JEP abrirá tres nuevos macrocasos: Farc y fuerza pública, los señalados
La jurisdicción de paz anunció que abre tres nuevos frentes de investigación. Dos de ellos darán resultados sobre la concentración nacional de los crímenes más atroces cometidos por las Farc y miembros del Estado. Además, habrá énfasis en la violación de derechos contra indígenas.
La magistrada Belkis Izquierdo, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que el organismo fruto de los Acuerdos de Paz tendrá tres nuevos macrocasos. En dos de ellos se investigará y juzgará la concentración de crímenes de las extintas Farc y miembros de la fuerza pública, entre los que se encuentran masacres, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y hasta toma de poblaciones, dependiendo de cada caso. Agentes del Estado, señalados de múltiples vínculos con paramilitares.
Lea: ¿Qué ha pasado en la JEP en sus tres años de existencia?: expertos analizan
Además, uno de los nuevos macrocasos está relacionado con la concentración de crímenes contra indígenas y poblaciones étnicas en toda Colombia. Bajo esta investigación, además de ponerle la lupa a los delitos más atroces contra este grupo de especial protección, se tendrá en cuenta la destrucción a la naturaleza. Según los datos recolectados, hay más de un millón de víctimas. En la JEP, luego del anuncio oficial, quedarán abiertos y priorizados 10 macrocasos.
Farc, a responder por miles de crímenes en Colombia
“En el caso de las Farc, se trata de crímenes asociados a medios y métodos ilícitos de guerra, especialmente tomas a poblaciones a través del uso de armamento indiscriminado. Controles sociales a la población, violencia sexual y basada en género, homicidios, masacres, desaparición forzadas y crímenes no amnistiables cometidos por redes urbanas de las Farc”, explicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes. Anunció que representantes del Partido Comunes, antiguo secretariado de las Farc, ya interpuso un recurso para frenar la apertura de ese macrocaso.
Lea también: ¿Casos de la CIDH a la JEP? Organizaciones de derechos humanos responden: “no”
Cifuentes, además, entregó datos preliminares sobre el macrocaso sobre concentración de crímenes de las Farc. 9.763 víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016; 36.491 casos de homicidios reportados entre 1964 y 2016, siendo 2002 el año más crítico; 399 masacres entre 1955 y 2013, siendo el año 2001 el periodo más grave; 52.911 víctimas de desplazamiento forzado entre 1980 y 2016; además, 1.412 hechos de violencia sexual y basada en género con 1.923 víctimas como practica continua.
Fuerza pública, de nuevo al banquillo de los señalados
En cuanto a la concentración de crímenes de la fuerza pública, en hechos individuales o en vínculo con terceros y paramilitares, se esclarecerán crímenes de lesa humanidad y de guerra relacionados en zonas críticas: Antioquia, Magdalena medio, Cesar, Montes de María y Guaviare. Se investigará violencia sexual, violencia basada en género, incursiones paramilitares, masacres, homicidios selectivos y, además, despojo de tierras.
Lea también: JEP busca que sus investigados dejen de defenderse como en la justicia ordinaria
“Esto no es ninguna imputación, son datos que se extraen y que serán objeto de contrastación. Hablamos de más de 43.000 hechos victimizantes de la fuerza pública entre 1985 y 2010, de estos 10.368 con paramilitares. Entre 1994 y 2006, se reporta el registro más alto de hechos victimizantes. El desplazamiento forzado es el hecho delictivo que tiene mayor volumen en esta materia. Le sigue homicidios, desaparición forzada y los llamados falsos positivos”, agregó el magistrado Cifuentes. Además, que 234 miembros de la Policía y las fuerzas armadas están vinculados a procesos por violencia sexual y de género.
Más de un millón de víctimas indígenas, dice la JEP
El magistrado Cifuentes también entregó pormenores de la información recolectada para resarcir el daño contra indígenas y pueblos étnicos. Se investigará la persecución contra líderes, lideresas y autoridades tradicionales y ancestrales. Estas son las regiones priorizadas: Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Buenaventura, Valle del Cauca, Amazonas y Orinoquía. El presidente de la JEP aseguró que el conflicto, entre 1970 y 2016, dejó aproximadamente 1′193.301 víctimas pertenecientes a este grupo de especial protección.
“Se han identificado 215.520 hechos en los que fueron víctimas los pueblos étnicos. El 90% de los hechos ocurre entre 1996 y 2016. En este periodo se han documentado 17 masacres, 502 homicidios, 34 desapariciones forzadas atribuibles a las Farc. Además, 13 masacres, 238 homicidios, 27 desapariciones forzadas habrían sido cometidas por agentes del Estado. Se han identificado 2.562 hechos victimizantes contra comunidades negras, raizales y palenqueras”, concluyó el magistrado Cifuentes.
