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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que cesó la persecución penal en contra de 16 exmilitares por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de Meta y Santander, entre 2005 y 2006. Según estableció el órgano de justicia transicional, los miembros de la Fuerza Pública, activos y retirados, no fueron encontrados como máximos responsables de estos crímenes.
Se trata de cinco exmiembros del Batallón de Infantería Número 14 ‘Capitán Antonio Ricaurte’ y 11 exintegrantes del Batallón de Infantería Número 19 ‘General José Joaquín París Ricaurte’. Los comparecientes, indicó la Jurisdicción, enfrentaban procesos penales y disciplinarios por su presunta responsabilidad en “falsos positivos”.
A través de un comunicado oficial, la JEP aclaró que la renuncia a la persecución penal en contra de los uniformados y exuniformados es un mecanismo “que implica que no se ejerce la acción penal o no se continúa con ella en la justicia ordinaria, ni en la transicional. Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado”.
La decisión anunciada por la JEP, la cual se generó a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se dio en el marco de la Ruta No Sancionatoria, un camino mediante el cual se resuelve la situación jurídica de los comparecientes que aporten verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los crímenes señalados y, además, que contribuyan a garantizar los derechos de las víctimas a la restauración y no repetición.
Para la magistratura, los comparecientes sí reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos que dejaron un saldo de cinco víctimas de homicidio, y, en algunos casos, de desaparición forzada en los municipios de Puerto Concordia (Meta) y Lebrija (Santander). Así mismo, resume la justicia especial, dieron detalles de su participación específica en cada uno de los crímenes.
“A juicio de la magistratura, estos aportes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria”, mencionó la Jurisdicción. Y agregó: “Estos aportes de verdad se dieron a través de tres audiencias en Bucaramanga (Santander) y dos en Bogotá, además de otras diligencias de carácter virtual, centradas en obtener medidas de satisfacción de verdad y el restablecimiento de la dignidad y la memoria de las víctimas”.
En los hechos ocurridos en ambos departamentos, los miembros de la Fuerza Pública que fueron cobijados bajo la medida de cesar la persecución penal avanzaron en labores restaurativas con el objetivo de dignificar la memoria de las víctimas, precisó la JEP. “Los comparecientes que pertenecieron al Batallón ‘Ricaurte’ hicieron manifestaciones para dignificar la memoria de Gerardo Contreras Román, así como de dos víctimas no identificadas que también fueron asesinadas y presentadas como falsas bajas en combate”, dijo la JEP.
Entretanto, quienes fueron señalados por estos crímenes en Santander, adelantaron acciones para dignificar a las víctimas Arcadio Torres Peña y Rosendo Holguín Bohórquez. Además, apuntó la justicia especial, entregaron aportes de verdad que abrieron la puerta a avanzar en la búsqueda y entrega de los restos de Holguín Bohórquez a su familia, luego de una espera de 18 años. .
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