JEP abre macrocaso 09: victimización contra pueblos y territorios indígenas
La Jurisdicción de Paz abrió una nueva línea investigativa por la victimización de más de 1′350.000 indígenas, violentados históricamente por las Farc, paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles.
El taita Pablo Zaiferudo, miembro del pueblo Huitoto del Amazonas, se encargó de iniciar un día histórico para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Vestido de plumas amarillas, azules, rojas y naranjas, con su rostro marcado con pintura, sobre un tributo de flores y frutas, presidió el acto de armonización minutos antes de la apertura formal del macrocaso 09: victimización contra pueblos y territorios indígenas.
Lea: El nuevo macrocaso de la JEP que investigará masacres y desaparición forzada
En un evento inédito en la historia de la JEP, el taita Zaiferudo y una sabedora ancestral entonaron cantos en compañía de la audiencia. Del acto participó el presidente de la jurisdicción, el magistrado Eduardo Cifuentes y la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la magistrada Belkis Izquierdo. La Jurisdicción de Paz prometió investigar y juzgar a guerrilleros, paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que, en el marco del conflicto, dejaron más de 1′350.000 víctimas indígenas.
“Este caso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes resaltaron que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los Pueblos y Territorios Étnicos están acentuadas por el racismo y la discriminación, y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo.
Lea también: JEP escucha a las víctimas y abrirá macrocaso de violencia sexual
Para abrir el nuevo macrocaso 09 se analizaron 976 informes en la Sala de Reconocimiento. Entre las páginas quedó registrado el historial de asesinato a líderes, lideresas y autoridades étnicas, así como el desplazamiento forzado en territorios ancestrales y colectivos. Se denunció la destrucción de procesos organizativos y de gobierno, la profanación de sitios sagrados y la destrucción de ecosistemas.
Del universo de más de 1′350.000 víctimas, se encontró que los hechos violentos más documentados han sido el desplazamiento forzado, el homicidio y la desaparición forzada, en ese orden. Además, entre 1964 y 2016, se presentaron 14.261 víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica documentada, cuyos expedientes podrían ser incluidos en este caso o en el de violencia sexual (macrocaso 11), el cual tuvo su apertura formal el pasado 15 de julio.
En contexto: La verdad que viene en la JEP: detalles de los nuevos macrocasos
“Las Farc, en algunas regiones del país, implementaron como estrategia de guerra, desestructurar y desarticular a los Pueblos Étnicos, sus tejidos comunitarios y sus formas organizativas político-administrativas, y sus usos y costumbres. Sus acciones se dirigieron tanto a la afectación de la existencia física de las personas pertenecientes a los Pueblos, como de las estructuras culturales en que se basan sus saberes propios, y de su relación inescindible e interdependiente con los Territorios”, agregó la magistrada Izquierdo.
En una segunda hipótesis, se recibieron informes que dan cuenta de cómo los miembros de la Fuerza Pública, en alianza con grupos paramilitares, ejercieron vigilancia y regulación permanente de la vida social indígena. Ello bajo una lógica de “discriminación contrainsurgente”, en la que constantemente los miembros de los pueblos étnicos eran señalados de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Hubo restricción al acceso de alimentos, a la movilidad y al tránsito por el territorio colectivo, así como despojos de tierra.
Lea también: Lo que se sabe y lo que no sobre la participación de terceros en la guerra
En una tercera hipótesis, la JEP estudia los crímenes relacionados con medios ilícitos utilizados para atacar. “Aquí se agrupan los crímenes relacionados con tomas a poblaciones con homicidios de civiles pertenecientes a pueblos étnicos, homicidios de combatientes con pertenencia étnica puestos fuera de combate, destrucción de bienes culturales y lugares de culto, así como otros ataques y afectaciones a la población étnica”, concluyó Izquierdo. La JEP, además, aseguró que entro en diálogo con los organismos de justicia indígena para abrir su nueva línea de investigación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El taita Pablo Zaiferudo, miembro del pueblo Huitoto del Amazonas, se encargó de iniciar un día histórico para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Vestido de plumas amarillas, azules, rojas y naranjas, con su rostro marcado con pintura, sobre un tributo de flores y frutas, presidió el acto de armonización minutos antes de la apertura formal del macrocaso 09: victimización contra pueblos y territorios indígenas.
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En un evento inédito en la historia de la JEP, el taita Zaiferudo y una sabedora ancestral entonaron cantos en compañía de la audiencia. Del acto participó el presidente de la jurisdicción, el magistrado Eduardo Cifuentes y la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la magistrada Belkis Izquierdo. La Jurisdicción de Paz prometió investigar y juzgar a guerrilleros, paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que, en el marco del conflicto, dejaron más de 1′350.000 víctimas indígenas.
“Este caso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes resaltaron que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los Pueblos y Territorios Étnicos están acentuadas por el racismo y la discriminación, y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo.
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Para abrir el nuevo macrocaso 09 se analizaron 976 informes en la Sala de Reconocimiento. Entre las páginas quedó registrado el historial de asesinato a líderes, lideresas y autoridades étnicas, así como el desplazamiento forzado en territorios ancestrales y colectivos. Se denunció la destrucción de procesos organizativos y de gobierno, la profanación de sitios sagrados y la destrucción de ecosistemas.
Del universo de más de 1′350.000 víctimas, se encontró que los hechos violentos más documentados han sido el desplazamiento forzado, el homicidio y la desaparición forzada, en ese orden. Además, entre 1964 y 2016, se presentaron 14.261 víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica documentada, cuyos expedientes podrían ser incluidos en este caso o en el de violencia sexual (macrocaso 11), el cual tuvo su apertura formal el pasado 15 de julio.
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“Las Farc, en algunas regiones del país, implementaron como estrategia de guerra, desestructurar y desarticular a los Pueblos Étnicos, sus tejidos comunitarios y sus formas organizativas político-administrativas, y sus usos y costumbres. Sus acciones se dirigieron tanto a la afectación de la existencia física de las personas pertenecientes a los Pueblos, como de las estructuras culturales en que se basan sus saberes propios, y de su relación inescindible e interdependiente con los Territorios”, agregó la magistrada Izquierdo.
En una segunda hipótesis, se recibieron informes que dan cuenta de cómo los miembros de la Fuerza Pública, en alianza con grupos paramilitares, ejercieron vigilancia y regulación permanente de la vida social indígena. Ello bajo una lógica de “discriminación contrainsurgente”, en la que constantemente los miembros de los pueblos étnicos eran señalados de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Hubo restricción al acceso de alimentos, a la movilidad y al tránsito por el territorio colectivo, así como despojos de tierra.
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En una tercera hipótesis, la JEP estudia los crímenes relacionados con medios ilícitos utilizados para atacar. “Aquí se agrupan los crímenes relacionados con tomas a poblaciones con homicidios de civiles pertenecientes a pueblos étnicos, homicidios de combatientes con pertenencia étnica puestos fuera de combate, destrucción de bienes culturales y lugares de culto, así como otros ataques y afectaciones a la población étnica”, concluyó Izquierdo. La JEP, además, aseguró que entro en diálogo con los organismos de justicia indígena para abrir su nueva línea de investigación.
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