hacer ni mierda, pero váyase de acá’”, relató Laverde Zapata. 

 

“Le decíamos que se detuviera, que lo iban a matar si seguía diciendo eso. Él respondía: ‘si me tienen que matar, pues que me maten. Yo no voy a dejar sola a esta gente’”, contó un allegado. Su mayor motivación era notar que la tasa de asesinatos disminuía los días posteriores a las denuncias.

 

 

Villamizar logró esquivar las amenazas hasta agosto de 1999. El 21 de ese mes, los paramilitares lograron su propósito: se tomaron a sangre y fuego La Gabarra. A las 8 de la noche, cerca de 150 paramilitares entraron al corregimiento, cortaron la luz, recorrieron los bares, los billares, residencias y hoteles. En hora y media asesinaron a 27 personas y en el recorrido de salida mataron a ocho pobladores más que vivían a las afueras del pueblo. 

 

Las autoridades estaban advertidas, la fuerza pública también. Dos días antes, el 19 de agosto, se celebró un Consejo Nacional de Seguridad en Cúcuta, al que asistió el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y los altos mandos militares, donde se habló de los riesgos de una incursión armada en La Gabarra. 

 

El capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, admitió años después ante la Procuraduría General de la Nación, que un día antes de la masacre los paramilitares estaban a 17 kilómetros del área urbana del corregimiento. Sin embargo, la fuerza pública no tomó las medidas para prevenir a la masacre, no ayudó a las víctimas ni a los sobrevivientes y no se preocupó por capturar a los responsables.

 

El informe que tres días después publicó Iván Villamizar y su equipo en la Defensoría lo dejaba claro: “el retén del Ejército Nacional que se realizaba usualmente a la entrada del pueblo - por la vía Tibú - fue levantado hacia las 8 de las noche del sábado 21, e igualmente los efectivos que patrullaban las calles de la localidad se retiraron dicho día hacia la base militar a las 8:10 pm”. Agregó que, contrario a lo que dicen los miembros del Ejército, la comunidad de La Gabarra no dio cuenta de ningún enfrentamiento y en cambio aseguraron que los militares estaban confinados en su base.

 

Nuevamente en los medios de comunicación apareció Villamizar, quien contó en detalle lo sucedido en La Gabarra y alertó que lo más probable es que se tratara de una masacre de magnitudes aún mayores, pues algunos de los cuerpos fueron arrojados al río Catatumbo, una estrategia utilizada por los grupos paramilitares para desaparecer a sus víctimas.

 

Quince días después, el 8 de septiembre, llegó la amenaza definitiva. El Defensor Nacional del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, recibió por fax una carta firmada por el propio Carlos Castaño. Aseguraba que tres supuestos exguerrilleros del Eln habían señalado que Villamizar Luciani era parte de dicho grupo subversivo. "Solicitamos la destitución de este señor, para que no se interprete nuestro accionar contra él, como un ataque a la Defensoría del Pueblo, institución que merece y exige nuestro absoluto respeto", indicaba el comunicado.  

 

En ese entonces una carta firmada por Carlos Castaño era una sentencia de muerte. El defensor Castro Caicedo ordenó el traslado inmediato de Villamizar y su familia a Bogotá. Para todos sus allegados fue un alivio verlo salir vivo de Cúcuta, pero para las víctimas que se quedaron en el Catatumbo fue un llamado de alerta. 

 

“Con la salida obligada del señor defensor se "quita del medio" a uno de los pocos funcionarios del Estado a nivel departamental que ha señalado de manera clara y directa a los responsables de los hechos violentos contra la población civil ocurridos en el departamento”, dice una carta enviada en su momento por el personero de San Calixto, municipio del Catatumbo, a las autoridades nacionales.

 

De acuerdo con Carlos Martínez, uno de sus amigos, Villamizar era consciente de que en el ambiente de polarización que se vivía con la llegada de los paramilitares, cualquiera que se opusiera a su presencia era considerado guerrillero. “Me decía: ‘a mí me van a joder por ese lado, pero yo no voy a pasar como un simple defensor público que se hace el de la vista gorda con lo que está pasando, lo que está pasando en el departamento es gravísimo’”. 

 

Lo que no sabía tal vez Villamizar era a la magnitud del monstruo al que se estaba enfrentando. En versiones libres, Salvatore Mancuso, ha dicho que desde el comienzo la expansión de las Auc también se planeó con altos mandos militares. Se ha referido a una reunión de Carlos Castaño con el general (r) Iván Ramírez Quintero, para ese entonces comandante de la Primera División del Ejército, con sede en Santa Marta, donde se habló de la creación de bloques paramilitares en Norte de Santander, la Costa Caribe y el sur de Bolívar. 

 

“Cuando se dio incursión al Catatumbo eso fue de frente, ellos sabían, no fue a escondidas, hubo una omisión deliberada. Todo fue en coordinación con ellos, era un pedido que ellos venían haciendo desde 1996”, agregó el ex jefe paramilitar

 

De acuerdo con la declaración de Mancuso, Carlos Castaño se contactó con el general (r) Mario Fernando Roa, quien para ese entonces era comandante de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga, para coordinar la entrada de los paramilitares en Norte de Santander en mayo de 1999. El encargado de esta tarea por parte de las Auc fue Doménico Mancuso, primo de Salvatore, más conocido en el nororiente del país con el alias de ‘David’, capturado en Italia en agosto de 2014. 

 

Mancuso ha dicho en repetidas versiones que Roa designó al Coronel (r) Víctor Hugo Matamoros y al Mayor (r) Mauricio Llorente para que se reuniera con Doménico Mancuso y planearan las masacres con las que entraron al Catatumbo. 

 

En diciembre de 2009 el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Víctor Hugo Matamoros por falta de pruebas, al igual que la Justicia Penal Militar y la Procuraduría. Llorente en cambio fue condenado a 40 años de prisión por nexos con paramilitares tras admitir que se reunió con alias ‘David’ en el hotel Bolívar de Cúcuta donde le informó quiénes eran los miembros del Ejército y de la Policía que les iban a colaborar a los paramilitares en el departamento.

 

Según Mancuso, Doménico también se reunió con el general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva, en ese entonces comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, quien fue destituido luego de la masacre de la Gabarra en julio de 1999. Después de ello fue designado el fallecido general Martín Orlando Carreño, a quien Mancuso dice conoció en Córdoba y con quien él mismo puso en contacto con Doménico.

 

En 2005, el gobierno de Estados Unidos desclasificó unos documentos enviados a Washington entre finales de 1997 y 1999, por el entonces embajador Curtis Kamman. Para entonces, al Departamento de Estado le preocupaba la pasividad de los militares frente a la arremetida paramilitar, especialmente en Norte de Santander. 

 

El emisario del gobierno de Estados Unidos trascribió una entrevista que sostuvo con el coronel Víctor Hugo Matamoros el 5 de noviembre de 1999. "Mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes... allí hay guerrilla que combatir... si usted tiene tantas tareas que hacer con tan pocos recursos, y usted tiene que enfrentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a usted, y el otro (paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, luego se preocupa por los paramilitares", dijo el oficial. 

 

Esta fatal alianza de la fuerza pública con los paramilitares de las Auc significó en 1999, según cifras oficiales, más de 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres, un número aún desconocido de desaparecidos, y por lo menos 20.000 desplazados. 

 

 

En Bogotá y como medida de protección, su jefe, José Fernando Castro Caicedo, designó a Villamizar como Defensor del Pueblo de Bogotá. Durante casi un año, se metió en las cárceles, especialmente en la Modelo, pues en el 2000 se presentaron fuertes enfrentamientos armados al interior del centro de reclusión y se conocieron varias masacres perpetradas por los paramilitares presos al interior de la modelo. 

Villamizar vivió unos meses de relativa calma, en los que pudo pasar tiempo con su hija recién nacida, pero su mente seguía en Cúcuta, según dicen sus allegados no hallaba la hora de poder volver. 

