Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Alcaldía de El Copey no está cumpliendo las medidas cautelares para proteger el cementerio alterno de este municipio, donde hay cuerpos de “falsos positivos” y víctimas del paramilitarismo. Desde 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas cautelares para proteger los hallazgos forenses que reposan en el cementerio alterno de El Copey. Allí reposarían los restos de alrededor de cien jóvenes que fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por miembros del Ejército.
(Le puede interesar: Denuncian intervención en cementerio El Copey pese a que tiene medidas cautelares)
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) no ha podido iniciar las diligencias de exploración de terreno planeadas para inicios de este año, porque la Alcaldía de El Copey no está cumpliendo con los compromisos adquiridos. Por esto, la JEP le solicitó a la Alcaldía del municipio un informe en el que se pronuncie sobre el cumplimiento de los compromisos para facilitar la intervención programada por la UBPD y que debió iniciar el pasado lunes.
Algunos de estos compromisos incluían que la Alcaldía debe disponer del personal necesario para acompañar la labor, además de la maquinaria y las herramientas necesarias para intervenir el terreno. Por ello, la Comisión Colombiana de Juristas le solicitó a la JEP que imponga una sanción al alcalde Francisco Meza Altamar por desacatar la orden judicial de las medidas cautelares del cementerio. Y agrega que los incumplimientos de la administración municipal ponen en riesgo los restos de las víctimas que están en este terreno.
Desde 2020, la misma CCJ solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP decretar el desacato por parte de la Alcaldía respecto de las medidas cautelares ordenadas sobre el cementerio. Según ellos, existe evidencia que corrobora la negligencia de las instituciones locales. De ahí, nació la primera medida cautelar de la JEP.
La segunda medida, fue cuando la JEP decretó medidas cautelares para que no se interviniera el cementerio ubicado en el departamento de Cesar, por riesgo a daños en las estructuras óseas que allí reposan, en aquel entonces la CCJ denunció incumplimiento por parte de la alcaldía. En una visita constataron la presencia de nuevas bóvedas en el recinto. Ahora se espera que la Alcaldía responda con el informe donde de cuenta de los obstáculos para permitir las diligencias de la UBPD.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.