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Realidades distintas tienen los expatrulleros investigados por el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien fue reducido con sevicia la madrugada del 9 de septiembre de 2020 en el CAI Villaluz de Bogotá. Mientras Juan Camilo Lloreda fue condenado, a mitad de año, a 20 años de prisión por el delito de homicidio, su compañero Harby Rodríguez sigue a la espera de que inicie su juicio. Su defensa pidió libertad por vencimiento de términos, pero un juez acaba de negarle la petición.
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De acuerdo con el juez del caso, no se cumplen los presupuestos del Código de Procedimiento Penal sobre causales de libertad, cuando un acusado permanece en prisión preventiva. Una vez la Fiscalía presenta el escrito de acusación, para llevar a juicio a su procesado, tiene 60 días para iniciar la primera audiencia de juicio oral. En este caso pasaron casi ocho meses, pero esa dilación no puede atribuírsele a la Fiscalía. Rodríguez, por otro lado, está desde hace más de un año en la cárcel para miembros de la Fuerza Pública en Facatativá (Cundinamarca).
El juez del caso señaló que desde que inició la investigación penal contra Lloreda y Rodríguez, ambos dieron pistas sobre un eventual preacuerdo con la Fiscalía. Al final, Juan Camillo Lloreda lo consumó, pero con Rodríguez ese trámite se quedó en anuncios. Mientras el ente investigador intentaba llegar a una solución más célere, que evitara a la justicia colombiana llegar a juicio, los términos contaban a favor de los procesados, para, en audiencia como la de hoy, solicitar su libertad.
El abogado Vadith Gómez, representante de la familia de Ordóñez, consideró que entre tantas cuentas e intentos por llegar a acuerdos con la Fiscalía, la defensa de Rodríguez habría intentado extender el expediente hasta llegar a una decisión favorable. La representación del expatrullero señaló que interpondrá recursos para reversar la decisión, mientras la Fiscalía fija audiencia para iniciar el juicio oral, donde Rodríguez deberá aportar las pruebas necesarias para evitar una condena por homicidio.
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Los caminos entre Lloreda y Rodríguez, aunque redujeron juntos a Ordóñez, se separaron dada su estrategia de defensa. Mientras Juan Camilo Lloreda aceptó su responsabilidad por el crimen y firmó un preacuerdo que contó con la aprobación de la familia de la víctima, Harby Rodríguez decidió permanecer en la condición de acusado y a la espera de que iniciara el juicio. Ambos fueron vinculados a una investigación penal 10 días después de la muerte de Ordóñez, fueron acusados y solo hubo avances en el caso de Lloreda.
Cuando se conoció el preacuerdo de Lloreda, el abogado Vadith Gómez le explicó a este diario que el expatrullero deberá liderar un acto de perdón y, además, se comprometió a sumar más nombres de uniformados quienes pudieron participar en el homicidio. El día de la muerte violenta, en Bogotá y Soacha (Cundinamarca) se presentaron manifestaciones masivas, en las cuales 13 civiles resultaron muertos, al parecer a manos de otros policías, y fueron incinerados casi 50 CAI’s. El denominado “9-S”, por el cual familiares de jóvenes asesinados siguen reclamando justicia.
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Lloreda y Rodríguez fueron destituidos como policías el 27 de octubre de 2020, tras decisión de la Procuraduría delegada para la Fuerza Pública. Así concluyó su investigación la procuradora Aura Fajardo Moreno: “Juan Camilo Lloreda brutalmente le causó las lesiones al señor Ordóñez Bermúdez, que le produjeron la muerte. Mientras que su compañero Harby Damián Rodríguez colaboró incluso para sujetarlo por los pies, tal como quedó registrado en las imágenes”.
La Procuraduría, por otro lado, demostró que el testimonio de Harby Rodríguez era engañoso. No solo el expolicía mencionó que Ordóñez estaba vinculado a una riña —que nunca ocurrió—, también dijo que su mejor amigo, Wilder Salazar, quien lo acompañaba esa noche en el occidente de Bogotá, se había comportado de manera violenta al momento de su detención. A través de imágenes, sacadas de videos grabados por los mismos allegados de la víctima, se demostró que Salazar se dejó esposar y caminó junto a los uniformados que acompañaron el operativo.
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El Ministerio Público, tras valorar testimonios y prueba documental, se refirió a lo sucedido en el CAI Villaluz. A través de los videos recolectados, el órgano de control infirió que el patrullero Juan Camilo Lloreda pudo haber torturado al abogado por 23 segundos mientras Wilder Salazar, su mejor amigo y también detenido, llegaba a la instalación policial. Inclusive, Javier Ordóñez entró arrastrado y esposado por los policías, sin capacidad de desplazarse por sus propios medios, situación que para la Procuraduría demuestra que fue atacado antes y durante su estadía en el centro de detención.
“Los investigados, integrantes de la patrulla de vigilancia en el cuadrante 47, cometieron el homicidio del señor Javier Ordóñez como resultado de los múltiples golpes (patadas y puños) propinados cuando se encontraba bajo su custodia, reducido, esposado y completamente en estado de indefensión”, concluyó la Procuraduría. Medicina Legal confirmó que murió luego de que se estallara uno de sus riñones. El fallecimiento provocó la protesta de cientos de ciudadanos, quienes ese 9 de septiembre reclamaron justicia por uno de los más sonados casos de violencia policial.
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