 

Los paramilitares tampoco habían olvidado sus amenazas. Según las versiones de ‘El Iguano’, Carlos Castaño seguía empeñado en matarlo y desde que partió para Bogotá contaba con personas que le informaban sobre todos los movimientos del Defensor. 

 

Su esposa recuerda que estando en Bogotá, Villamizar recibió una llamada de alias ‘Camilo’ quien le contó que Carlos Castaño lo estaba buscando porque quería hablarle, Iván aceptó concretar una reunión. “Él guardaba las esperanzas un poco ingenuas de que si hablaba con él se iban a entender, pero al final Castaño nunca lo contactó”, contó su esposa. 

 

En agosto del 2000 Villamizar aceptó el cargo como rector de la Universidad Libre de Cúcuta. Iván lo consideraba el trabajo perfecto porque amaba la docencia, pero al mismo tiempo le daba un perfil más alejado de la vida pública. No todos sus seres queridos estaban de acuerdo, pues sabían que el poder de las Auc era cada día más grande sobre el departamento. 

 

Volvió también motivado por la política. A nadie le escondió que uno de sus sueños era ser algún día gobernador de Norte de Santander, “ya estábamos incluso pensando en su campaña, la gente lo quería mucho y lo veíamos como el cambio que necesitaba el departamento”, dijo Carlos Martínez su compañero en el Partido Liberal. 

 

A comienzos de 2001 a Villamizar Luciani le propusieron ser el nuevo director de fiscalías de la seccional de Norte de Santander. Villamizar aceptó el ofrecimiento con gusto, porque estaba convencido que desde allí podría seguir trabajando e investigando las atrocidades que seguían cometiendo los grupos armado en todo el departamento. Sus familiares creen que este fue el detonante que causó su muerte, “una persona tan frentera y que sabía tanto no les convenía a la cabeza de las investigaciones”, dijo uno de ellos. 

 

Días después, cuando el nombramiento ya estaba en firme, lo llamó un alto funcionario de la Fiscalía para pedirle que no aceptara el cargo, porque estaba poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Tres días antes de su muerte, redactó una carta declinando del cargo y la radicó en el bunker de la Fiscalía en Bogotá. 

 

Sin embargo, la noticia de quien sería el nuevo director de Fiscalías ya había corrido por los medios regionales. Todos los que hablaron con Villamizar en esos días aseguran que nunca antes lo habían visto tan asustado, “miraba siempre a todos lados y se notaba su angustia. Esta vez sabía que su vida estaba en peligro”, dijo uno de sus familiares. 

 ‘El Iguano’ ya había sido capturado, pero dos meses antes, el 22 de noviembre de 2000, se escapó cuando estaba siendo atendido en un hospital de Cúcuta. Llegaron treinta miembros de su grupo y los sacaron, en complicidad con funcionarios del Inpec y de la Fiscalía.

 

De acuerdo con las versiones de Laverde Zapata, Carlos Castaño había dado la orden de matar a Villamizar Luciani tan pronto como regresó a Cúcuta. Mancuso y ‘El Iguano’ aseguran que el entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia los citó para decirles que un alto mando del Ejército le había entregado unos casetes, donde supuestamente se escuchaba al defensor del pueblo negociando la liberación de un secuestrado con un comandante del Epl. Mancuso dice haber escuchado la grabación y asegura que para Castaño era prueba suficiente de una supuesta complicidad de Villamizar con la guerrilla. 

 

Una vez fuera de la cárcel, Laverde Zapata decidió no darle largas al asunto y planear el asesinato del rector universitario, para eso convocó a un grupo de ocho paramilitares que dejó en cabeza de uno de sus sicarios, Juan Ramón de las Aguas Ospino, alias ‘Chaca’. Investigaciones judiciales posteriores encontraron que ‘Chaca’ tuvo conversaciones previas con Jhonny Mauricio Muñoz, patrullero de la Policía de Cúcuta, hoy prófugo de la justicia.

 

En versiones libres ante los fiscales de Justicia y Paz, alias ‘Chaca’, aseguró también que los paramilitares tenían un infiltrado en el grupo de hombres que acompañaban a Villamizar: el escolta asignado por el DAS en Bogotá, Jesús Aparicio Vega. El fiscal de Justicia y Paz pidió que se abrieran las respectivas investigaciones, pero hasta ahora no hay resultados. 

 

Fue así como el 12 de febrero de 2001 a las 8 de la noche, luego de salir de una jornada de trabajo en la Universidad Libre y cuando se disponía a regresar a su casa, la camioneta de Villamizar fue interceptada por dos autos que chocaron en el barrio Ceiba II. En el automóvil iban también dos escoltas y el conductor. 

 

Hubo un intercambio de disparos y heridos de parte y parte. Iván salió de la camioneta, tal vez intentando huir, pero Raúl Mira Vélez, alias ‘el Paisa’, lo alcanzó y le dio un tiro a quemarropa para rematarlo. Poco a poco fueron llegando los familiares y amigos, pero ya era tarde, el defensor de Norte de Santander había muerto instantáneamente. 

Alba Sánchez llegó acompañada por una vecina, luego de que recibió una llamada anónima que le dio la mala noticia. Cuando vio el cuerpo de su esposo cubierto con una sábana y los charcos de sangre no se pudo contener. Gritaba pidiendo ayuda, pedía ver su cuerpo completo, no podía creer que aquel era el hombre que hace unos minutos estaba esperando para salir a comer. 

 

Uno de sus hermanos llegó a reconocer el cuerpo, estaba asombrado. “Sabíamos de las amenazas, pero esa escena es algo que uno nunca se alcanza a imaginar”, contó. A sus padres les dijeron que aún no había muerto, no fueron capaces, sabía lo mucho que esa noticia los afectaría. Esa noche mientras la mamá de Villamizar guardaba esperanzas de encontrarlo con vida, el resto de la familia lloraba al ver su cuerpo tendido en una calle de Cúcuta. 

 

Los acompañantes de Villamizar quedaron gravemente heridos, el conductor, Benjamín Quintero, quedó parapléjico tras el atentado. Investigaciones de la Fiscalía dejaron después al descubierto la ironía que representaba para los ciudadanos los macabros nexos de la Policía con la ilegalidad. Mientras Rafael Ángel, el otro escolta que quedó gravemente herido, recorrió varias clínicas antes de conseguir que lo atendieran, ‘Chaca’ hizo una llamada a Jhonny Mauricio Muñoz, quien los recogió en su patrulla de la Policía y llevó inmediatamente a los paramilitares heridos hasta el hospital. 

 

Las mismas investigaciones demostraron que el día de su muerte a Iván le retiraron los escoltas motorizados de la Policía.

 

 

Fueron tres los días de sepelio, su ataúd estuvo un día en la Gobernación de Norte de Santander, otro en la Defensoría y otro en la Universidad Libre. Su asesinato ocupó por varios días la primera plana del periódico La Opinión y no se hablaba de otra cosa en las emisoras locales. 

 

Los estudiantes universitarios se armaron de pañuelos blancos e hicieron un acto de protesta pública en el barrio Ceiba II, donde mataron a Iván Villamizar. La plaza central de Cúcuta se llenó de personas: allá estaban los ‘pimpineros’, los loteros, sus compañeros de la Defensoría, los profesores de la Universidad Libre y sus amigos del Partido Liberal.  

“La sociedad puede quedar desprovista de la conciencia, de la voz y de pensamiento, y los colombianos convertidos en objetos de las fuerzas que van a oprimirlos y a ejercer un totalitarismo que acaba con todo vestigio de humanidad”, fueron las palabras que desde Cúcuta pronunció el Defensor Nacional del Pueblo, Eduardo Cifuentes.

 

De vuelta a su casa Alba Marina Sánchez sintió un vacío y la invadió la soledad, no podía dejar de pensar en los planes que como familia tenían. En días siguientes recibió mensajes de unos y de otros que pedían hablar con ella como interlocutores de grupos armados y fue ahí cuando decidió salir hacia Bogotá. 

