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Los próximos 28 y 29 de noviembre, en Cali (Valle del Cauca), siete exmandos medios del Bloque Occidental de las FARC reconocerán en audiencia pública, frente a instituciones y víctimas, responsabilidad por su participación en los secuestros cometidos en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó. La cita fue convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los llamados a reconocer responsabilidad son: Édgar López Gómez, conocido como Francisco González o Pacho Chino; Jesucristo Jiménez Cuellar, conocido como Juvenal Rodríguez; Gustavo Arbeláez Cardona, con alias de Santiago Naya o Santiago Cepeda; Héctor Julio Villarraga, alias Gilberto Arroyave o El Grillo; Carlos Mario Cardona León, alias William o El Paisa; Diego Ardila Merchán, alias Leonel Páez, y Oswaldo Miguel Mendoza, conocido como Pacho Quinto.
De acuerdo con la Jurisdicción, los comparecientes fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad por su participación en crímenes de guerra ligados a la toma de rehenes, asesinato y crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, homicidio y desaparición forzada y otros crímenes internacionales no amnistiables (que no pueden recibir perdón judicial) cometidos en medio del secuestro, entre ellos, tortura, tratos crueles e inhumanos y desplazamiento forzado.
En medio del proceso, la Jurisdicción identificó al Bloque Occidental como uno de los grandes auspiciadores del delito de secuestro y que, para afianzar esa práctica criminal, siguió tres patrones: por financiación, para forzar al Estado a intercambiar guerrilleros presos y con el fin controlar los territorios de operación. “Juan Carlos Ramírez, conocido como Miguel Pascuas o Sargento Pascuas, también fue imputado por estos crímenes, pero por su diagnóstico corroborado de ‘deterioro cognitivo asociado al envejecimiento o demencia en enfermedad de Alzheimer’ la magistratura decidió trasladar su proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y no lo convocó a esta diligencia”, añadió la Jurisdicción.
La ruta del llamado de la JEP por secuestros
Mucho se ha hablado sobre el camino que ha tomado la Jurisdicción para determinar a los responsables del delito de secuestro por parte de las extintas FARC. La primera audiencia de Reconocimiento de Verdad del macrocaso 01, que investiga los secuestros, se adelantó en junio de 2022. Durante esa diligencia, los siete integrantes del antiguo Secretariado de las extintas FARC reconocieron ser los máximos responsables de haber ordenado secuestrar a miles de personas y de no haber ejercido un control a otros guerrilleros sobre el trato que les dieron a las víctimas en cautiverio.
Más adelante, la Jurisdicción tomó la determinación de investigar a exmiembros de esa guerrilla que estuvieron más abajo en la cadena de mando, un asunto que ha generado críticas del Secretariado. La intención de ese órgano de justicia transicional para llamar a esos mandos medios tiene que ver, principalmente, para que estos “respondan a las demandas puntuales de verdad de las víctimas y por las que no podían responder los exjefes del Secretariado”.
“A lo largo de este proceso judicial, la Sala de Reconocimiento escuchó a 795 víctimas que hicieron observaciones sobre lo que dijeron 402 comparecientes de las extintas FARC y recibió más de 1.200 observaciones escritas, en las que las víctimas exigieron que los comparecientes aporten verdad sobre lo que pasó y cómo se ejecutaron las órdenes proferidas por el Secretariado”, precisó la Jurisdicción mediante un comunicado oficial.
Con base en esa premisa, la Sala de Reconocimiento decidió investigar a las siete estructuras de las FARC que más secuestraron. Las primeras imputaciones de la Sala, como máximos responsables regionales, se dieron en contra de 10 exintegrantes el Comando Conjunto Central, que ya reconocieron en audiencia pública su responsabilidad por los secuestros cometidos en Quindío, Tolima y norte de Huila, en una diligencia que, entre otras cosas, estuvo marcada por las amenazas en contra de los comparecientes por parte de las disidencias de Iván Mordisco. Los firmantes, incluso, solicitaron cancelar la diligencia argumentando débiles medidas de seguridad.
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