La Jurisdicción Especial para la paz citó a cuatro exgobernadores de Nariño para que entreguen testimonios sobre la implementación y el impacto que tuvo la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, entre el 2000 y 2013 en dicho departamento. Esta diligencia hace parte de las investigaciones que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad en el caso 02, el cual investiga los crímenes presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
Los exgobernadores citados fueron Parmenio Cuéllar Bastidas (2001-2003), Eduardo Zúñiga Eraso (2004 – 2007), Antonio Navarro Wolff (2008 – 2011) y Raúl Delgado Guerrero (2012 – 2015), quienes deberán presentarse ante la JEP el próximo 17 y 25 de junio. Sumado a esto, la Jurisdicción invitó a las víctimas de los municipios afectados por estas vulneraciones de los derechos humanos, cometidas mediante la erradicación de cultivos, para que se acrediten en el caso.
La investigación judicial realizada por la Sala de Reconocimiento ha logrado identificar más de 400 hechos graves presuntamente cometidos por agentes del Estado, de estos, 98 habrían sucedido durante la implementación de la estrategia de erradicación forzada con glifosato. Según los informes entregados por organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y de derechos humanos, estos hechos generaron graves afectaciones a la población civil, bienes, territorio y naturaleza. Las organizaciones señalan que esta práctica generó diversos daños ambientales, los cuales incluyen la destrucción de cultivos de pan coger y plantas medicinales, así como la contaminación de ríos y quebradas.
Según la Jurisdicción, este tipo de prácticas provocaron desplazamientos forzados y “comprometieron las condiciones de vida de las comunidades, exacerbando las situaciones de vulnerabilidad y conflictividad social”. Por este motivo este macrocaso cuenta con una metodología territorial que cuenta con enfoques de género, étnico, racial y territorial y ambiental.
En 2015, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Colombia se suspendió la aspersión aérea con glifosato y en 2017 la Corte Constitucional definió las condiciones que debían cumplirse para reanudarla. Sin embargo, esta práctica aún no está prohibida en el país por ninguna ley.
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