 

Estando en la capital no había día que no se mortificara pensando que los estaban persiguiendo a ella y a sus tres hijos. Funcionarios de la Defensoría y la Fiscalía le aconsejaron salir de país como refugiada y fue así como inició los papeles pata tramitar el asilo político en Canadá. Unos meses después los cuatro partieron hacia Montreal, acompañados de varias víctimas de la también reciente masacre de Mapiripán en el Meta. 

 

Con dos maletas cada uno reiniciaron su vida. Alba estaba decidida a alejar a sus hijos de Colombia, llegó como refugiada y aceptó la ayuda de una iglesia Menonita que durante un año le dio refugio en uno de sus sencillos alojamientos. Allí, en medio de un frio apartamento, rodeados de refugiados salvadoreños y desprovistos de las facilidades que tenían que tenían en Cúcuta, la familia Villamizar vivió su duelo. 

 

Mientras tanto el panorama en Norte de Santander solo empeoraba. A la muerte de Iván Villamizar le siguió el asesinato María de Rosario Silva, una aguerrida fiscal encargada de investigar el narcotráfico, a quien le dispararon el 28 de julio de 2001 por órdenes de ‘El Iguano’. 

 

El 20 de septiembre de ese mismo año mataron a Jesús David Corzo, el investigador que había sido ascendido a director del CTI tras capturar a Jorge Iván Laverde Zapata. Milton Eduardo Márquez, el colega que acompañó a Corzo en el operativo también desapareció. El paramilitar nunca les perdonó que lo apresaran. 

 

El 1 de noviembre le siguió Carlos Alberto Pinto, el fiscal que tuvo la valentía del tomar el puesto de la fiscal Silva. La Fiscalía General no respondió en ninguno de estos casos a sus suplicas frente a las constantes amenazas. 

 

En cambio, Luis Camilo Osorio, para ese entonces Fiscal General de la Nación, nombró a Ana María Flórez, una abogada bogotana especializada en transporte, como el reemplazo de Silva y Pinto. Rápidamente la ascendió a directora seccional de fiscalías, el cargo que dos años atrás le habían ofrecido a Iván Villamizar. 

 

Flórez, prófuga de la justicia, fue una fiel aliada de los paramilitares. Les entregó listas con nombres de las personas que debían asesinar, archivó investigaciones e hizo pasar como guerrilleros a los civiles asesinados por los paramilitares. 

 

El Bloque Catatumbo desmovilizó a 1.400 hombres en armas en diciembre de 2004 y algunos de sus integrantes fueron postulados a la ley de Justicia y Paz. Con sus versiones y la insistencia de algunos fiscales se ha podido reconstruir la historia de funcionarios que como Iván Villamizar se enfrentaron a los paramilitares y a las autoridades para defender su tierra. 

 

Hoy sus familias solo esperan que la lucha por la que estos funcionarios entregaron su vida no sea olvidada. 

 

*Este libro fue realizado por el Equipo Verdad Abierta, con el apoyo de Oxfam y la Unión Europea.

 

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La llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a las tierras nortesantandereanas no fue un secreto para nadie, el propio Carlos Castaño, jefe paramilitar de las Auc, lo anunció. El 15 de marzo de 1999, desde algún lugar en medio del Nudo del Paramillo, concedió una extensa entrevista al periódico El Tiempo y sin mayor reparo dijo que el principal escenario de confrontación con la guerrilla sería el Catatumbo. “El país tendrá que entender lo que va a suceder allí”, sentenció.

 

Las Auc habían sido creadas dos años atrás por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En principio se trató de una confederación para unificar las máquinas de muerte paramilitar de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, grupos que desde los 80 cometían todo tipo de barbaries contra la población civil.

 

Públicamente las Autodefensas amenazaron con expandirse por las regiones del país con mayor presencia guerrillera, entre ellas el Catatumbo, una subregión al noreste de Norte de Santander en límites de la frontera con Venezuela. Desde mediados de los ochenta en esta región confluían tres grupos guerrilleros: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). 

 

A los paramilitares también les resultaron atractivos los extensos cultivos de coca; las rutas de tráfico de estupefacientes, las de armamento ilegal y el contrabando de gasolina con el vecino país; los jugosos negocios de economía extractiva petrolera y minera; y la ausencia de instituciones estatales en los casi cinco mil kilómetros de tierra selvática. Además, tener el control les permitía crear un corredor que uniera a Urabá con el Catatumbo, y Venezuela, pasando por el Sur de Bolívar y el norte del Magdalena Medio.

 

En 1999 las amenazas se hicieron ciertas. Salvatore Mancuso, un ganadero cordobés que se convirtió en la ficha clave para la expansión de los grupos paramilitares de los hermanos Castaño, eligió a más de más de 200 hombres entrenados en Urabá y los embarcó en siete camiones que viajaron por carretera hasta Norte de Santander. Comenzó la peor matanza vista hasta ahora en los once municipios que hacen parte de esta conflictiva región.

 

“En Norte de Santander y a nivel nacional desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando, los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil y no hubo una respuesta”, dijo el fiscal Édgar Carvajal, quien años después de salir amenazado de Cúcuta, fue el encargado de reconstruir la verdad de la violencia paramilitar dentro del proceso de justicia transicional conocido como la ley de Justicia y Paz.

 

Ese aterrador silencio fue interrumpido por Iván Villamizar Luciani, el Defensor del Pueblo regional, líder de un grupo de funcionarios que, sin más protección que sus propios chalecos, llegaron hasta el Catatumbo a escuchar a las víctimas y hablar con los asesinos. Fueron hasta los corregimientos más escondidos de Tibú, el municipio más grande de la subregión, para contar los muertos, recibir los cuerpos de las primeras víctimas descuartizadas, reclamar por los hombres y mujeres arrojados al río Catatumbo y proteger a los líderes sociales amenazados.

 

Villamizar se convirtió también en la cara visible de los detallados informes redactados por la Defensoría. Casi a diario los nortesantandereanos veían su cara en la prensa regional o escuchaban su voz en las emisoras locales denunciando cada una de las atrocidades cometidas por los violentos: rechazó los secuestros de las guerrillas, alertó sobre las masacres y desplazamientos perpetrados por los paramilitares y transmitió el inconformismo que tenían las víctimas con una fuerza pública que no las escuchaba y las estigmatizaba.

 

Informe tras informe, oficio tras oficio, declaración tras declaración, Iván Villamizar se convirtió cada vez más en una piedra en el zapato para Carlos Castaño y sus aliados en Norte de Santander. En 1999 comenzó entonces una persecución en su contra que dos años más tarde terminó en su asesinato.

 

En un departamento donde los grupos armados infiltraron las más altas esferas del poder y la mayoría de los funcionarios públicos salieron corriendo o prefirieron acallar sus denuncias para preservar su vida, esta es la historia de un cucuteño que no le tembló la voz para enfrentarse cara a cara con los paramilitares y sus aliados en la fuerza pública.

 

Villamizar fue el primero de una lista de funcionarios valientes asesinados por los paramilitares en Norte de Santander. Sus denuncias presagiaron la tragedia que finalmente ocurrió: los paramilitares extendieron sus tentáculos por todo el departamento ante un silencio impune y la indiferencia del Estado. Cientos de víctimas viven hoy con las secuelas de esta violencia anunciada.

 

 

Con una mamá venezolana y un papá nacido en Norte de Santander, Iván Villamizar fue el tercer hijo de seis hermanos, todos criados en Cúcuta, la calurosa capital del departamento. Desde que estaba en el colegio sus compañeros de clase lo distinguían como un líder. En quinto de bachillerato, cuando tenía 17 años, fue expulsado del tradicional colegio Sagrado Corazón de Jesús por convencer e incitar a sus compañeros a crear un consejo estudiantil. Con Iván salieron todos los amigos que se animaron a seguirlo.

 

“A los curas eso no le gustó y lo sacaron con varios de sus compañeros. Terminó su bachillerato en el colegio Gremios Unidos donde sí logró crear el consejo estudiantil”, cuenta uno de sus hermanos.