Según dio a conocer la JEP, la apertura oficial se realizará una vez se terminen visitas de diálogo en distintos territorios con víctimas, organizaciones sociales y comunidades étnicas, reuniones que terminarán en marzo próximo. Por ahora, la jurisdicción de paz ha tenido avances significativos en los macrocasos relacionados con el secuestro de las Farc y en ejecuciones extrajudiciales por miembros del Ejército. En ambos casos hay imputaciones colectivas, pero, tras más de cuatro años del funcionamiento de la entidad, ninguna sanción en firme.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La magistrada Belkis Izquierdo, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que el organismo fruto de los Acuerdos de Paz tendrá tres nuevos macrocasos. En dos de ellos se investigará y juzgará la concentración de crímenes de las extintas Farc y miembros de la fuerza pública, entre los que se encuentran masacres, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y hasta toma de poblaciones, dependiendo de cada caso. Agentes del Estado, señalados de múltiples vínculos con paramilitares.
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Además, uno de los nuevos macrocasos está relacionado con la concentración de crímenes contra indígenas y poblaciones étnicas en toda Colombia. Bajo esta investigación, además de ponerle la lupa a los delitos más atroces contra este grupo de especial protección, se tendrá en cuenta la destrucción a la naturaleza. Según los datos recolectados, hay más de un millón de víctimas. En la JEP, luego del anuncio oficial, quedarán abiertos y priorizados 10 macrocasos.
Farc, a responder por miles de crímenes en Colombia
“En el caso de las Farc, se trata de crímenes asociados a medios y métodos ilícitos de guerra, especialmente tomas a poblaciones a través del uso de armamento indiscriminado. Controles sociales a la población, violencia sexual y basada en género, homicidios, masacres, desaparición forzadas y crímenes no amnistiables cometidos por redes urbanas de las Farc”, explicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes. Anunció que representantes del Partido Comunes, antiguo secretariado de las Farc, ya interpuso un recurso para frenar la apertura de ese macrocaso.
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Cifuentes, además, entregó datos preliminares sobre el macrocaso sobre concentración de crímenes de las Farc. 9.763 víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016; 36.491 casos de homicidios reportados entre 1964 y 2016, siendo 2002 el año más crítico; 399 masacres entre 1955 y 2013, siendo el año 2001 el periodo más grave; 52.911 víctimas de desplazamiento forzado entre 1980 y 2016; además, 1.412 hechos de violencia sexual y basada en género con 1.923 víctimas como practica continua.
Fuerza pública, de nuevo al banquillo de los señalados
En cuanto a la concentración de crímenes de la fuerza pública, en hechos individuales o en vínculo con terceros y paramilitares, se esclarecerán crímenes de lesa humanidad y de guerra relacionados en zonas críticas: Antioquia, Magdalena medio, Cesar, Montes de María y Guaviare. Se investigará violencia sexual, violencia basada en género, incursiones paramilitares, masacres, homicidios selectivos y, además, despojo de tierras.
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“Esto no es ninguna imputación, son datos que se extraen y que serán objeto de contrastación. Hablamos de más de 43.000 hechos victimizantes de la fuerza pública entre 1985 y 2010, de estos 10.368 con paramilitares. Entre 1994 y 2006, se reporta el registro más alto de hechos victimizantes. El desplazamiento forzado es el hecho delictivo que tiene mayor volumen en esta materia. Le sigue homicidios, desaparición forzada y los llamados falsos positivos”, agregó el magistrado Cifuentes. Además, que 234 miembros de la Policía y las fuerzas armadas están vinculados a procesos por violencia sexual y de género.
Más de un millón de víctimas indígenas, dice la JEP
El magistrado Cifuentes también entregó pormenores de la información recolectada para resarcir el daño contra indígenas y pueblos étnicos. Se investigará la persecución contra líderes, lideresas y autoridades tradicionales y ancestrales. Estas son las regiones priorizadas: Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Buenaventura, Valle del Cauca, Amazonas y Orinoquía. El presidente de la JEP aseguró que el conflicto, entre 1970 y 2016, dejó aproximadamente 1′193.301 víctimas pertenecientes a este grupo de especial protección.
“Se han identificado 215.520 hechos en los que fueron víctimas los pueblos étnicos. El 90% de los hechos ocurre entre 1996 y 2016. En este periodo se han documentado 17 masacres, 502 homicidios, 34 desapariciones forzadas atribuibles a las Farc. Además, 13 masacres, 238 homicidios, 27 desapariciones forzadas habrían sido cometidas por agentes del Estado. Se han identificado 2.562 hechos victimizantes contra comunidades negras, raizales y palenqueras”, concluyó el magistrado Cifuentes.
Según dio a conocer la JEP, la apertura oficial se realizará una vez se terminen visitas de diálogo en distintos territorios con víctimas, organizaciones sociales y comunidades étnicas, reuniones que terminarán en marzo próximo. Por ahora, la jurisdicción de paz ha tenido avances significativos en los macrocasos relacionados con el secuestro de las Farc y en ejecuciones extrajudiciales por miembros del Ejército. En ambos casos hay imputaciones colectivas, pero, tras más de cuatro años del funcionamiento de la entidad, ninguna sanción en firme.
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