 

A comienzos de los años 70, Iván decidió irse a Bogotá para estudiar derecho en la Universidad Libre. Una amiga le presentó a Alba Marina Sánchez, una joven recién llegada de Ocaña, la segunda ciudad más grande de Norte de Santander que limita con el departamento del Cesar. Después de un corto noviazgo, decidieron casarse cuando tenían algo más de 20 años.  

 

En Bogotá nacieron sus dos primeros hijos y como juez penal se abrió paso en una ciudad atiborrada de abogados. Trabajó en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y desde muy joven se enamoró de la docencia, por eso fue catedrático en la Universidad Libre, la Gran Colombia y la Incca. Pasión que lo acompañó hasta el último de sus días. 

 

Sin embargo, nunca se desprendió de su tierra. Desde la distancia seguía de cerca la tensión que comenzaba a sentirse en Norte de Santander. A mediados de los 60 el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se instaló en Ocaña, para ese entonces era común escuchar de tomas de pueblos, ataques a estaciones de Policía y atentados contra la infraestructura energética del departamento. A finales de esa década y comienzo de los 70 se hicieron visibles también en Ocaña unos movimientos estudiantiles del Ejército de Liberación Popular (Epl), pero fue en los 80 cuando se fortalecieron con la creación del Frente Libardo Mora Toro que también se expandió a algunos corregimientos del Catatumbo.

 

En 1982 en su Séptima Conferencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) incluyeron a Norte de Santander en su estrategia de expansión, fue así que se instaló el Frente 33 en la zona del Catatumbo y el Frente 45 en la frontera con Arauca. La presencia de las guerrillas es tan fuerte en la zona, que después de una cruenta guerra con los paramilitares, los tres grupos subversivos siguen en la actualidad delinquiendo en el departamento y apropiándose de las rentas ilegales.

 

La afinidad con la política, especialmente por las ideas del Partido Liberal, fue la que motivó el regreso de Iván Villamizar a Cúcuta a comienzos de los 90. Tal como ocurrió en la escena nacional, a mediados de los 70 en este partido surgieron disidencias regionales e Iván decidió unirse al Movimiento de Renovación Liberal, liderado por Jorge Cristo, el padre del hoy ministro Juan Fernando Cristo. Acompañó a sus candidatos y asistió a todas las reuniones políticas. 

 

De la mano de este partido inició su carrera en Norte de Santander. Sus allegados coinciden en que tenía una cierta obsesión por destacarse en cada uno de los puestos que ocupaba. En 1993 se desempeñó como Secretario de Hacienda del departamento. Sus familiares recuerdan el trabajo con los ‘pimpineros’, como se conoce en Cúcuta a los vendedores informales de la gasolina de contrabando que entra por la frontera con Venezuela. En vez de criminalizarlos, les abrió nuevas alternativas de negocio al tiempo que aumentó el recaudo de los impuestos. 

 

En 1995 lo nombraron gerente de la Lotería de Cúcuta, donde no solo fue reconocido por las autoridades locales por el plan de premios implementado que aumentó el recaudo de impuestos para la salud, sino que también el Sindicato de Loteros de Norte de Santander lo condecoró por su trabajo para fomentar la formalización de este gremio.

 

Sus amigos del Movimiento de Renovación Liberal lo recuerdan como un hombre sencillo que unió a sus familias. No perdía oportunidad para organizar un paseo de olla y comer un sancocho en las riberas de los ríos y planear fiestas a las que asistían todos con sus esposas e hijos.  

 

A comienzos de 1997, Iván fue nombrado Defensor de Pueblo de Norte de Santander. Creía que era el lugar indicado para aplicar una frase que repetía constantemente a sus alumnos y a sus allegados “Las cosas deben ser en derecho y no de hecho”, era un convencido de que todo se podía lograr desde el derecho.

 

La violencia guerrillera se vivía en su máxima expresión para ese entonces. En agosto de 1997, el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Eln asesinó a Jorge Cristo, que además de líder del Partido Liberal se había convertido en su padrino político. 

 

En esos años también aumentó considerablemente el número de secuestros en Norte de Santander, sobre todo por parte de las guerrillas del Eln y el Epl. Una persona que trabajó para ese entonces con Villamizar, recuerda que la Defensoría abanderó las entregas humanitarias de secuestrados y en varias oportunidades el propio Villamizar se reunió con jefes guerrilleros para pactar el regreso de los secuestrados a sus hogares. 

 

De acuerdo con recortes de prensa del periódico regional La Opinión, el Defensor pidió de manera constante pruebas de supervivencia de los militares secuestrados y medió en la liberación del político Adonias Quintero Lozano y de Diana Alexandra Bautista, hija de un ex alcalde de Pamplona, ambos secuestrados por el Eln. Convocó a una marcha masiva a la que asistieron cientos de cucuteños que gritaron “¡No más! Al secuestro, la desaparición forzada y la violencia”.

 

Por eso, diez años después, no fue para menos la indignación y sorpresa de los familiares de Villamizar cuando escucharon por primera vez las versiones de los paramilitares ante la justicia. Uno tras otro reprodujeron la cínica argumentación de Carlos Castaño que aseguraba que a Iván lo asesinaron porque era un aliado de las guerrillas en Norte de Santander. “Todos sabemos que fue un invento para justificar su muerte, lo que no tiene sentido es que aún hoy sigan disfrazando su asesinato con una falsa verdad”, dijo uno de sus familiares. 

 

 

A comienzos de 1999 en una finca de San Pedro de Urabá tuvo lugar una reunión que cambió la vida de miles de nortesantandereanos, incluida la de Iván Villamizar. Carlos Castaño citó a Salvatore Mancuso, quien ya lideraba su propio grupo paramilitar en Tierralta, al sur de Córdoba, y a Jorge Iván Laverde Zapata, un joven que ingresó a las Autodefensas a los 17 años cuando manejaba un camión en Turbo. Con solo 25 años, Laverde ya había sido comandante paramilitar en Chocó y su “éxito” como asesino le valió un ascenso.

 

Castaño encargó a estos dos paramilitares de adentrarse en el Catatumbo y crear una facción de las Autodefensas en Norte de Santander. Debían apropiarse del negocio del narcotráfico que por ese entonces estaba bajo el dominio del Eln y las Farc, asesinar a los supuestos colaboradores de la guerrilla, trabajar en llave con los militares y policías e imponer su propia “institucionalidad” en el departamento. Para ese entonces Salvatore Mancuso había hecho un trabajo similar con los paramilitares en los Montes de María y en el norte del Cesar.

 

Así nació el Bloque Catatumbo, comandando desde la distancia por Mancuso, quien vivía en Córdoba, y como segundo al mando estaba Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, un capitán que había escapado del Ejército huyendo de investigaciones por ‘falsos positivos’. Una vez en la zona crearon el Frente Fronteras, dirigido por ‘El Iguano’, a quien todos recuerdan con temor, pues una sola palabra suya fue suficiente para ordenar la muerte de muchos en el departamento. En el país se volvió tristemente célebre por los hornos crematorios que mandó construir para incinerar a sus víctimas. 

 

A diferencia de lo que ocurrió en otras regiones del país, donde ganaderos o terratenientes cansados de las extorsiones guerrilleras propiciaron la llegada de los paramilitares, en Norte de Santander nadie de la región los llamó. De hecho, los más de 200 paramilitares que crearon el Bloque Catatumbo no eran de esa zona del país, en su mayoría provenían de Urabá y de los Montes de María. 

 

Estos hombres fueron entrenados en la finca los Guayabos, en zona rural de Tierralta, por el militar retirado Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, exjefe del Bloque Metro de las Auc, responsable del asesinato de cientos de personas en el oriente y nordeste de Antioquia y en Medellín. Cuando el entrenamiento terminó, salieron del sur de Córdoba hacia Necoclí en Antioquía, allí se reunieron más de 270 hombres que se embarcaron en siete camiones de ganado hasta Pailitas, Cesar.

 

Estando en Pailitas, llegó Mancuso y les confirmó lo que ya les había dicho en Córdoba, que iban para el Catatumbo. La muerte recorrió más de 700 km y atravesó cuatro departamentos hasta llegar a Norte de Santander. En los camiones iban asesinos reconocidos por su participación en masacres, entre ellos, Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien estuvo en las incursiones de los corregimientos El Aro y La Granja, en Ituango, en junio de 1996; también estuvo Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’, quien no se desmovilizó y se integró a ‘Los Urabeños’.

 

“Los recorridos se hacían en la noche, en siete camiones encarpados para que la gente no nos viera pasar. Aunque las autoridades sí nos veían. Pasamos de Aguachica a Ocaña como si nada”, contó en versión libre Edilfredo Esquivel Ruíz, un paramilitar que se dio a conocer con el alias del ‘Osito’. Agregó que algunas de las primeras incursiones en el Catatumbo las hicieron en compañía de miembros del Ejército, pero para que no los vieran juntos, los militares entraban por la carretera, mientras los ‘paras’ caminaban por la maleza.

 

En mayo de 1999 pasaron de Ocaña al municipio de Sardinata y siguieron hacía Tibú, un municipio que duplica el área metropolitana de Cúcuta en extensión. Los camiones recorrieron los serpenteados caminos de trocha que aún hoy aíslan al municipio del resto del departamento. Hubo algunos enfrentamientos con las guerrillas a su llegada, pero según testimonios de habitantes de la región, los guerrilleros fueron los primeros en retirarse cuando se enteraron del arribo de los ‘paras’.

 

La guerrilla del Eln estaba concentrada en La Gabarra, el corregimiento más grande Tibú que está a tres horas de camino desde el casco urbano del municipio Este corregimiento tapizado de cultivos de coca era el objetivo último de los paramilitares, pero debido a la fuerte presencia las guerrillas, el Bloque Catatumbo hizo un lento recorrido de casi cinco meses por otras veredas de Tibú hasta llegar a La Gabarra. 

 

Durante esos cinco meses, los ‘paras’ cometieron cientos de asesinatos en la zona de frontera con el apoyo y la conveniente indiferencia de las fuerzas militares. Destrozaron el tejido social del Catatumbo, caracterizado por fuertes organizaciones campesinas y liderazgos indígenas del resguardo Motilón Barí, ubicado en el extremo norte del departamento, a orillas del río Catatumbo. 

 

Denunciar estos atropellos contra la población civil fue la batalla más dura que el Defensor de Pueblo dio en toda su vida. En un archivo personal, que el propio Iván Villamizar recopiló meticulosamente, reposan cada una de las denuncias, los informes y oficios en los que se auguraba una catástrofe en Norte de Santander.

 

El 31 de mayo, en un oficio enviado al gobernador Jorge Alberto García Herreros, el Defensor alertó que dos días atrás, el 29 de mayo, la caravana cargada de paramilitares asesinó a 22 personas entre líderes comunitarios como Jorge González, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Palmas, y pobladores tildados como colaboradores de la guerrilla. Sus cuerpos fueron abandonados en diferentes puntos en la vía que de Tibú conduce a la Gabarra.

 

“Con preocupación esta Defensoría del Pueblo viene observando, a pesar de los insistentes llamados a las autoridades, que no se han tomado las medidas necesarias del caso para preservar el primero de los derechos fundamentales de las personas como lo es el derecho a la vida (...) hacemos un llamado urgente a los organismos Gubernamentales y no Gubernamentales de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales para que impidan esa masacre anunciada", dice el documento.  

 

El informe advierte que el retén del Ejército que habitualmente se instalaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ese día fue sorpresivamente levantado a la hora que pasaron los camiones. También señala que los vehículos atravesaron un retén permanente que la Policía tenía instalado en un sitio conocido como La Refinería. “Ruego al Coronel [Roque Julio] Sánchez Holguín [Comandante del departamento de Policía en Norte de Santander] para combatir decididamente el accionar paramilitar”, reza el documento. 

 

Fue casi diez años después que la justicia le dio la razón a las denuncias de Villamizar. El capitán Luis Alexander Gutiérrez Castro, el encargado del retén de la Policía, detuvo a carros particulares mientras dejó pasar los camiones paramilitares. Todo era parte de una estrategia ya planeada entre los paramilitares y altos mandos de la fuerza pública, según dijo el propio Gutiérrez, quien dos años después se unió abiertamente a las Autodefensas Unidas de Colombia con el alias del ‘Capi’. 

 

Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, también reconoció ante las autoridades esa connivencia y asegura que los retenes se levantaron porque previamente se sabía de la llegada de estos camiones. 

 

Iván Villamizar habló con los medios de comunicación y los nortesantandereanos conocieron el peligro que se acercaba. Ese mismo día, y con ocasión de las denuncias hechas por la Defensoría, se convocó un Consejo de Seguridad en el despacho del gobernador a la que asistirían todas las autoridades locales, incluido el defensor del pueblo y los altos mandos de las fuerzas militares. 

 

Minutos antes de iniciar la reunión, Villamizar recibió una llamada de un número privado. Salió agitado de la sala, se puso pálido y apagó el celular cuando terminó la comunicación. Una persona que se identificó como Manuel le informó que desde ese momento era objetivo militar de las Autodefensas,  le dio 24 horas para salir del municipio y amenazó con matar a su hijo mayor. “Le dijeron ‘ya sabemos quién es tu hijo, que estudia en este colegio y tiene tantos años’”, recuerda Alba Sánchez, esposa de Villamizar. 

 

Minutos después inició el Consejo de Seguridad, el Defensor estaba muy preocupado por la seguridad de su familia y le contó a los presentes su reciente amenaza. Según consta en una sentencia del juzgado primero administrativo de Cúcuta, luego de su relato, un asesor de la gobernación lo recriminó y aseguró que Iván estaba desbordando sus funciones como Defensor del Pueblo. Poco después, la noticia estaba en los medios de comunicación. 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por un despacho de la Unidad de Derechos Humanos, Villamizar indagó con la empresa de telefonía celular por el propietario de la línea privada desde la que lo amenazaron. Unos días más tarde la respuesta llegó y para su sorpresa el teléfono pertenecía al Teniente Coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, para entonces comandante del Grupo Mecanizado No. 5 Maza. Uno de los presentes en el Consejo de Seguridad. 

 

Ante estos indicios, Villamizar se enfrentó al Coronel Matamoros, pero como consta en la sentencia, el militar aseguró que era físicamente imposible que él realizara esta llamada porque en ese momento estaba en el despacho del gobernador, aseguró además que su teléfono había sido clonado. 

 

Personas que vivieron de cerca la situación recuerdan que entre Villamizar y el Coronel Matamoros existía una suerte de enfrentamiento mediático. El Defensor salía a denunciar una masacre, un desplazamiento o desapariciones cometidas por los paramilitares y poco tiempo después el Coronel aparecía para desmentirlo. 

 

En una audiencia de Justicia y Paz del 14 de marzo de 2013 Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, dio otra versión de los hechos. Laverde aseguró que fue él mismo quien efectuó la llamada, por orden directa de Carlos Castaño, que lo hizo desde un celular que compró en la calle y que inmediatamente desechó. Aseguró que no tenía idea de que el Defensor, en ese momento, se encontraba en un Consejo de Seguridad. 

 

“Fue una época terrible, de incertidumbres, de tener miedo todo el tiempo. Iván no involucraba los asuntos del trabajo en la casa, pero esa vez lo hablamos y decidimos enviar a nuestro hijo mayor a vivir a Bogotá”, contó su esposa. 

 

 

Las denuncias de Villamizar no cesaron ante las amenazas. En su archivo personal reposan oficios que envió al propio Coronel Matamoros alertando sobre las llamadas que desde el 13 de junio hicieron a la Defensoría los habitantes de la vereda La Y en el municipio del Zulia, a solo 14 km de la capital, donde denunciaban que los miembros de la fuerza pública habían salido inesperadamente de la vereda. Los pobladores sabían que una retirada del Ejército significaba la llegada de los paramilitares. 

 

A pesar de las cartas de advertencia, el Ejército no detuvo la masacre, 15 hombres vestidos de civil reunieron a todos los pobladores en el centro del pueblo, mientras mataron a cuatro habitantes de la vereda. Se presentaron como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y amenazaron con matar a los pobladores de la invasión conocida como 20 de Agosto que no se desplazaran.

 

Desde el 9 de junio la Defensoría también hizo parte de una comisión de unidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que fueron hasta el corregimiento de Río de Oro y La Gabarra, en medio de Tibú, de donde habían salido desplazadas casi 500 personas, la mayoría de ellas se encontraban temporalmente viviendo en el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares de Cúcuta. 

 

Los funcionarios se reunieron con las víctimas, los líderes sociales y con Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, el segundo al cargo del Bloque Catatumbo después de Salvatore Mancuso. Como consta en el informe el paramilitar les advirtió que las personas que venían siendo asesinadas eran parte de una lista de supuestos guerrilleros y colaboradores de la guerrilla y que aún tenía nombres pendientes. Agregó que las Autodefensas tenían intensiones de llegar hasta los corregimientos de La Gabarra y Campo Dos en Tibú y seguir hacia Filo Gringo, corregimiento del Tarra. 

 

Se hizo un nuevo un llamado al Ejército y a la Policía para que detuvieran una masacre anunciada, pero no sirvió de nada. El 17 julio más de 60 paramilitares llegaron en tres camiones hasta la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, mientras una mujer encapuchada señaló a nueve personas que obligaron a acostar bocabajo para dispararles a quemarropa. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía. Los cadáveres de las demás víctimas aparecieron después en la vía que conduce hacia La Gabarra. 

 

Iván Villamizar y su equipo de trabajo en la Defensoría estaban peleando en un campo de batalla en el que entraban perdiendo. Según confesó años después el mayor Llorente, esta masacre fue planeada con los militares, por eso montaron un operativo en un lugar opuesto al lugar de retirada del Bloque Catatumbo. Llorente dio la orden a sus hombres de no responder a los disparos que escucharan de los paramilitares. "Luego de todo esto, las Autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dijo Llorente en una entrevista a la Revista Semana cuando se cumplieron diez años de perpetrada la masacre.

 

En los barrios de Cúcuta comenzaron a aparecer los primeros comandos urbanos de los paramilitares, que unos años más adelante se convertiría en una sangrienta estructura de sicarios. La Defensoría prendió sus alarmas ante las masacres de los barrios Camilo Daza, Belisario y Nuevo Horizonte. 

Fueron meses de intenso trabajo de la Defensoría en campo. “Íbamos nos reuníamos con comunidades, levantábamos las denuncias. La misma gente de la comunidad era la que nos llamaba y confiaba en la institución. Nosotros les protegíamos la identidad para evitar que los mataran”, recuerda una persona que trabajó de la mano con Villamizar.   

 

En Catatumbo, especialmente en Tibú, la movilización y la protesta social habían sido el vehículo por excelencia para que las organizaciones campesinas reclamaran la presencia estatal y la inclusión política. Los aguerridos indígenas Motilón Barí también utilizaron estos escenarios para defender la autonomía y el respeto por su resguardo. Este ambiente resultó favorable para los partidos de izquierda, especialmente para la Unión Patriótica, que en 1992 ganó la alcaldía a nombre del profesor Tirso Vélez, quien finalmente fue asesinado en 2003 por las Auc cuando se lanzó como candidato a la gobernación.

 

El paso de los paramilitares destrozó ese tejido social. En 1996 y 1998 los tibuyanos se movilizaron pidiendo condiciones justas para que la economía  campesina reemplazara los cultivos de coca que se extendían a lo largo del municipio. Alias ‘Camilo’ aseguró que no matarían a los líderes de la marcha campesina, tal como quedó consignado en el informe de la comisión de seguimiento. 

 

Los funcionarios de la Defensoría acompañaron de cerca a los campesinos que protestaron de nuevo en 1999, a sus exigencias habituales agregaron el respeto a la vida en el Catatumbo. Una semana después el mismo equipo de trabajo de Villamizar tuvo que recibir el cuerpo mutilado de los líderes de la marcha, fue la primera vez que los paramilitares asesinaron con motosierras en el departamento. Tuvo que pasar más de una década para que los campesinos volvieran a las calles a protestar. 

 

Amenazaron también a presidentes de Juntas de Acción Comunal, personeros y alcaldes municipales. “Nos tocaba conseguir helicópteros y tramitar de una vez el asilo político con las embajadas, porque era la única forma de que no los mataran”, contó una trabajadora de Villamizar. 

 

El equipo de funcionarios de la Defensoría vivió por ese entonces algunos de los episodios más amargos de su carrera. En una visita al corregimiento de Filo Gringo, meses antes de que fuera cercado por completo por los paramilitares, conocieron a la única profesora de la escuela. Ella los hospedó en su casa y les ayudó a convocar a las personas para hacer el informe. Ocho días más tarde, la mujer desapareció y encontraron su cuerpo descuartizado. 

 

Alias ‘El Iguano’ contó en audiencia pública que un mes después de la primera amenaza hizo otra llamada para intimidar a Iván Villamizar. “Me dijeron en qué carro andaba y dónde vivía. Lo seguí a un restaurante, me senté a unas mesas de él y lo llamé. Le dije ‘lo estoy viendo, usted está vestido así. Quiero decirle que no le vamos a hacer ni mierda, pero váyase de acá’”, relató Laverde Zapata. 

 

“Le decíamos que se detuviera, que lo iban a matar si seguía diciendo eso. Él respondía: ‘si me tienen que matar, pues que me maten. Yo no voy a dejar sola a esta gente’”, contó un allegado. Su mayor motivación era notar que la tasa de asesinatos disminuía los días posteriores a las denuncias.

 

 

Villamizar logró esquivar las amenazas hasta agosto de 1999. El 21 de ese mes, los paramilitares lograron su propósito: se tomaron a sangre y fuego La Gabarra. A las 8 de la noche, cerca de 150 paramilitares entraron al corregimiento, cortaron la luz, recorrieron los bares, los billares, residencias y hoteles. En hora y media asesinaron a 27 personas y en el recorrido de salida mataron a ocho pobladores más que vivían a las afueras del pueblo. 

 

Las autoridades estaban advertidas, la fuerza pública también. Dos días antes, el 19 de agosto, se celebró un Consejo Nacional de Seguridad en Cúcuta, al que asistió el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y los altos mandos militares, donde se habló de los riesgos de una incursión armada en La Gabarra. 

 

El capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, admitió años después ante la Procuraduría General de la Nación, que un día antes de la masacre los paramilitares estaban a 17 kilómetros del área urbana del corregimiento. Sin embargo, la fuerza pública no tomó las medidas para prevenir a la masacre, no ayudó a las víctimas ni a los sobrevivientes y no se preocupó por capturar a los responsables.

 

El informe que tres días después publicó Iván Villamizar y su equipo en la Defensoría lo dejaba claro: “el retén del Ejército Nacional que se realizaba usualmente a la entrada del pueblo - por la vía Tibú - fue levantado hacia las 8 de las noche del sábado 21, e igualmente los efectivos que patrullaban las calles de la localidad se retiraron dicho día hacia la base militar a las 8:10 pm”. Agregó que, contrario a lo que dicen los miembros del Ejército, la comunidad de La Gabarra no dio cuenta de ningún enfrentamiento y en cambio aseguraron que los militares estaban confinados en su base.

 

Nuevamente en los medios de comunicación apareció Villamizar, quien contó en detalle lo sucedido en La Gabarra y alertó que lo más probable es que se tratara de una masacre de magnitudes aún mayores, pues algunos de los cuerpos fueron arrojados al río Catatumbo, una estrategia utilizada por los grupos paramilitares para desaparecer a sus víctimas.

 

Quince días después, el 8 de septiembre, llegó la amenaza definitiva. El Defensor Nacional del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, recibió por fax una carta firmada por el propio Carlos Castaño. Aseguraba que tres supuestos exguerrilleros del Eln habían señalado que Villamizar Luciani era parte de dicho grupo subversivo. "Solicitamos la destitución de este señor, para que no se interprete nuestro accionar contra él, como un ataque a la Defensoría del Pueblo, institución que merece y exige nuestro absoluto respeto", indicaba el comunicado.  

 

En ese entonces una carta firmada por Carlos Castaño era una sentencia de muerte. El defensor Castro Caicedo ordenó el traslado inmediato de Villamizar y su familia a Bogotá. Para todos sus allegados fue un alivio verlo salir vivo de Cúcuta, pero para las víctimas que se quedaron en el Catatumbo fue un llamado de alerta. 

 

“Con la salida obligada del señor defensor se "quita del medio" a uno de los pocos funcionarios del Estado a nivel departamental que ha señalado de manera clara y directa a los responsables de los hechos violentos contra la población civil ocurridos en el departamento”, dice una carta enviada en su momento por el personero de San Calixto, municipio del Catatumbo, a las autoridades nacionales.

 

De acuerdo con Carlos Martínez, uno de sus amigos, Villamizar era consciente de que en el ambiente de polarización que se vivía con la llegada de los paramilitares, cualquiera que se opusiera a su presencia era considerado guerrillero. “Me decía: ‘a mí me van a joder por ese lado, pero yo no voy a pasar como un simple defensor público que se hace el de la vista gorda con lo que está pasando, lo que está pasando en el departamento es gravísimo’”. 

 

Lo que no sabía tal vez Villamizar era a la magnitud del monstruo al que se estaba enfrentando. En versiones libres, Salvatore Mancuso, ha dicho que desde el comienzo la expansión de las Auc también se planeó con altos mandos militares. Se ha referido a una reunión de Carlos Castaño con el general (r) Iván Ramírez Quintero, para ese entonces comandante de la Primera División del Ejército, con sede en Santa Marta, donde se habló de la creación de bloques paramilitares en Norte de Santander, la Costa Caribe y el sur de Bolívar. 

 

“Cuando se dio incursión al Catatumbo eso fue de frente, ellos sabían, no fue a escondidas, hubo una omisión deliberada. Todo fue en coordinación con ellos, era un pedido que ellos venían haciendo desde 1996”, agregó el ex jefe paramilitar

 

De acuerdo con la declaración de Mancuso, Carlos Castaño se contactó con el general (r) Mario Fernando Roa, quien para ese entonces era comandante de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga, para coordinar la entrada de los paramilitares en Norte de Santander en mayo de 1999. El encargado de esta tarea por parte de las Auc fue Doménico Mancuso, primo de Salvatore, más conocido en el nororiente del país con el alias de ‘David’, capturado en Italia en agosto de 2014. 

 

Mancuso ha dicho en repetidas versiones que Roa designó al Coronel (r) Víctor Hugo Matamoros y al Mayor (r) Mauricio Llorente para que se reuniera con Doménico Mancuso y planearan las masacres con las que entraron al Catatumbo. 

 

En diciembre de 2009 el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Víctor Hugo Matamoros por falta de pruebas, al igual que la Justicia Penal Militar y la Procuraduría. Llorente en cambio fue condenado a 40 años de prisión por nexos con paramilitares tras admitir que se reunió con alias ‘David’ en el hotel Bolívar de Cúcuta donde le informó quiénes eran los miembros del Ejército y de la Policía que les iban a colaborar a los paramilitares en el departamento.

 

Según Mancuso, Doménico también se reunió con el general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva, en ese entonces comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, quien fue destituido luego de la masacre de la Gabarra en julio de 1999. Después de ello fue designado el fallecido general Martín Orlando Carreño, a quien Mancuso dice conoció en Córdoba y con quien él mismo puso en contacto con Doménico.

 

En 2005, el gobierno de Estados Unidos desclasificó unos documentos enviados a Washington entre finales de 1997 y 1999, por el entonces embajador Curtis Kamman. Para entonces, al Departamento de Estado le preocupaba la pasividad de los militares frente a la arremetida paramilitar, especialmente en Norte de Santander. 

 

El emisario del gobierno de Estados Unidos trascribió una entrevista que sostuvo con el coronel Víctor Hugo Matamoros el 5 de noviembre de 1999. "Mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes... allí hay guerrilla que combatir... si usted tiene tantas tareas que hacer con tan pocos recursos, y usted tiene que enfrentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a usted, y el otro (paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, luego se preocupa por los paramilitares", dijo el oficial. 

 

Esta fatal alianza de la fuerza pública con los paramilitares de las Auc significó en 1999, según cifras oficiales, más de 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres, un número aún desconocido de desaparecidos, y por lo menos 20.000 desplazados. 

 

 

En Bogotá y como medida de protección, su jefe, José Fernando Castro Caicedo, designó a Villamizar como Defensor del Pueblo de Bogotá. Durante casi un año, se metió en las cárceles, especialmente en la Modelo, pues en el 2000 se presentaron fuertes enfrentamientos armados al interior del centro de reclusión y se conocieron varias masacres perpetradas por los paramilitares presos al interior de la modelo. 

Villamizar vivió unos meses de relativa calma, en los que pudo pasar tiempo con su hija recién nacida, pero su mente seguía en Cúcuta, según dicen sus allegados no hallaba la hora de poder volver. 

 

Los paramilitares tampoco habían olvidado sus amenazas. Según las versiones de ‘El Iguano’, Carlos Castaño seguía empeñado en matarlo y desde que partió para Bogotá contaba con personas que le informaban sobre todos los movimientos del Defensor. 

 

Su esposa recuerda que estando en Bogotá, Villamizar recibió una llamada de alias ‘Camilo’ quien le contó que Carlos Castaño lo estaba buscando porque quería hablarle, Iván aceptó concretar una reunión. “Él guardaba las esperanzas un poco ingenuas de que si hablaba con él se iban a entender, pero al final Castaño nunca lo contactó”, contó su esposa. 

 

En agosto del 2000 Villamizar aceptó el cargo como rector de la Universidad Libre de Cúcuta. Iván lo consideraba el trabajo perfecto porque amaba la docencia, pero al mismo tiempo le daba un perfil más alejado de la vida pública. No todos sus seres queridos estaban de acuerdo, pues sabían que el poder de las Auc era cada día más grande sobre el departamento. 

 

Volvió también motivado por la política. A nadie le escondió que uno de sus sueños era ser algún día gobernador de Norte de Santander, “ya estábamos incluso pensando en su campaña, la gente lo quería mucho y lo veíamos como el cambio que necesitaba el departamento”, dijo Carlos Martínez su compañero en el Partido Liberal. 

 

A comienzos de 2001 a Villamizar Luciani le propusieron ser el nuevo director de fiscalías de la seccional de Norte de Santander. Villamizar aceptó el ofrecimiento con gusto, porque estaba convencido que desde allí podría seguir trabajando e investigando las atrocidades que seguían cometiendo los grupos armado en todo el departamento. Sus familiares creen que este fue el detonante que causó su muerte, “una persona tan frentera y que sabía tanto no les convenía a la cabeza de las investigaciones”, dijo uno de ellos. 

 

Días después, cuando el nombramiento ya estaba en firme, lo llamó un alto funcionario de la Fiscalía para pedirle que no aceptara el cargo, porque estaba poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Tres días antes de su muerte, redactó una carta declinando del cargo y la radicó en el bunker de la Fiscalía en Bogotá. 

 

Sin embargo, la noticia de quien sería el nuevo director de Fiscalías ya había corrido por los medios regionales. Todos los que hablaron con Villamizar en esos días aseguran que nunca antes lo habían visto tan asustado, “miraba siempre a todos lados y se notaba su angustia. Esta vez sabía que su vida estaba en peligro”, dijo uno de sus familiares. 

 ‘El Iguano’ ya había sido capturado, pero dos meses antes, el 22 de noviembre de 2000, se escapó cuando estaba siendo atendido en un hospital de Cúcuta. Llegaron treinta miembros de su grupo y los sacaron, en complicidad con funcionarios del Inpec y de la Fiscalía.

 

De acuerdo con las versiones de Laverde Zapata, Carlos Castaño había dado la orden de matar a Villamizar Luciani tan pronto como regresó a Cúcuta. Mancuso y ‘El Iguano’ aseguran que el entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia los citó para decirles que un alto mando del Ejército le había entregado unos casetes, donde supuestamente se escuchaba al defensor del pueblo negociando la liberación de un secuestrado con un comandante del Epl. Mancuso dice haber escuchado la grabación y asegura que para Castaño era prueba suficiente de una supuesta complicidad de Villamizar con la guerrilla. 

 

Una vez fuera de la cárcel, Laverde Zapata decidió no darle largas al asunto y planear el asesinato del rector universitario, para eso convocó a un grupo de ocho paramilitares que dejó en cabeza de uno de sus sicarios, Juan Ramón de las Aguas Ospino, alias ‘Chaca’. Investigaciones judiciales posteriores encontraron que ‘Chaca’ tuvo conversaciones previas con Jhonny Mauricio Muñoz, patrullero de la Policía de Cúcuta, hoy prófugo de la justicia.

 

En versiones libres ante los fiscales de Justicia y Paz, alias ‘Chaca’, aseguró también que los paramilitares tenían un infiltrado en el grupo de hombres que acompañaban a Villamizar: el escolta asignado por el DAS en Bogotá, Jesús Aparicio Vega. El fiscal de Justicia y Paz pidió que se abrieran las respectivas investigaciones, pero hasta ahora no hay resultados. 

 

Fue así como el 12 de febrero de 2001 a las 8 de la noche, luego de salir de una jornada de trabajo en la Universidad Libre y cuando se disponía a regresar a su casa, la camioneta de Villamizar fue interceptada por dos autos que chocaron en el barrio Ceiba II. En el automóvil iban también dos escoltas y el conductor. 

 

Hubo un intercambio de disparos y heridos de parte y parte. Iván salió de la camioneta, tal vez intentando huir, pero Raúl Mira Vélez, alias ‘el Paisa’, lo alcanzó y le dio un tiro a quemarropa para rematarlo. Poco a poco fueron llegando los familiares y amigos, pero ya era tarde, el defensor de Norte de Santander había muerto instantáneamente. 

Alba Sánchez llegó acompañada por una vecina, luego de que recibió una llamada anónima que le dio la mala noticia. Cuando vio el cuerpo de su esposo cubierto con una sábana y los charcos de sangre no se pudo contener. Gritaba pidiendo ayuda, pedía ver su cuerpo completo, no podía creer que aquel era el hombre que hace unos minutos estaba esperando para salir a comer. 

 

Uno de sus hermanos llegó a reconocer el cuerpo, estaba asombrado. “Sabíamos de las amenazas, pero esa escena es algo que uno nunca se alcanza a imaginar”, contó. A sus padres les dijeron que aún no había muerto, no fueron capaces, sabía lo mucho que esa noticia los afectaría. Esa noche mientras la mamá de Villamizar guardaba esperanzas de encontrarlo con vida, el resto de la familia lloraba al ver su cuerpo tendido en una calle de Cúcuta. 

 

Los acompañantes de Villamizar quedaron gravemente heridos, el conductor, Benjamín Quintero, quedó parapléjico tras el atentado. Investigaciones de la Fiscalía dejaron después al descubierto la ironía que representaba para los ciudadanos los macabros nexos de la Policía con la ilegalidad. Mientras Rafael Ángel, el otro escolta que quedó gravemente herido, recorrió varias clínicas antes de conseguir que lo atendieran, ‘Chaca’ hizo una llamada a Jhonny Mauricio Muñoz, quien los recogió en su patrulla de la Policía y llevó inmediatamente a los paramilitares heridos hasta el hospital. 

 

Las mismas investigaciones demostraron que el día de su muerte a Iván le retiraron los escoltas motorizados de la Policía.

 

 

Fueron tres los días de sepelio, su ataúd estuvo un día en la Gobernación de Norte de Santander, otro en la Defensoría y otro en la Universidad Libre. Su asesinato ocupó por varios días la primera plana del periódico La Opinión y no se hablaba de otra cosa en las emisoras locales. 

 

Los estudiantes universitarios se armaron de pañuelos blancos e hicieron un acto de protesta pública en el barrio Ceiba II, donde mataron a Iván Villamizar. La plaza central de Cúcuta se llenó de personas: allá estaban los ‘pimpineros’, los loteros, sus compañeros de la Defensoría, los profesores de la Universidad Libre y sus amigos del Partido Liberal.  

“La sociedad puede quedar desprovista de la conciencia, de la voz y de pensamiento, y los colombianos convertidos en objetos de las fuerzas que van a oprimirlos y a ejercer un totalitarismo que acaba con todo vestigio de humanidad”, fueron las palabras que desde Cúcuta pronunció el Defensor Nacional del Pueblo, Eduardo Cifuentes.

 

De vuelta a su casa Alba Marina Sánchez sintió un vacío y la invadió la soledad, no podía dejar de pensar en los planes que como familia tenían. En días siguientes recibió mensajes de unos y de otros que pedían hablar con ella como interlocutores de grupos armados y fue ahí cuando decidió salir hacia Bogotá. 

 

Estando en la capital no había día que no se mortificara pensando que los estaban persiguiendo a ella y a sus tres hijos. Funcionarios de la Defensoría y la Fiscalía le aconsejaron salir de país como refugiada y fue así como inició los papeles pata tramitar el asilo político en Canadá. Unos meses después los cuatro partieron hacia Montreal, acompañados de varias víctimas de la también reciente masacre de Mapiripán en el Meta. 

 

Con dos maletas cada uno reiniciaron su vida. Alba estaba decidida a alejar a sus hijos de Colombia, llegó como refugiada y aceptó la ayuda de una iglesia Menonita que durante un año le dio refugio en uno de sus sencillos alojamientos. Allí, en medio de un frio apartamento, rodeados de refugiados salvadoreños y desprovistos de las facilidades que tenían que tenían en Cúcuta, la familia Villamizar vivió su duelo. 

 

Mientras tanto el panorama en Norte de Santander solo empeoraba. A la muerte de Iván Villamizar le siguió el asesinato María de Rosario Silva, una aguerrida fiscal encargada de investigar el narcotráfico, a quien le dispararon el 28 de julio de 2001 por órdenes de ‘El Iguano’. 

 

El 20 de septiembre de ese mismo año mataron a Jesús David Corzo, el investigador que había sido ascendido a director del CTI tras capturar a Jorge Iván Laverde Zapata. Milton Eduardo Márquez, el colega que acompañó a Corzo en el operativo también desapareció. El paramilitar nunca les perdonó que lo apresaran. 

 

El 1 de noviembre le siguió Carlos Alberto Pinto, el fiscal que tuvo la valentía del tomar el puesto de la fiscal Silva. La Fiscalía General no respondió en ninguno de estos casos a sus suplicas frente a las constantes amenazas. 

 

En cambio, Luis Camilo Osorio, para ese entonces Fiscal General de la Nación, nombró a Ana María Flórez, una abogada bogotana especializada en transporte, como el reemplazo de Silva y Pinto. Rápidamente la ascendió a directora seccional de fiscalías, el cargo que dos años atrás le habían ofrecido a Iván Villamizar. 

 

Flórez, prófuga de la justicia, fue una fiel aliada de los paramilitares. Les entregó listas con nombres de las personas que debían asesinar, archivó investigaciones e hizo pasar como guerrilleros a los civiles asesinados por los paramilitares. 

 

El Bloque Catatumbo desmovilizó a 1.400 hombres en armas en diciembre de 2004 y algunos de sus integrantes fueron postulados a la ley de Justicia y Paz. Con sus versiones y la insistencia de algunos fiscales se ha podido reconstruir la historia de funcionarios que como Iván Villamizar se enfrentaron a los paramilitares y a las autoridades para defender su tierra. 

 

Hoy sus familias solo esperan que la lucha por la que estos funcionarios entregaron su vida no sea olvidada. 

 

*Este libro fue realizado por el Equipo Verdad Abierta, con el apoyo de Oxfam y la Unión Europea.